Human Rights Watch urge a El Salvador a poner fin al régimen de excepción tras cuatro años de vigencia

El régimen de excepción impuesto en El Salvador contra las pandillas cumple cuatro años desde su instauración, una medida que ha generado un intenso debate debido a su impacto en los derechos humanos y la seguridad ciudadana. La organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió un pronunciamiento en el que insta a las autoridades salvadoreñas a poner fin a esta medida, que ha estado vigente desde marzo de 2022.

El régimen de excepción fue declarado por el presidente Nayib Bukele tras un fin de semana marcado por más de 80 homicidios, situación que evidenció una crisis de seguridad en el país. La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la medida como una acción extraordinaria para combatir la violencia generada principalmente por las pandillas que operan en el territorio nacional. Sin embargo, esta decisión ha sido acompañada de numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Detenciones masivas y denuncias por violaciones a derechos humanos

Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han detenido a más de 91,000 personas, entre ellos menores de edad, según datos compartidos por HRW. La organización señala que la mayoría de estas detenciones se han realizado sin las debidas garantías judiciales, lo que ha generado preocupación en organismos nacionales e internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos.

Las denuncias documentadas por diversas organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6,889 casos de presuntas violaciones a derechos fundamentales, con un 98 % de detenciones arbitrarias. En el 75 % de estas denuncias, los agentes policiales han sido vinculados a los atropellos. Además, se reporta la muerte de al menos 500 personas bajo custodia estatal, un dato que ha encendido las alarmas sobre posibles abusos cometidos en el marco del régimen.

Acusaciones de crímenes de lesa humanidad y respuesta gubernamental

Un informe reciente elaborado por un grupo internacional de expertos en derechos humanos fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas. Este documento advierte que las violaciones cometidas en el marco del estado de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que implicaría una gravedad aún mayor en las acciones del Estado salvadoreño.

El presidente Bukele ha rechazado las conclusiones del informe, argumentando que el documento exige la liberación total de los pandilleros detenidos desde el inicio del régimen, una interpretación que no corresponde exactamente al texto, ya que el informe propone establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas suficientes, no la libertad indiscriminada de todos los capturados.

Balance de resultados en seguridad y críticas a la medida

El Gobierno salvadoreño sostiene que el régimen de excepción ha sido efectivo para combatir a las pandillas, recuperar territorios antes dominados por estas organizaciones y reducir significativamente los índices de homicidios. La estrategia ha sido uno de los pilares que permitió la reelección inmediata del presidente Bukele, a pesar de la prohibición constitucional previa a esta posibilidad.

No obstante, especialistas en seguridad y análisis históricos señalan que la tendencia a la baja en homicidios en El Salvador se había iniciado desde 2016, antes de la puesta en marcha de la medida extraordinaria. Esto plantea interrogantes sobre la real contribución del régimen de excepción a la mejora en los indicadores de violencia.

Contexto y desafíos para El Salvador

El Salvador ha sido durante años uno de los países con mayores índices de violencia en el mundo, principalmente por la presencia de pandillas que afectan la seguridad y la calidad de vida de la población. A pesar de los avances en los últimos años, la implementación de medidas extraordinarias como el régimen de excepción ha generado un debate intenso entre los sectores sociales, políticos y organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

La recomendación de organizaciones como Human Rights Watch pone en evidencia la necesidad de equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos fundamentales y la legalidad. La garantía de procesos judiciales justos y la supervisión de las actuaciones policiales son elementos clave para consolidar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos.

En este sentido, la invitación a poner fin al régimen de excepción busca abrir paso a una estrategia más sostenible y respetuosa de la institucionalidad, que permita continuar la reducción de la violencia sin sacrificar los principios básicos del Estado de derecho.

El debate sobre esta medida continuará siendo un tema central en la agenda pública salvadoreña, especialmente en el contexto de la dinámica política y social del país, donde la seguridad y los derechos humanos se encuentran en un delicado equilibrio.