Incongruencias detectadas en la ejecución de fondos del programa de becas legislativas en El Salvador

La ejecución del programa de becas legislativas “Dagoberto Gutiérrez” en El Salvador presenta inconsistencias significativas en las cifras oficiales disponibles, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos asignados para este fin.

Según el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el año 2025, se asignó un monto total de $1.5 millones para el funcionamiento del programa de becas. Sin embargo, al contrastar esta cifra con los registros disponibles en el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, se evidencian discrepancias notables entre dos bases de datos oficiales.

Contraste de datos oficiales revela diferencias sustanciales

La base de datos correspondiente a la ejecución presupuestaria reporta que la Asamblea Legislativa utilizó la totalidad de los $1.5 millones asignados al programa, culminando el año con ese monto gastado. No obstante, el programa de becas legislativas también figura como un proyecto de inversión pública, aspecto que conlleva un monitoreo adicional en otra base de datos dentro del mismo portal.

En esta segunda fuente, el programa aparece con una asignación superior, de $2.3 millones, es decir, $800,000 más que la cifra contemplada en el presupuesto legislativo aprobado. Además, la ejecución reportada en esta base es de apenas $792,000, aproximadamente la mitad del monto que la Asamblea indica haber ejecutado.

Estas incongruencias en los datos oficiales generan incertidumbre sobre cuál es la información correcta respecto a los recursos asignados y utilizados en el programa de becas, dificultando un seguimiento efectivo y transparente.

Respuesta institucional y falta de aclaraciones

Ante estas diferencias, se solicitó una explicación a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ernesto Castro, presidente del órgano legislativo y miembro de Nuevas Ideas, reconoció la existencia de discrepancias entre las cifras reportadas, pero atribuyó la responsabilidad de aclarar esta situación al Ministerio de Hacienda. En sus declaraciones, señaló: “Habría que preguntarle a Hacienda. Nosotros hemos sido claros, manejás los números: son 350 becas y la erogación (de $1.5 millones). No sé por qué Hacienda ha hecho esa diferencia”.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda no ha proporcionado respuesta ni aclaración a las solicitudes de información planteadas, lo que mantiene la incertidumbre respecto a la ejecución real de los recursos y la correcta contabilización del programa.

Contexto y antecedentes del programa de becas

El programa de becas “Dagoberto Gutiérrez” fue creado en un contexto de reformas en la asignación de recursos para el personal legislativo. Anteriormente, cada diputado contaba con una asignación mensual de $14,500 para contratación de personal. Esta práctica fue objeto de críticas en redes sociales y en medios de comunicación, lo que motivó una reducción en el presupuesto a $8,000 mensuales por legislador.

El monto restante que dejó de asignarse a la contratación de personal se estableció como recurso para financiar el programa de becas universitarias, con el propósito de ampliar el acceso a la educación superior. No obstante, la falta de claridad sobre la asignación y ejecución de estos fondos pone en duda la efectividad y transparencia del programa.

Análisis técnico sobre las inconsistencias en la ejecución

Una revisión técnica realizada por una economista especializada en finanzas públicas y exfuncionaria de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa confirmó la existencia de incongruencias entre las bases de datos consultadas. Según su análisis, no debería existir diferencia entre la cifra presupuestada y la que se reporta en el listado de inversión pública, dado que ambos registros corresponden a la misma línea presupuestaria.

“Debe cuadrar exactamente lo presupuestado en el cuadro de destino por fuente de financiamiento y el reflejado en el listado de inversión pública. Es la misma línea presupuestaria, solo que se agrega a ese listado para evidenciar que será considerado ese rubro como inversión”, explicó.

Además, indicó que para evaluar adecuadamente la ejecución del programa no basta con conocer el monto devengado, sino que es fundamental disponer de información detallada sobre su funcionamiento. Esto incluye datos sobre la cantidad de beneficiarios, el monto invertido por beca, los conceptos cubiertos, la periodicidad de los desembolsos y si los pagos se realizan directamente a los estudiantes o a las instituciones educativas.

La economista añadió que la falta de acceso a estos datos impide la verificación del manejo correcto de los recursos y genera dudas legítimas sobre la coherencia de la información oficial.

Reglamento y ejecución presupuestaria: aspectos a destacar

El reglamento del programa de becas, obtenido en mayo de 2025, no especifica el monto asignado a cada beneficiario. En cambio, establece que el comité evaluador determinará el monto individual según las necesidades específicas de cada carrera y universidad.

Por otro lado, el reporte de ejecución presupuestaria muestra que la Asamblea Legislativa realizó un único desembolso por el total de $1.5 millones en diciembre de 2025. Esta práctica resulta irregular, dado que implicaría que las becas no fueron pagadas a los estudiantes durante el año, sino hasta el cierre del ejercicio fiscal.

En contraste, en la base de datos de inversión pública, diciembre aparece como un mes sin movimientos, lo que añade otra capa de inconsistencia en los registros oficiales.

Implicaciones y llamados a la transparencia

Las discrepancias detectadas en la ejecución de fondos del programa de becas legislativas evidencian la necesidad de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de recursos públicos en El Salvador. La falta de información clara y consistente limita la capacidad ciudadana para fiscalizar y conocer el destino real del dinero asignado a programas sociales.

Garantizar la coherencia entre las bases de datos oficiales, así como proporcionar detalles sobre la administración y ejecución del programa, resulta indispensable para fortalecer la confianza en las instituciones y promover una gestión pública más eficiente y responsable.

En este contexto, es fundamental que el Ministerio de Hacienda atienda las solicitudes de información y aclare las diferencias detectadas, mientras que la Asamblea Legislativa debe comprometerse a transparentar el funcionamiento y resultados del programa “Dagoberto Gutiérrez”.

La educación y el acceso a oportunidades representan pilares esenciales para el desarrollo del país, por lo que la administración adecuada y transparente de los recursos destinados a becas es un requisito indispensable para cumplir con estos objetivos.