Gobierno reduce más de $70 millones a hospitales en 2025 para fortalecer línea administrativa

El Ministerio de Salud de El Salvador realizó en 2025 un significativo recorte presupuestario a hospitales públicos, que supera los $70 millones, según documentos oficiales y datos publicados en el portal de Transparencia Fiscal. Estos recursos fueron transferidos a una línea presupuestaria denominada gestión técnico normativa, cuya función administrativa no está directamente relacionada con la compra de insumos o atención médica, lo que ha generado inquietudes entre expertos y representantes del sector salud por la falta de claridad en el destino de los fondos.

Detalles de la transferencia presupuestaria

La modificación se formalizó mediante una notificación del Ministerio de Hacienda, fechada el 3 de julio de 2025, que autoriza una transferencia de crédito ejecutiva entre asignaciones del ramo de Salud y Hospitales Nacionales. Según este documento, la transferencia implica un recorte de $77,978,925 a 30 hospitales públicos, además de $1,385,079 al Primer Nivel de Atención y $50,105 al Programa Ciudad Mujer. En conjunto, estos recursos fueron redirigidos para incrementar la partida de gestión técnico normativa, que para 2025 ascendió a $79,414,109.

Los informes financieros de las unidades hospitalarias indican que el recorte afectó principalmente la línea presupuestaria de atención hospitalaria. En algunos casos también se redujeron partidas destinadas a atenciones de salud en primera infancia, niñez, adolescentes y salud materna. Sin embargo, los documentos oficiales no especifican los objetivos o el destino concreto de estos ajustes.

Usos de la línea gestión técnico normativa

La línea de gestión técnico normativa ha experimentado un crecimiento sostenido en asignaciones presupuestarias desde 2020. De acuerdo con análisis basados en datos públicos, en 2020 esta partida tenía una asignación inicial de $29 millones, pero terminó ejecutando cerca de $94.8 millones. Para 2024, la asignación oficial fue de $78.8 millones, mientras que la ejecución alcanzó los $205 millones. Los datos disponibles hasta noviembre de 2025 muestran que la línea tenía asignados $72.2 millones y había ejecutado $159.2 millones. Para 2026, la asignación proyectada se ubica en $85.5 millones.

Un análisis detallado de la ejecución presupuestaria revela que solo el 46 % de estos fondos se destina a la compra de bienes de uso y consumo, presumiblemente medicamentos y suministros. El 21 % corresponde a remuneraciones, el 15 % a servicios generales y arrendamientos, mientras que un 14 % se emplea en consultorías, estudios e investigaciones. El restante 4 % cubre gastos financieros y transferencias corrientes.

Cuestionamientos sobre la transparencia y el uso de fondos

Expertos en economía y finanzas públicas han señalado que la línea de gestión técnico normativa se ha utilizado en la práctica como un “bolsón” presupuestario, donde se pueden colocar recursos para diversos fines no directamente relacionados con la atención hospitalaria o la adquisición de insumos médicos. Esta situación se ve agravada por la falta de informes detallados y la escasa transparencia oficial sobre el uso específico de estos fondos.

Un acuerdo ejecutivo de la Asamblea Legislativa de junio de 2023 autorizó un refuerzo de $12.4 millones para esta línea, indicando que los recursos podrían usarse para gastos como servicios de internet y telefonía, adquisición de bienes y servicios diversos, e incluso compra de medicamentos. Esta amplia definición ha provocado preocupación en el gremio médico y organizaciones que defienden el sistema de salud pública, que exigen mayor claridad y rendición de cuentas.

Impacto en hospitales y respuesta institucional

Tras la autorización inicial en julio de 2025, se registraron posteriores modificaciones presupuestarias que continuaron afectando a hospitales públicos. Hasta noviembre de ese año, 28 hospitales, incluido el Hospital Rosales, que se separó de la red de salud pública, mostraron recortes acumulados por $73.5 millones. En contraste, solo dos hospitales reportaron refuerzos presupuestarios: el Hospital de la Mujer con un aumento de $194,000 y el Hospital El Salvador con $30.2 millones.

Intentos por obtener información oficial sobre el propósito y destino de los recursos transferidos a la línea de gestión técnico normativa no han tenido respuesta. El Ministerio de Salud no ha emitido explicaciones públicas ni ha proporcionado detalles sobre estas modificaciones, y las solicitudes de información dirigidas a la cartera y a la oficina del ministro han quedado sin contestación hasta la fecha.

Demandas del sector salud y recomendaciones

La falta de insumos médicos y medicamentos en hospitales públicos ha sido una constante que preocupa a médicos, pacientes y organizaciones civiles. La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA) ha entregado al Ministerio de Salud una carta solicitando la apertura de un espacio de diálogo para abordar diversas problemáticas, entre ellas la escasez de insumos y la gestión financiera del sistema.

Especialistas en economía de la salud recomiendan una revisión exhaustiva y transparente del presupuesto asignado a la gestión técnico normativa, así como un fortalecimiento de los mecanismos de control para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y priorizando la atención directa en hospitales y centros de salud.

Contexto nacional y desafíos futuros

El sistema público de salud en El Salvador enfrenta retos estructurales que incluyen la insuficiencia presupuestaria, falta de insumos, infraestructura limitada y alta demanda de servicios. La pandemia de COVID-19 generó una mayor necesidad de monitoreo epidemiológico y normativo, lo que justificó en parte el crecimiento inicial de la línea de gestión técnico normativa. Sin embargo, su expansión sostenida y falta de claridad en el uso de fondos plantea interrogantes sobre la priorización de recursos en el sector.

El fortalecimiento de las capacidades técnicas para la evaluación, monitoreo y normatividad es importante, pero debe equilibrarse con la garantía de que los hospitales cuenten con los insumos básicos y una atención médica adecuada. La transparencia y rendición de cuentas son elementos clave para recuperar la confianza del público y mejorar la eficiencia del sistema de salud.

En resumen, el recorte de más de $70 millones a hospitales públicos en 2025 para transferirlos a la gestión técnico normativa refleja una tendencia de concentración de recursos en áreas administrativas, sin que hasta ahora se haya informado claramente sobre los beneficios o resultados de esta estrategia. La demanda de mayor información y diálogo por parte de la sociedad civil y el gremio médico continúa siendo una prioridad para fortalecer el sistema de salud pública en El Salvador.