ICE detiene a salvadoreña esposa de sargento estadounidense en proceso migratorio

Una mujer de nacionalidad salvadoreña, esposa de un sargento activo del Ejército de Estados Unidos, permanece retenida en un centro de detención migratoria ubicado en El Paso, Texas, en medio de un proceso legal y administrativo debido a cambios en las políticas migratorias estadounidenses.

El sargento José Serrano, quien ha cumplido tres misiones en Afganistán y actualmente se encuentra en servicio activo, relató que su esposa fue arrestada el pasado 14 de abril cuando acudían juntos a una cita con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en el marco del trámite para obtener la residencia permanente.

“Una persona abrió la puerta, nos escoltó por el pasillo y, al final del pasillo arrestaron a mi esposa”, comentó Serrano. “La arrestaron sin ninguna orden judicial. Se llevaron a mi esposa y no me han brindado información clara sobre su situación”, añadió.

La mujer detenida, identificada como Deisy Rivera Ortega, es originaria de El Salvador y ha presentado un recurso ante un tribunal federal para impugnar su detención. Además, ha solicitado una orden judicial que impida su deportación a México, país al que no tiene vínculos y que restringe el ingreso de miembros en activo de las fuerzas armadas estadounidenses y sus familiares.

El abogado Matthew James Kozik, que representa a Rivera Ortega, explicó que su clienta contaba con un permiso de trabajo válido y que anteriormente se le había otorgado una suspensión de expulsión hacia El Salvador, su país de origen.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó mediante un comunicado que Rivera Ortega ingresó de forma irregular a Estados Unidos en 2016. Además, señalaron que un juez emitió una orden final de deportación en su contra en diciembre de 2019.

El DHS aclaró que la autorización de trabajo no implica un estatus migratorio legal y que Rivera Ortega permanece bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se tramita su expulsión. No se especificó si el destino de la deportación sería México o El Salvador.

Actualmente Rivera Ortega está detenida en el Centro de Servicios de Procesamiento en El Paso. Su esposo la visitó recientemente y pudo comunicarse con ella a través de un panel acrílico, una medida habitual en centros de detención para prevenir contagios y mantener la seguridad. Durante el encuentro, Rivera Ortega expresó su deseo de que su caso y el de su esposo sean considerados bajo la política de permiso de permanencia temporal en el país (parole),una figura que anteriormente brindaba una vía acelerada hacia la residencia permanente para cónyuges de miembros activos de las fuerzas armadas.

Modificaciones en políticas migratorias afectan a familiares de militares

La detención de Rivera Ortega ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump. En abril pasado, el Departamento de Seguridad Nacional eliminó una política vigente desde 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar inmediato como un “factor atenuante significativo” a la hora de decidir sobre la aplicación de las leyes migratorias.

La nueva directriz establece que “el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos”. Esto implica que, aunque un familiar sea militar activo, no garantiza protecciones especiales ante procesos de deportación o detención migratoria.

Esta modificación representa un cambio sustancial respecto a políticas anteriores que otorgaban cierto nivel de indulgencia hacia los familiares de miembros de las fuerzas armadas, quienes muchas veces se encontraban en procesos migratorios pendientes o con situaciones irregulares.

Implicaciones para la comunidad salvadoreña en Estados Unidos

El caso de Rivera Ortega pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los migrantes salvadoreños en Estados Unidos, especialmente aquellos vinculados a familias con miembros en las fuerzas armadas. Según datos oficiales, la comunidad salvadoreña es una de las más numerosas en Estados Unidos, con una presencia significativa en estados como California, Texas y Maryland.

El endurecimiento de las medidas migratorias impacta no solo a personas con estatus irregular, sino también a quienes se encuentran en trámites legales y dependen de políticas que permitan regularizar su situación de manera expedita.

En El Salvador, la noticia sobre la detención de Rivera Ortega ha generado preocupación en sectores sociales y familiares de migrantes, quienes temen que esta tendencia represente un retroceso en las garantías y derechos de los salvadoreños que buscan estabilidad en el exterior.

Contexto legal y derechos en disputa

El caso ha sido llevado ante instancias judiciales para impugnar la detención y evitar la deportación. La defensa argumenta que la expulsión a México sería injustificada y peligrosa, dado que Rivera Ortega no tiene vínculos con ese país y que además existen restricciones para miembros en activo y familiares de las fuerzas armadas en ese territorio.

El proceso legal también cuestiona la eliminación de la consideración del servicio militar como un elemento para la suspensión o reducción de acciones migratorias, señalando que esto afecta derechos fundamentales y la estabilidad familiar.

El seguimiento a este caso es relevante para evaluar el alcance de las nuevas políticas migratorias y sus efectos en las familias vinculadas a las fuerzas armadas, que hasta hace poco contaban con mecanismos especiales de protección.

Conclusiones

La detención de Deisy Rivera Ortega refleja un cambio significativo en la política migratoria estadounidense que afecta a los familiares de militares en servicio activo. La eliminación de la figura que consideraba el servicio militar como un factor atenuante ha abierto la puerta a detenciones y posibles deportaciones, incluso cuando los afectados se encuentran en procesos regulares para obtener residencia.

Este caso pone en evidencia la complejidad del sistema migratorio en Estados Unidos y el impacto directo que las decisiones administrativas pueden tener en las familias de origen salvadoreño. La situación continúa en desarrollo, con recursos legales en marcha que definirán el destino de Rivera Ortega y marcarán un precedente para casos similares en el futuro.