Informe de la CIDH revela bajo cumplimiento de El Salvador en recomendaciones sobre régimen y seguridad pública

El informe anual para 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que El Salvador presenta un bajo cumplimiento en las recomendaciones emitidas por el organismo en materia de régimen de excepción y seguridad pública. Este régimen, vigente desde marzo de 2022, suspende garantías constitucionales y ha sido señalado por la CIDH como un punto crítico en el respeto a los derechos humanos en el país.

De acuerdo con el documento oficial, la CIDH realizó un total de 23 recomendaciones al Estado salvadoreño. Sin embargo, ninguna alcanzó un nivel de cumplimiento total o parcial sustancial. En detalle, el 13 % de estas recomendaciones (tres) fueron catalogadas como parcialmente cumplidas, el 70 % (dieciséis) permanecen pendientes y el 17 % (cuatro) son consideradas incumplidas.

Recomendaciones incumplidas: suspensión de derechos y participación militar

Una de las recomendaciones más relevantes que permanecen incumplidas es la relacionada a la suspensión de derechos y garantías constitucionales en el marco del régimen de excepción. La CIDH señala que el Estado salvadoreño no ha adoptado acciones concretas para terminar con esta suspensión ni ha establecido un plan para la restitución progresiva de las garantías restringidas.

El informe subraya que no se han identificado avances materiales orientados al cumplimiento de esta recomendación, por lo que la CIDH la considera incumplida. Esta situación refleja la continuidad del régimen que limita derechos fundamentales en un contexto de medidas extraordinarias contra la criminalidad.

Otra recomendación incumplida es la relacionada con el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. La CIDH indica que, en lugar de presentar un plan de retiro, el Estado ha adoptado y prorrogado medidas que mantienen y amplían la participación militar en actividades policiales, contraviniendo las recomendaciones internacionales para la separación de roles.

Prisión preventiva y acceso a centros penales

El informe también destaca la falta de cumplimiento en la recomendación de utilizar la prisión preventiva como una medida de último recurso y justificada, así como la necesidad de incorporar medidas alternativas a la detención. Según la CIDH, el Estado salvadoreño ha expresado su negativa a introducir reformas legales que amplíen el catálogo de medidas alternativas, rechazando categóricamente cualquier intento de la Comisión de asumir funciones legislativas.

Este rechazo al diálogo sobre reformas legales limita los avances en materia de derechos procesales y genera preocupación sobre el respeto al debido proceso en el país.

Asimismo, la CIDH señala que no se ha cumplido con la recomendación de habilitar la visita de familiares, representantes y autoridades a los centros penales. Aunque existen acciones puntuales y preparatorias, no hay evidencia suficiente de implementación ni resultados materiales que permitan considerar un cumplimiento efectivo.

Preocupaciones sobre detenciones y derechos humanos

El informe advierte con preocupación que defensores y defensoras de derechos humanos han sido detenidos sin acceso a sus abogados y trasladados a lugares desconocidos, lo que contraviene las garantías básicas del debido proceso y la protección judicial efectiva. Esta situación ha sido un punto crítico en la evaluación del respeto a los derechos humanos durante el régimen de excepción.

Contexto del régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción en El Salvador cumplió cuatro años el pasado mes, impulsado por el presidente Nayib Bukele y respaldado por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas. Esta medida fue implementada como respuesta a la violencia generada por pandillas, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública.

Durante este periodo, se han registrado más de 91,000 detenciones relacionadas con la lucha contra la criminalidad. No obstante, estas acciones han estado acompañadas de numerosas denuncias por presuntos atropellos a los derechos humanos. Organizaciones nacionales e internacionales han recibido más de 6,400 denuncias y reportan alrededor de 517 muertes de personas detenidas en el contexto de estas medidas.

El informe de la CIDH se enmarca en este contexto de tensión entre las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno y las preocupaciones sobre la protección de derechos fundamentales. La Comisión enfatiza la necesidad de que El Salvador adopte un enfoque equilibrado que garantice la seguridad sin sacrificar las garantías constitucionales y los derechos humanos.

Conclusiones y desafíos futuros

El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea un llamado crítico al Estado salvadoreño para que mejore el cumplimiento de las recomendaciones en materia de régimen de excepción y seguridad pública. La ausencia de avances significativos en aspectos clave como la suspensión de derechos, la participación militar en seguridad pública, el uso de la prisión preventiva y el acceso a centros penales, representa un reto para la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

Frente a esta situación, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la vigilancia sobre la implementación de políticas que respeten los estándares internacionales y propicien un entorno de seguridad compatible con las garantías constitucionales.

El Salvador se encuentra en un momento crucial para equilibrar las acciones en materia de seguridad con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, condición indispensable para fortalecer la democracia y el Estado de derecho.