Gobierno solicita ratificación de préstamos por $576 millones para DoctorSV y educación digital

El Gobierno de El Salvador ha presentado a la Asamblea Legislativa dos iniciativas para la ratificación de préstamos que suman un monto total de $576 millones. Estos financiamientos están orientados a impulsar la segunda fase de la aplicación Doctor SV y un programa de innovación digital en el sistema educativo nacional.

Ambos expedientes fueron remitidos a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que ha programado una sesión para discutir estos asuntos el próximo lunes 20 de abril a las 10:00 a.m.. En paralelo, el Ministerio de Hacienda también envió tres solicitudes adicionales para aprobar refuerzos presupuestarios dirigidos al Ministerio de Obras Públicas, Casa Presidencial y al Tribunal Supremo Electoral.

Préstamo para Doctor SV: $75 millones con CAF

El primer préstamo que el Gobierno busca ratificar es por un monto de $75 millones, gestionado con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Este financiamiento está destinado a la ejecución de la segunda fase de Doctor SV, aplicación gubernamental que facilita servicios de salud digital en el país.

Este préstamo fue aprobado inicialmente en febrero de 2024, aunque en esa ocasión solo se autorizó la contratación de consultorías para mejorar la red de servicios vinculados con farmacias, laboratorios y centros de imágenes, así como la instalación de 400 quioscos para la entrega de medicamentos. Sin embargo, la segunda fase presentada recientemente amplía el alcance del proyecto para incluir la atención y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas a través de la plataforma.

La ampliación de los servicios ofrecidos por Doctor SV implica que los usuarios podrán controlar sus exámenes médicos y recibir atenciones especializadas mediante la aplicación. Este avance representa un esfuerzo para digitalizar la atención médica y facilitar el acceso a servicios de salud a distancia, especialmente para personas con condiciones crónicas.

No obstante, la transparencia en la gestión de estos fondos ha sido objeto de debate. Durante la aprobación inicial del préstamo, surgieron cuestionamientos en el pleno legislativo debido a la negativa del partido oficialista a establecer mecanismos claros de rendición de cuentas. Además, los contratos suscritos con farmacias, laboratorios y centros de imágenes siguen siendo información no pública, lo que ha generado inquietudes respecto a la fiscalización del uso de los recursos.

Solicitudes formales para acceder a información relacionada con estos acuerdos, presentadas al Ministerio de Salud bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, no han recibido respuesta hasta la fecha.

Préstamo para educación digital: $501 millones con el BID

El segundo préstamo, por un monto significativamente mayor de $501 millones, fue aprobado con dispensa de trámite el pasado 9 de abril. Este financiamiento proviene del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF),institución integrante del Grupo Banco Mundial.

La finalidad oficial consiste en financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital, una iniciativa que busca incorporar tecnología y nuevas metodologías en el proceso educativo. Entre sus objetivos se encuentra el apoyo en técnicas de aprendizaje y la integración de herramientas digitales en las aulas salvadoreñas, con el propósito de mejorar la calidad y cobertura educativa.

Sin embargo, el decreto que autoriza este préstamo incluye una disposición que ha despertado controversia. El artículo 2 del decreto establece que los fondos podrán ser utilizados para “apoyar acciones estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez y transferencias varias”.

Esta cláusula abre la posibilidad de destinar parte de los recursos a gasto corriente, una práctica que ha sido señalada en anteriores préstamos y que genera incertidumbre sobre el destino final del financiamiento. La falta de claridad en la presentación del proyecto y la ausencia de explicaciones públicas por parte de funcionarios o diputados sobre los detalles del programa han generado preocupación en sectores sociales y políticos.

Otros expedientes presupuestarios en revisión

Además de las iniciativas mencionadas, el Ministerio de Hacienda remitió tres expedientes adicionales para la aprobación de refuerzos presupuestarios, dirigidos a instituciones clave para la administración pública:

• Ministerio de Obras Públicas: Se solicita un incremento presupuestario para atender proyectos y obras en desarrollo.
• Casa Presidencial: Se requiere financiamiento adicional para el funcionamiento y programas institucionales.
• Tribunal Supremo Electoral: Se plantea un aumento presupuestario para fortalecer procesos electorales y actividades relacionadas.

Estos expedientes también serán discutidos en las próximas sesiones legislativas, lo que denota una agenda amplia de ajustes financieros que el Ejecutivo busca consolidar para el presente ejercicio fiscal.

Contexto y perspectivas

La solicitud de ratificación de estos préstamos se enmarca en la estrategia del Gobierno salvadoreño para impulsar la digitalización en servicios públicos esenciales como salud y educación, sectores priorizados en la agenda nacional. Doctor SV representa un avance en la telemedicina, buscando facilitar el acceso a servicios médicos y el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas a través de plataformas digitales.

Por otra parte, la apuesta por la innovación digital en la educación busca responder a desafíos históricos del sistema educativo salvadoreño, tales como la mejora en los índices de aprendizaje y la inclusión tecnológica en las escuelas públicas.

No obstante, la aprobación y ejecución de estos préstamos han estado marcadas por cuestionamientos en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos fundamentales para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y orientados a los fines planteados.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa tendrá un papel clave en la revisión y análisis de estos expedientes, con la responsabilidad de evaluar los contratos y condiciones financieras, así como los mecanismos de supervisión que se establecerán para asegurar el adecuado uso de los fondos.

En este sentido, la sociedad civil y diferentes sectores políticos se mantienen atentos a las decisiones que se tomen en las próximas semanas, en el marco de un debate que involucra no solo consideraciones financieras, sino también el impacto social y la gobernabilidad en temas estratégicos para el desarrollo del país.