Informe 2026 revela profundización del cierre del espacio cívico en El Salvador en 2025

El 21 de abril de 2026, se presentó un informe internacional que analiza la situación global de los derechos humanos durante el año 2025, haciendo especial énfasis en El Salvador. El documento señala que en el país centroamericano se profundizó el cierre del espacio cívico, acompañado por una creciente persecución contra voces críticas y una marcada criminalización de defensores de derechos humanos, en el contexto del régimen de excepción vigente.

Consolidación de un modelo represivo en El Salvador

Según el reporte, durante 2025 se consolidó un modelo de gobierno caracterizado por la prolongación del estado de excepción, una medida que ha sido empleada para justificar la intensificación de acciones represivas. Esta situación se desarrolla en un contexto social marcado por un aumento de la pobreza extrema, lo que, según el informe, no ha sido atendido con políticas sociales adecuadas, sino más bien con una prioridad hacia la seguridad punitiva.

El documento detalla que la estrategia estatal priorizó la aplicación de medidas restrictivas para controlar y reprimir a quienes expresan disidencia o críticas al gobierno. Esto ha impactado negativamente en la dinámica social y política del país, limitando la participación ciudadana y el trabajo de organizaciones sociales.

Restricciones legales y su impacto en organizaciones civiles

Una de las medidas más destacadas del año pasado fue la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX),que obliga a las organizaciones que reciben financiamiento internacional a registrarse como "agentes extranjeros" y a pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben. Esta legislación ha tenido consecuencias inmediatas en el sector civil, provocando el cierre de múltiples asociaciones y fundaciones, además de la salida de otras del territorio nacional.

El informe indica que esta ley ha sido utilizada como una herramienta para restringir el trabajo de la sociedad civil, afectando particularmente a aquellas organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos y la promoción de la democracia.

Criminalización de defensores y defensores de derechos humanos

En el marco del régimen de excepción, se ha intensificado la criminalización de personas que defienden los derechos humanos. El informe documenta varios casos emblemáticos de abogados y activistas detenidos entre mayo y junio de 2025, incluyendo a:

• Ruth López y Enrique Anaya, abogados de derechos humanos.
• Fidel Zavala, vocero de la Unión de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de El Salvador (Unidehc).
• Alejandro Henríquez, defensor ambiental.
• José Ángel Pérez, líder comunitario.

Estos casos evidencian un patrón sistemático de hostigamiento que se manifiesta en la estigmatización oficial, la reserva judicial indebida durante los procesos, la prolongación excesiva de la detención preventiva y la falta de garantías procesales adecuadas.

Restricciones al espacio cívico y represión a la disidencia

El informe también resalta que el gobierno salvadoreño incrementó la aplicación de medidas que restringen la labor de organizaciones sociales, periodistas y comunidades organizadas. Según los datos recabados, la respuesta oficial a las expresiones de descontento social se ha caracterizado por detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social y el uso ilegítimo de fuerzas militares.

Además, se han utilizado leyes para limitar de manera indebida el trabajo de personas y grupos que atienden a víctimas de abusos, lo que contribuye a un entorno de mayor vulnerabilidad para los defensores de derechos humanos y para la sociedad civil en general.

Contexto y desafíos para El Salvador

Este escenario se enmarca en un contexto complejo para El Salvador, donde las autoridades han priorizado una política de seguridad basada en la militarización y el régimen de excepción como respuesta a la violencia y la inseguridad pública. Sin embargo, esta estrategia ha generado cuestionamientos sobre la compatibilidad de tales medidas con los estándares internacionales de derechos humanos y la protección de las libertades fundamentales.

El cierre del espacio cívico dificulta la participación ciudadana y la supervisión independiente del ejercicio del poder, aspectos cruciales para el fortalecimiento democrático y la garantía de derechos en cualquier sociedad.

Conclusiones del informe

La evaluación concluye que en 2025 se acentuó en El Salvador un modelo represivo que limita la pluralidad y la crítica social, afectando directamente a defensores de derechos humanos, organizaciones civiles y periodistas. La prolongación del estado de excepción y la implementación de leyes restrictivas como la LAEX han sido elementos centrales en este proceso.

Estas prácticas han generado un entorno de hostigamiento sistemático, donde la judicialización de la protesta social y la imposición de medidas administrativas y legales se emplean para desincentivar la participación política y la defensa de derechos fundamentales.

El informe llama a la comunidad internacional y a las autoridades salvadoreñas a garantizar el respeto pleno a los derechos humanos, la libertad de expresión y la protección de quienes defienden estos principios, en un contexto que permita la convivencia democrática y el respeto a la dignidad humana.