Inestabilidad política en Perú: destitución de José Jerí y el futuro presidencial a dos meses de elecciones

La reciente destitución de José Jerí como presidente de Perú refleja, una vez más, la profunda crisis política que atraviesa el país sudamericano. Jerí se convirtió en el séptimo mandatario en la última década que no logra completar su mandato, lo que evidencia una inestabilidad institucional que se ha prolongado y profundizado en los últimos años.

Contexto de la presidencia de José Jerí

José Jerí asumió el cargo el 10 de octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso peruano. Su mandato estaba previsto para ser transitorio y culminar en julio de 2026, cuando el ganador de las elecciones presidenciales de abril debía tomar posesión. Sin embargo, su periodo apenas alcanzó los cuatro meses, debido a la creciente presión política y la sucesión de escándalos que erosionaron su respaldo en el Congreso.

Jerí, abogado de formación y miembro del partido Somos Perú, presidía el Congreso al momento de la destitución de Boluarte, por lo que, conforme a la Constitución peruana, asumió la presidencia para completar el periodo hasta las elecciones. Durante su breve gobierno, intentó proyectar una imagen de liderazgo firme y enérgico, especialmente en la lucha contra la delincuencia, uno de los principales desafíos que enfrenta el país.

Intentos de fortalecimiento del gobierno y su caída

Inspirado en modelos de gobernabilidad de la región, como el de El Salvador y Ecuador, Jerí promovió una agenda de seguridad pública con presencia en operativos policiales y visitas a cárceles en Lima. Sin embargo, las dificultades políticas y un entorno fragmentado limitaron su capacidad para consolidar esa imagen.

En paralelo, la administración de Jerí estuvo marcada por varios escándalos que impactaron negativamente en su legitimidad. Entre ellos sobresale el denominado "Chifagate", que reveló una reunión con empresarios chinos en un local de San Borja, a la que Jerí acudió encapuchado y que no fue registrada oficialmente. La falta de transparencia en esta cita y las investigaciones preliminares por presuntos delitos relacionados con patrocinio ilegal y tráfico de influencias motivaron una profunda crisis política.

Además, se identificaron contrataciones estatales irregulares vinculadas a mujeres que visitaron el Palacio de Gobierno, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y la ética administrativa del presidente. A pesar de las explicaciones de Jerí sobre la necesidad de contar con personas de confianza, estas justificaciones no lograron persuadir a la mayoría de congresistas.

Contexto político y Congreso fragmentado

El Congreso peruano, altamente fragmentado y con múltiples mociones en contra de Jerí, reflejó el agotamiento político que atraviesa el país. El legislativo había recibido hasta siete mociones de censura contra el presidente basadas en su conducta y gestión. La votación para destituirlo reveló la pérdida total de apoyos.

Esta situación se enmarca en un contexto más amplio: en la última década, Perú ha tenido siete presidentes, de los cuales seis fueron removidos antes de finalizar su mandato. La crisis institucional se agrava con la presencia de expresidentes procesados o condenados por corrupción, y el descrédito generalizado hacia la clase política.

El proceso para elegir un nuevo líder hasta las elecciones

Tras la destitución de Jerí, el Congreso debe elegir el próximo presidente del Legislativo, quien asumirá la presidencia del país de manera provisional hasta julio de 2026. Esta designación se realizará en una votación prevista para este miércoles.

La elección del nuevo presidente del Congreso es fundamental para mantener la continuidad del gobierno en un contexto de alta incertidumbre. Entre los candidatos se encuentran María del Carmen Alva, del partido Acción Popular, conocida por su perfil conservador y experiencia previa como presidenta del Congreso (2021-2022); Segundo Héctor Acuña, representante del grupo derechista Honor y Democracia; y por la izquierda, José Balcázar (Perú Libre) y Edgar Reymundo Mercado (Bloque Democrático).

Esta elección, aunque temporal, cobra relevancia frente a la proximidad de los comicios presidenciales y legislativos, cuya primera vuelta está programada para el 12 de abril. El ganador asumirá el cargo en julio, en una coyuntura donde la fragmentación política y el descontento social marcan el escenario electoral.

Perspectivas electorales y desafíos futuros

Las encuestas recientes reflejan un panorama electoral sin claros favoritos ni candidatos que despierten amplio respaldo ciudadano. El último sondeo publicado por Ipsos el 13 de febrero posicionó al conservador Rafael López Aliaga como líder, pero con apenas el 12% de intención de voto, lo que indica un fuerte rechazo o indiferencia hacia los aspirantes presidenciales.

La baja popularidad de los políticos y la fragmentación del voto sugieren que la contienda difícilmente se definirá en la primera vuelta, y que la segunda, prevista para junio, será decisiva para aclarar el futuro político del país.

En este contexto, la perspectiva de nuevas crisis o sorpresas políticas permanece latente, dado el historial de destituciones y conflictos institucionales que han caracterizado a Perú en la última década.

Reflexión sobre la estabilidad institucional en Perú

La situación actual en Perú es síntoma de un sistema político que, aunque formalmente estructurado como república democrática, enfrenta retos profundos en materia de gobernabilidad y confianza ciudadana. La sucesión acelerada de presidentes y la fragmentación de poderes dificultan la implementación de políticas públicas efectivas y la estabilidad necesaria para el desarrollo social y económico.

El caso de José Jerí es un reflejo más de estas dificultades estructurales, donde la combinación de escándalos, debilidades políticas y falta de consensos han impedido que un presidente, incluso en un mandato breve, logre consolidar su gobierno.

El próximo mes será determinante para Perú, tanto en términos electorales como en la posibilidad de construir acuerdos políticos que permitan superar la crisis y avanzar hacia una estabilidad institucional que hasta ahora ha sido esquiva.