Informe alerta sobre debilitamiento de la democracia y derechos humanos en El Salvador para 2026

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) ha emitido un informe que alerta sobre un posible mayor deterioro del sistema democrático y la pérdida progresiva de derechos fundamentales en el país durante 2026. El documento, titulado "La democracia y los derechos humanos en El Salvador en 2025 y su perspectiva para el 2026", presenta un análisis detallado de la situación política y social, así como proyecciones basadas en los acontecimientos y tendencias observados el año pasado.

Desmantelamiento de pesos y contrapesos

El informe destaca que el sistema de pesos y contrapesos en El Salvador ha sufrido un proceso de debilitamiento que ha favorecido la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo. Este fenómeno se ha profundizado con las reformas constitucionales aprobadas entre 2024 y 2025, las cuales permiten la reelección presidencial indefinida, amplían el período presidencial a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral.

Además, se modificó el procedimiento para que la Asamblea Legislativa apruebe cambios constitucionales y legales, estableciendo que dichas reformas pueden ser ratificadas en la misma legislatura con el voto de 45 de 60 diputados. La CDHES señala que estas modificaciones se han llevado a cabo sin consulta ciudadana y mediante disposiciones consideradas irreformables, como el artículo 248 que protege la alternabilidad presidencial y la forma de gobierno, ratificado en enero de 2025.

Estos cambios, según el informe, representan un “manoseo abusivo a la institucionalidad” que afecta la calidad democrática y la separación de poderes en el país.

Impacto en la independencia judicial

El informe también aborda las consecuencias de las reformas y acciones en el ámbito judicial. Recuerda que en mayo de 2021 se produjo la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general, hechos que sentaron un precedente para posteriores intervenciones en el sistema judicial.

Las reformas posteriores permitieron la destitución y traslado arbitrario de jueces, lo que ha afectado gravemente la independencia judicial. La CDHES enfatiza que jueces y funcionarios judiciales enfrentan temor constante a ser removidos o reasignados si no siguen las directrices oficiales, situación que puede comprometer la imparcialidad y la justicia en El Salvador.

Persistencia y efectos del régimen de excepción

El régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado de forma continua, ha perdido su carácter extraordinario y se ha convertido en una medida permanente, según la Comisión. Esta situación ha derivado en crecientes restricciones a derechos fundamentales, así como en la utilización del sistema penal para procesos colectivos que limitan garantías individuales.

El informe destaca que esta medida ha sido empleada para fomentar una cultura de miedo y controlar socialmente a la población, limitando la expresión ciudadana y la denuncia de vulneraciones a derechos humanos. Entre los aspectos más graves documentados se encuentran denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones al derecho de defensa, sobrepoblación carcelaria y carencia de servicios básicos en los centros penitenciarios.

Además, la CDHES reporta tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro del sistema penitenciario, así como la ausencia de investigaciones efectivas en casos de muertes bajo custodia estatal.

Cierre de espacios para la sociedad civil y libertad de expresión

El informe alerta sobre el cierre progresivo de espacios para la sociedad civil y la limitación al trabajo de organizaciones no gubernamentales. En este contexto, la Ley de Agentes Extranjeros es señalada como un mecanismo que busca frenar o restringir el funcionamiento de estas organizaciones, especialmente aquellas dedicadas a la defensa de derechos humanos y al periodismo independiente.

La Comisión advierte que esta normativa se enmarca en un escenario de persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas, lo que afecta el pluralismo y la participación ciudadana en El Salvador.

Memoria histórica y justicia transicional

En materia de memoria histórica, el informe evidencia una indiferencia y falta de valor hacia los casos relacionados con el conflicto armado que marcó la historia reciente del país. A pesar de que la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en 2016 y ordenó la creación de una Ley de Justicia Restaurativa que garantice verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, no se han logrado avances significativos en su aprobación.

Organizaciones de víctimas han presentado anteproyectos de ley sin que la Asamblea Legislativa, dominada por la mayoría oficialista, haya dado paso a su discusión o aprobación. Entre 2024 y 2025, la CDHES solicitó en dos ocasiones audiencia para abordar esta temática, pero fue rechazada.

La ausencia de políticas públicas orientadas a la reparación integral y la memoria histórica impacta directamente en los derechos de las víctimas, quienes continúan revictimizadas por la falta de acceso a la justicia y medidas de reparación. La Comisión concluye que la deuda del Estado con las víctimas permanece latente y que la creación de una ley transicional es fundamental para cerrar esta brecha.

Conclusiones y perspectivas para 2026

El informe de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador plantea una perspectiva preocupante para el 2026, con una democracia debilitada, concentración del poder en el Ejecutivo, restricciones a la libertad, y limitaciones para la sociedad civil y la justicia independiente.

Estos factores, combinados con la continuidad del régimen de excepción y la falta de avances en la justicia transicional, generan un escenario donde los derechos fundamentales y la institucionalidad están en riesgo. El informe hace un llamado a la reflexión y a la adopción de medidas que fortalezcan el respeto a los derechos humanos y la democracia en el país.

Este análisis se vuelve especialmente relevante en el contexto político y social de El Salvador, donde las transformaciones estructurales y la dinámica política han generado tensiones y desafíos para el equilibrio institucional y la protección de libertades.