Informe internacional documenta posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador durante régimen de excepción

Un grupo internacional de expertos en derechos humanos presentó un informe en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que documenta posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en El Salvador bajo el régimen de excepción vigente desde 2022. La investigación, que se llevó a cabo durante varios meses, analiza testimonios, bases de datos, fotografías forenses y otros elementos que evidencian un patrón sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos.

Presentación y hallazgos del informe ante la CIDH

El informe fue dado a conocer durante el periodo de sesiones que la CIDH realiza esta semana en Guatemala. El documento fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES),que cuenta con especialistas en derecho penal internacional, derechos humanos y seguridad, provenientes de diversas instituciones internacionales.

Los expertos concluyen que existen “bases razonables para creer” que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, caracterizados por su generalización, sistematicidad e intencionalidad represiva. Señalan que estos hechos no son meros excesos aislados, sino que forman parte de un patrón de actuación estatal que configura un ataque sistemático contra la población civil, uno de los elementos clave para la tipificación de estos crímenes en el derecho internacional.

Respuesta oficial y defensa del régimen de excepción

Durante la audiencia, la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira, representante del Estado ante la CIDH, optó por no responder directamente a los señalamientos contenidos en el informe. Sin embargo, defendió el régimen de excepción como una medida esencial para garantizar la seguridad y justicia en el país. Rechazó que la política sea violatoria de derechos humanos y negó las denuncias de desapariciones forzadas y criminalización de activistas.

La funcionaria aseguró que en el país se cumple con el debido proceso y se garantiza la defensa técnica de los detenidos bajo esta medida. Afirmó que la defensa de los derechos humanos no es criminalizada, pero que tampoco puede ser utilizada como una carta de inmunidad frente a conductas delictivas, resaltando el principio de igualdad ante la ley.

No obstante, el informe del GIPES hace referencia explícita al artículo 7 del Estatuto de Roma, que define crímenes de lesa humanidad por la repetición sistemática de actos como asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución por motivos políticos.

Patrones identificados: pandillas y persecución política

El análisis del informe se centra en dos líneas principales de hechos. La primera documenta el tratamiento hacia personas acusadas de pertenecer a pandillas durante el régimen de excepción. Se recopilaron entrevistas con víctimas y familiares, análisis de bases de datos sobre detenciones y reportes de organizaciones nacionales e internacionales.

Los hallazgos incluyen agresiones sexuales en centros penitenciarios con consentimiento de las autoridades, muertes por estrangulamiento, ahorcamiento y uso de objetos cortopunzantes, además de detenciones arbitrarias. El informe advierte que el régimen de excepción ha derivado en una forma habitual de administración estatal que ha permitido violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos.

La segunda línea de investigación se enfoca en detenciones y persecución contra defensores de derechos humanos y opositores políticos. Según los expertos, la medida extraordinaria se ha convertido en un mecanismo estructural para normalizar la represión bajo apariencia de legalidad, afectando a personas percibidas como críticas del Gobierno.

Implicaciones legales y recomendaciones internacionales

El informe plantea que la documentación de estos patrones podría servir como base para futuras investigaciones sobre posibles crímenes cometidos en el país. En el derecho internacional, este tipo de reportes suelen ser utilizados por mecanismos de derechos humanos o tribunales para evaluar la apertura de investigaciones y determinar responsabilidades.

Además, los expertos destacan la posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron la política de seguridad, mencionando cargos específicos como la Presidencia de la República, el director de Centros Penales, el director de Reconstrucción del Tejido Social, el director del Organismo de Inteligencia del Estado y el Órgano Legislativo, entre otros.

En este sentido, el GIPES recomendó a la Corte Penal Internacional (CPI) analizar la situación de El Salvador bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma para iniciar una investigación de oficio sobre crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura, asesinato, desaparición forzada y otros actos inhumanos cometidos en el marco de la política de seguridad iniciada en 2021.

Contexto nacional y percepción pública

El régimen de excepción fue instaurado en 2022 con el argumento de combatir la criminalidad y reducir los homicidios en el país. El Gobierno ha defendido esta política como un logro en materia de seguridad. Según la encuesta más reciente de LPG Datos, el 70.3 % de los salvadoreños identifica la seguridad como el principal resultado positivo del Ejecutivo. Sin embargo, solo un 2.2 % considera que las capturas arbitrarias durante el régimen constituyen un fracaso.

Respuesta pendiente del Gobierno salvadoreño

Este medio solicitó una postura oficial a la Secretaría de la Presidencia respecto a los señalamientos del informe, pero hasta el cierre de esta publicación no se recibió una respuesta formal. Mientras tanto, la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos siguen atentos a los desarrollos relacionados con la situación en El Salvador y el seguimiento que pueda dar la Corte Penal Internacional.

La presentación de este informe representa un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos en el país, incluso en el marco de políticas públicas orientadas a la seguridad y el orden. La investigación internacional subraya la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales como pilares imprescindibles para la democracia y la justicia en El Salvador.