Gobierno reorienta $40 millones para pago de “quincena 25” en enero 2026

Durante el primer mes de 2026, el Gobierno de El Salvador ejecutó un gasto superior en remuneraciones a lo previsto en el Presupuesto General de la Nación, debido a la implementación de la Ley Especial Quincena Veinticinco. Esta medida otorgó un ingreso complementario equivalente a 15 días de salario a todos los empleados públicos con sueldos inferiores a $1,500, lo que generó una reorientación de recursos cercana a los $40 millones.

Según datos oficiales del portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, el desembolso total para remuneraciones en enero alcanzó los $230.7 millones en las instituciones del gobierno central, cifra que excluye pagos por indemnizaciones y montos destinados a instituciones autónomas o empresas públicas. En contraste, la proyección inicial autorizada en el presupuesto para ese mes era de $190.9 millones, es decir, casi $40 millones menos.

Implementación de la Ley de “Quincena 25” y ajuste presupuestario

La Ley Especial Quincena Veinticinco fue aprobada semanas después de la aprobación del presupuesto anual, sin incluirse inicialmente en los cálculos financieros para el año fiscal 2026. Este decreto estableció el pago de un salario adicional equivalente a medio mes para ciertos empleados públicos, pero no contempló un aumento en las asignaciones presupuestarias para cubrir este gasto.

De acuerdo con el decreto, cada institución debía financiar esta compensación con los recursos previamente asignados, sin recibir refuerzos presupuestarios adicionales. Esto implicó que el Gobierno tuviera que reorientar fondos dentro del mismo techo aprobado, generando un gasto extraordinario que no estaba previsto en el plan original.

Impacto y proyecciones según análisis económicos

Dos economistas consultados por este medio coinciden en que el incremento registrado en enero corresponde directamente a la erogación por la “quincena 25” y que este exceso presupuestario deberá ser compensado durante el resto del año fiscal. Uno de los economistas explicó que, al no haber contemplado esta erogación al momento de aprobar el presupuesto, existen dos posibles vías para ajustarlo:

• Reducir gastos en otras áreas como bienes y servicios, inversiones o incluso en remuneraciones en meses posteriores.
• Generar refuerzos de ingresos, ya sea a través de mayores recaudaciones fiscales o mediante deuda pública.

Explicó además que el presupuesto aprobado para las remuneraciones anuales en 2026 inicialmente era de $2,410.5 millones, cifra que fue ajustada marginalmente a $2,408.4 millones al inicio del año, reflejando un pequeño decremento. Esto se debe a que las asignaciones mensuales para salarios no son uniformes durante el año, dado que algunos meses incluyen pagos adicionales como aguinaldos y otros bonos.

Reasignación de montos entre meses y posibles escenarios para el cierre del ejercicio fiscal

Para compensar el aumento en enero, el Gobierno redujo la asignación para otros meses. Por ejemplo, el presupuesto para diciembre de 2026 se redujo de $271.8 millones a $231.7 millones, un recorte de $40.1 millones. Esto indica que el incremento en un mes se compensa con una disminución en otro dentro del mismo techo presupuestario anual.

El segundo economista consultado señala que esta asignación podría variar en el transcurso del año y que existe la posibilidad de que diciembre recupere su monto original a través de futuros ajustes presupuestarios o refuerzos. “El Gobierno cuenta con tiempo suficiente para realizar los ajustes necesarios”, afirmó, lo que implica que podrían aprobarse modificaciones presupuestarias para equilibrar las finanzas públicas frente al gasto extraordinario generado por la “quincena 25”.

Contexto y repercusiones en las finanzas públicas

La creación de la “quincena 25” responde a una política pública destinada a mejorar los ingresos de los trabajadores públicos con menores salarios, en un contexto económico donde el Gobierno busca fortalecer el poder adquisitivo de este sector. Sin embargo, la falta de planificación financiera inicial para cubrir este gasto adicional genera incertidumbre sobre cómo se manejarán los ajustes necesarios para cumplir con las metas fiscales establecidas para 2026.

Este escenario plantea desafíos para la administración pública en materia de austeridad y optimización del gasto, así como la necesidad de evaluar la generación de ingresos adicionales o la reestructuración del presupuesto para mantener la estabilidad financiera del Estado.

En conclusión, el incremento de $40 millones en el gasto de remuneraciones en enero de 2026 refleja el impacto directo de la Ley Especial Quincena Veinticinco, la cual fue implementada sin una asignación presupuestaria específica. La reorientación de fondos y los ajustes en las asignaciones mensuales serán claves para equilibrar el presupuesto anual, mientras el Gobierno busca mantener sus compromisos financieros y atender las demandas de sus empleados públicos.