Impacto de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador: comunidades y organizaciones bajo presión

La entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) en El Salvador ha generado una serie de efectos negativos en el accionar de organizaciones sociales y en el desarrollo de proyectos comunitarios. Esta legislación impone un gravamen del 30% sobre las donaciones provenientes del exterior, lo que, según expertos y representantes de estas organizaciones, limita la ejecución de iniciativas que benefician directamente a poblaciones vulnerables.

Alfredo Leiva, defensor ambientalista y miembro de la Asociación por el Desarrollo Económico y Social (ADES),así como integrante de la comunidad Santa Marta en el departamento de Cabañas, ha expresado su preocupación ante las consecuencias de esta ley. Leiva señala que la LAEX es una normativa que actúa de forma extorsiva y limita el trabajo de proyectos orientados a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades.

Restricciones y limitaciones para organizaciones sociales

Según Leiva, la imposición de un impuesto del 30% a los ingresos derivados de donaciones extranjeras genera un impacto directo en la operatividad de las organizaciones. En el caso particular de ADES, aunque la asociación realizó el procedimiento de inscripción ante el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX),no se les otorgó la exoneración institucional completa. Esto ha significado que algunos proyectos sean gravados, mientras otros han recibido exoneraciones, generando un trato desigual.

Este impuesto, sumado a las multas que pueden ser consideradas impagables, ha provocado que algunas cooperaciones internacionales opten por no pagar, lo que conlleva al cierre o suspensión de proyectos. Leiva enfatiza que el principal afectado no son las organizaciones en sí, sino las comunidades que esperaban beneficiarse de estos programas, por ejemplo, en áreas como el acceso a agua potable o el fortalecimiento de la agricultura.

Impacto en las comunidades y derechos humanos

La afectación a las comunidades se traduce en la pérdida de oportunidades para mejorar condiciones básicas de vida. Desde la perspectiva de derechos humanos, se observa una vulneración en el derecho al agua y a la vida, dado que la falta de acceso a servicios esenciales genera consecuencias graves para la salud y el bienestar de la población.

Leiva hace un llamado al gobierno y al director del RAEX para reconsiderar la aplicación de esta ley, especialmente en lo que refiere a la discrecionalidad que tiene el director para gravar proyectos. Esta facultad, según el defensor, carece de criterios técnicos claros, lo que genera incertidumbre y arbitrariedad.

Casos específicos y medidas legales

Un caso emblemático es un proyecto en la comunidad de San Isidro, Cabañas, orientado a fortalecer sistemas de agua y capacitar a las comunidades para su administración. Este proyecto, que pretendía brindar acceso a agua potable tras años de carencia, fue gravado con el impuesto, lo que llevó a la cooperación a decidir no pagar y a suspender la iniciativa desde marzo de 2024.

Ante esta situación, ADES ha presentado recursos de apelación ante el RAEX, aunque la respuesta está catalogada como inapelable. La organización planea recurrir a instancias judiciales, como los juzgados de lo contencioso administrativo, para agotar todas las vías legales disponibles y proteger los derechos de las comunidades.

Falta de criterios y trato diferenciado

El director del RAEX no ha proporcionado justificaciones claras sobre los criterios empleados para determinar qué proyectos son gravados y cuáles no. Leiva señala que no se evidencia un análisis técnico, y la selección parece arbitraria, dado que los proyectos en cuestión no vulneran disposiciones relacionadas con la seguridad nacional o pública.

Asimismo, la organización denuncia un trato diferenciado entre las entidades, ya que algunas han recibido exoneración institucional sin evaluaciones detalladas, mientras que otras enfrentan la imposición del impuesto sin criterios transparentes.

Situación de defensores ambientales y contexto judicial

Alfredo Leiva también forma parte del equipo de defensa de líderes ambientalistas acusados por supuestos crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña, de los cuales dos fueron absueltos en dos ocasiones. A pesar de estas sentencias, los defensores permanecen fuera del país por precaución, ya que el proceso judicial continúa en la Cámara de Segunda Instancia de San Vicente, donde se espera una resolución sobre la responsabilidad civil impuesta recientemente.

El defensor ha calificado como ilógica la imposición de responsabilidad civil a personas absueltas de los cargos penales, y confía en que la Cámara desestime esta medida. La expectativa se mantiene alta, aunque el proceso se encuentra estancado debido a retrasos administrativos.

Acoso y temor en las comunidades

Durante el desarrollo de las investigaciones, inspectores de la Policía Nacional Civil y fiscales acudieron a la comunidad Santa Marta para indagar sobre posibles crímenes de la guerra civil. Actualmente, el acoso ha disminuido, pero persiste la incertidumbre y la preocupación por eventuales nuevos procesos judiciales, especialmente en un contexto donde reformas legales han ampliado las acusaciones a terrorismo, con penas que podrían incluir cadena perpetua.

Contexto de la minería y riesgos futuros

En el ámbito ambiental, la labor de defensa contra la minería en la zona permanece restringida debido al temor generado por la aplicación de la LAEX. Aunque la propaganda sobre los beneficios de la minería se ha silenciado, las acciones de las empresas continúan, con movimientos para la compra de terrenos y el pago de impuestos municipales.

Recientemente, un acuerdo bilateral entre El Salvador y Estados Unidos ha suscitado inquietudes por permitir la entrada de empresas estadounidenses para operar en el país, lo que podría abrir la puerta a la actividad minera industrial. Este escenario es calificado como peligroso por sus posibles impactos ambientales y sociales, y podría reactivar campañas y acciones mineras tras las elecciones de 2024.

Conclusiones y llamados

La Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador representa un desafío para la operatividad de organizaciones sociales y el desarrollo de proyectos comunitarios. El impuesto del 30% sobre donaciones del exterior, junto con multas y la discrecionalidad en su aplicación, han provocado el cierre de iniciativas que beneficiaban a comunidades vulnerables.

Organizaciones como ADES llaman a un análisis riguroso y a la reconsideración de esta normativa para garantizar el respeto a los derechos humanos, el derecho a la asociación y la participación ciudadana. La situación judicial de defensores ambientales y la incertidumbre en comunidades como Santa Marta evidencian la complejidad del contexto social y político en El Salvador, donde la protección de derechos y el desarrollo sostenible enfrentan múltiples retos.