Gobierno impulsa nueva Ley de Alianzas Público Privadas para ceder servicios clave a empresas privadas

El Gobierno de El Salvador presentó recientemente ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar la Ley Especial de Asocios Público Privados, con el objetivo de ampliar la posibilidad de ceder a empresas privadas la prestación de servicios en sectores estratégicos como salud, educación y recursos hídricos. Esta nueva Ley de Alianzas Público Privadas busca flexibilizar las actuales restricciones y modernizar el marco normativo para fomentar la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos.

La propuesta fue ingresada formalmente y remitida a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión para su análisis y dictamen preliminar. De ser aprobada, reemplazaría a la ley vigente, que actualmente limita la cesión de servicios en áreas sensibles, especialmente en salud, educación y agua, exceptuando ciertos aspectos vinculados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas específicas.

Contexto y alcance de las alianzas público privadas

Las alianzas público privadas (APP) constituyen un mecanismo mediante el cual el Estado establece contratos de largo plazo con empresas privadas para diseñar, financiar, construir, operar o mantener infraestructuras y servicios públicos. En estos acuerdos, el sector privado asume la inversión y el riesgo financiero, mientras que el Estado mantiene la supervisión y la propiedad de los bienes y servicios involucrados.

Actualmente, la legislación salvadoreña prohíbe la cesión en APP de servicios públicos esenciales como los de salud, incluidos los que presta el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),y educación, abarcando a la Universidad de El Salvador. Asimismo, excluye la transferencia de servicios relacionados con recursos hídricos, salvo en aspectos muy puntuales vinculados a la infraestructura para tratamiento de aguas residuales en el Área Metropolitana de San Salvador y las ciudades de San Miguel y Santa Ana.

Ampliación de sectores y exclusiones en la nueva ley

Con la nueva ley propuesta, esta restricción se flexibilizaría. Los únicos servicios que quedarían excluidos de la modalidad de alianzas público privadas serían los relacionados con la seguridad nacional, inteligencia del Estado, seguridad pública y justicia, así como contratos regulados por leyes especiales, entre ellos aquellos vinculados a la explotación de hidrocarburos y minerales.

Esta ampliación permitiría que empresas puedan participar en la prestación y operación de servicios de salud, educación y la gestión de recursos hídricos, sectores que representan áreas fundamentales para el desarrollo social y económico del país.

Aspectos financieros y contractuales

La iniciativa mantiene la posibilidad de que los servicios concesionados se financien a través de tarifas cobradas directamente a los usuarios o mediante cofinanciamiento estatal. Este último puede darse a través de pagos firmes (obligatorios) o contingentes (eventuales),o una combinación de ambos, lo que otorga flexibilidad en la estructuración financiera de los proyectos.

Además, se propone aumentar el plazo máximo de los contratos, extendiéndolo de 40 a 50 años, incluyendo posibles prórrogas. Esta ampliación busca facilitar la amortización de inversiones de largo plazo y mejorar la viabilidad financiera de los proyectos.

Fortalecimiento institucional con la creación de la DAPP

Uno de los cambios más significativos es la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP),que funcionará como una unidad técnica e independiente adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta dirección concentrará las funciones de formulación, revisión, estructuración y aprobación de proyectos de APP, centralizando procesos que hasta ahora estaban divididos entre el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones (Invest El Salvador, antes PROESA) y el Organismo Fiscalizador de Asocios Público Privados (OFAPP).

Anteriormente, Invest El Salvador tenía la responsabilidad de aprobar proyectos y bases para licitación, mientras que el OFAPP se encargaba de la supervisión técnica y fiscalización. La unificación de estas funciones busca optimizar la gestión y acelerar los procesos para la implementación de alianzas público privadas.

Innovación en el proceso de licitación

La nueva ley introduce una fase inédita denominada “Consultas al Mercado”, que se realizará antes de elaborar las bases de licitación. Esta etapa permitirá que las entidades contratantes realicen consultas públicas dirigidas a empresas interesadas para conocer mejor el estado y condiciones del mercado. La información obtenida servirá para diseñar documentos contractuales más adecuados y realistas, incrementando la transparencia y participación del sector privado.

Implicaciones para El Salvador

La apertura a que empresas privadas puedan operar servicios tan fundamentales como salud, educación y agua representa un cambio estructural en la gestión pública de estos sectores. Si bien podría atraer mayor inversión y eficiencia, también plantea retos en cuanto a la regulación, supervisión y garantía de acceso equitativo a los servicios para la población.

El Salvador enfrenta actualmente desafíos significativos en la provisión de servicios públicos, especialmente en zonas rurales y sectores vulnerables. La implementación exitosa de esta ley requerirá mecanismos robustos de control y transparencia para asegurar que los beneficios de las alianzas público privadas se traduzcan en mejoras concretas para la ciudadanía.

Próximos pasos legislativos

La iniciativa se encuentra en etapa inicial de análisis legislativo. La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión tendrá la responsabilidad de examinar el contenido, discutirlo con actores relevantes y emitir un dictamen que será llevado al pleno de la Asamblea Legislativa para su votación final.

El debate público y político sobre esta reforma será determinante para su aprobación y posterior aplicación. El impacto en sectores sensibles como salud y educación subraya la necesidad de un amplio consenso y evaluación rigurosa de los aspectos técnicos, legales y sociales involucrados.

En conclusión, la propuesta de Ley de Alianzas Público Privadas representa una transformación importante en la política pública de El Salvador, con el propósito de modernizar la gestión de servicios públicos clave y atraer inversión privada que contribuya al desarrollo sostenible del país.