Guatemala enfrenta ola violenta que eleva a diez el número de policías asesinados

Guatemala atraviesa uno de sus episodios más críticos en materia de seguridad en los últimos años, luego de que el número de policías asesinados en una sola escalada violenta ascendiera a diez, según confirmaron las autoridades nacionales. Este incremento se produjo tras la muerte de dos agentes que permanecían hospitalizados a causa de ataques armados perpetrados en distintas zonas del país.

Los hechos violentos son atribuidos a pandilleros que desencadenaron una serie de atentados coordinados como represalia por la recuperación del control de tres cárceles, donde los reos mantenían en calidad de rehenes a decenas de guardias penitenciarios. De acuerdo con el Gobierno, los motines buscaban presionar para el traslado de cabecillas del crimen organizado a prisiones con menores medidas de seguridad.

Detalles de la escalada violenta contra la Policía Nacional Civil

El domingo se reportaron ocho agentes asesinados en diferentes ataques simultáneos. Posteriormente, el Ministerio de Gobernación confirmó el fallecimiento de Frayan Medrano, quien había sido baleado mientras se desplazaba en motocicleta al sur de la capital guatemalteca, junto a otro agente que permanece en estado crítico.

Horas después, el director de la Policía Nacional Civil (PNC),David Custodio, informó sobre la muerte de un décimo agente, Juan Paredes, quien sucumbió a las heridas tras un atentado en la periferia norte de Ciudad de Guatemala. Las autoridades señalaron que estos homicidios están directamente vinculados con la reacción de las pandillas frente a los operativos penitenciarios ejecutados el sábado.

Estado de sitio por 30 días para contener la violencia

Ante la gravedad de la situación, el presidente Bernardo Arévalo decretó en cadena nacional un estado de sitio por 30 días, vigente desde la noche del domingo. Esta medida excepcional permite la detención e interrogatorio de sospechosos sin orden judicial y suspende temporalmente derechos constitucionales como la libre reunión y manifestación.

El Congreso ratificó el decreto el lunes con 149 votos a favor, a pesar de estar dominado por la oposición. Durante la discusión legislativa, se introdujeron modificaciones al texto original, agregando disposiciones dentro del marco del Decreto 1-2025.

Una de las reformas más relevantes fue la prohibición temporal de visitas a los centros penitenciarios donde están recluidos miembros de las organizaciones criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, catalogadas como terroristas conforme a la Ley Antipandillas. Asimismo, se ajustaron las restricciones sobre el uso de armas, permitiendo que las personas con licencia vigente puedan portar armas durante el estado de sitio, a diferencia del planteamiento inicial que buscaba una limitación más amplia.

Acusaciones del presidente hacia el Ministerio Público

En medio de la crisis, el presidente Arévalo lanzó críticas severas contra el Ministerio Público (MP),acusándolo de proteger judicialmente a presuntos responsables de los ataques. El mandatario señaló que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, ha limitado las acusaciones a delitos menores como portación ilegal de armas y drogas, sin imputar cargos graves relacionados con terrorismo y homicidio.

Arévalo calificó esta actuación como un insulto a los policías asesinados, a sus familias y al pueblo guatemalteco. En particular, mencionó el caso de Harol Salguero, un joven de 19 años vinculado a los ataques del domingo, quien fue presentado ante un juez únicamente por tenencia de armas y promoción de la drogadicción.

Por su parte, el Ministerio Público aclaró que el proceso penal se encuentra en sus etapas iniciales y que las acusaciones provisionales no excluyen la posibilidad de presentar cargos adicionales en el futuro.

Tensiones políticas y debate sobre la crisis de seguridad

La escalada violenta también profundizó las tensiones políticas en Guatemala. Durante la sesión del Congreso, diputados oficialistas y de oposición intercambiaron acusaciones. Un legislador oficialista señaló supuestos vínculos de la bancada opositora con estructuras criminales, mientras que diputados de oposición cuestionaron al Gobierno por la fuga de 20 pandilleros del penal Fraijanes II y por decisiones administrativas previas.

A pesar de propuestas para reducir el estado de sitio a 15 días, el Congreso mantuvo el plazo original. Algunos parlamentarios pidieron además revisar el actuar del Organismo Judicial y del Ministerio Público en la aplicación de la legislación contra el crimen organizado.

Guatemala en alerta ante la persistencia de la violencia

Con al menos nueve presuntos sicarios detenidos y un estado de excepción vigente, Guatemala permanece en alerta máxima. El Gobierno enfatiza que esta medida busca recuperar el control del sistema penitenciario y frenar la violencia, aunque organizaciones civiles y actores políticos observan con preocupación el impacto que esta crisis institucional y de seguridad puede tener en el país.

Actualmente, Guatemala enfrenta un escenario complejo donde convergen la violencia criminal, la tensión política y la desconfianza en las instituciones, factores que mantienen en vilo tanto a la población como a las fuerzas de seguridad.