Informe revela persecución política contra 245 personas en El Salvador entre 2019 y 2025

Un informe presentado recientemente documenta al menos 245 personas en El Salvador que han sido víctimas de persecución política entre 2019 y 2025. La investigación, elaborada por una reconocida organización de derechos humanos, revela que estos actos de represión se dirigieron contra individuos considerados como "voces críticas" frente al Estado salvadoreño.

El documento titulado “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025” fue dado a conocer el 5 de marzo en Ciudad de Guatemala, donde la organización tiene su base tras el cierre de operaciones en El Salvador debido a presiones y amenazas estatales.

Contexto y alcance del informe

La investigación detalla 237 actos de persecución política contra 245 personas, aunque advierte que la cifra podría ser mayor debido a las limitaciones estructurales en el acceso a la información pública y las condiciones adversas para documentar estos hechos de manera independiente en el país.

El análisis se estructura en torno a tres modalidades principales:

• Persecución extrajudicial: acciones fuera del marco legal que buscan silenciar o eliminar a opositores.
• Acciones punitivas no penales: medidas administrativas o sociales que buscan castigar la disidencia sin procesos judiciales formales.
• Criminalización: utilización del sistema penal para procesar y condenar a quienes expresan opiniones contrarias al gobierno.

Además, el informe incluye un análisis detallado de 20 casos emblemáticos que ejemplifican estas prácticas y fortalecen la comprensión sobre las estrategias de represión.

Casos emblemáticos y patrones de represión

Entre los casos destacados se encuentran la captura del hijo del líder indígena Silverio Morales, procesos judiciales contra periodistas como Carolina Amaya y Víctor Barahona, la detención y muerte bajo custodia estatal del asesor de seguridad Alejandro Muyshondt, así como la aprehensión del exalcalde Ernesto Muyshondt.

El informe indica que las acciones judiciales han sido utilizadas como instrumentos para neutralizar completamente la disidencia, evidenciando una estrategia sistemática de eliminación política y social. Este uso del derecho penal como mecanismo de represión se ha profundizado en los últimos años.

Durante la presentación, el director ejecutivo de la organización enfatizó que este informe no se trata de una mera advertencia, sino de una afirmación contundente de que existe persecución política en El Salvador.

Deterioro democrático y captura institucional

La investigación subraya que los casos documentados reflejan un acelerado deterioro democrático en el país, con una captura institucional de diversas dependencias del Estado. Estas entidades son empleadas como herramientas de represión contra voces críticas.

Según el informe, el 70% de las personas perseguidas enfrentaron procesos de criminalización como estrategia para silenciar la disidencia, evidenciando un patrón sistemático en el uso del poder punitivo estatal.

Se recalca que ejercer la libertad de expresión o participar en asuntos públicos que no coincidan con las posturas gubernamentales es percibido como una amenaza a los intereses del Estado, lo que conduce a medidas penales contra los involucrados. Ejemplos recientes incluyen la captura del abogado Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez en mayo de 2025, quienes fueron detenidos durante una protesta y liberados tras declararse culpables de desórdenes públicos y resistencia.

Grupos más afectados y contexto legal

El grupo más afectado dentro de los casos documentados corresponde a personas con protección internacional especial, que representan el 60.4% de las hostilidades. Esta categoría incluye a defensores de derechos humanos, ambientalistas, sindicalistas, líderes indígenas, periodistas y operadores de justicia.

El informe señala que la vigencia del régimen de excepción, establecido desde marzo de 2022, ha facilitado la persecución. La medida ha permitido la aprobación de leyes y reformas que desnaturalizan el sistema penal acusatorio que fue adoptado tras los Acuerdos de Paz, instaurando un “derecho penal del enemigo”.

Este nuevo marco legal ha modificado garantías procesales fundamentales, como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, entre otros, debilitando el Estado de derecho en El Salvador.

Presos políticos y llamado a la comunidad internacional

La investigación reconoce la existencia de presos políticos en el país y solicita al Estado salvadoreño el cese inmediato de la persecución política, así como la reparación integral a las víctimas.

Asimismo, se exige garantizar la independencia judicial y fortalecer el Estado de derecho, acompañado de transparencia y rendición de cuentas en los procesos estatales.

Como parte de estas acciones, se solicita que se permita el ingreso al país de relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),con el fin de constatar y evaluar las denuncias documentadas.

Implicaciones para El Salvador

Este informe se suma a las preocupaciones internacionales sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en El Salvador. La criminalización de la disidencia y el uso del sistema penal para silenciar críticas representan un desafío para la convivencia democrática y el respeto a las libertades fundamentales.

El contexto actual plantea interrogantes sobre el futuro del sistema democrático salvadoreño, la independencia de sus instituciones y la protección efectiva de los derechos humanos, elementos esenciales para la estabilidad social y política del país.

La comunidad nacional e internacional sigue atenta a los desarrollos y a las medidas que adopte el Gobierno para atender estas denuncias y garantizar un entorno donde la libertad de expresión y la participación ciudadana no sean objeto de persecución.