Inicia audiencia única contra 135 imputados en régimen de excepción en El Salvador

El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado inició este jueves 9 de abril de 2026 una audiencia única abierta contra 135 personas acusadas de agrupaciones ilícitas y otros delitos vinculados al régimen de excepción vigente en El Salvador. La audiencia fue suspendida al mediodía y su continuación está programada para el próximo lunes.

Los imputados se encuentran recluidos en diversos centros penitenciarios del país, entre ellos el Centro de Máxima Seguridad de Tecoluca, el Centro Preventivo de Cumplimiento de Penas de Ilopango, el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, el Centro Penal de Seguridad de San Vicente, el Complejo Penal La Esperanza (Mariona),así como los centros penales de Izalco, Apanteos y la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca.

Audiencia única abierta: marco legal y operatividad

Este tipo de audiencia es una figura establecida en las recientes reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, que permiten que un proceso judicial permanezca abierto hasta por dos años, siempre que la Fiscalía continúe incorporando nuevos imputados a la estructura criminal que se está juzgando. En este contexto, el Tribunal puede mantener activa la audiencia para la presentación de acusados y pruebas adicionales.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que, durante estas audiencias únicas abiertas, los abogados defensores enfrentan limitaciones significativas para acceder a los expedientes. El acceso a la documentación es restringido y debe ser autorizado directamente por el Tribunal, lo que implica que la defensa no conoce la totalidad de la acusación ni de las pruebas hasta el día de la audiencia.

Implicaciones para la defensa y polémicas

Una fuente cercana al proceso, que prefirió mantener el anonimato, señaló que esta modalidad complica la labor de defensa:

"Son procesos bien complicados para la defensa, porque no tenemos libre acceso a los expedientes y algunos documentos se conocen hasta el día de la audiencia. Las pruebas en contra de los procesados son vagas, generales y en el mejor de los casos, hay testimonio de algún criteriado con muchas incongruencias. La prueba es nula para acusar".

Este testimonio criteriado se refiere comúnmente a personas que colaboran con la Fiscalía a cambio de beneficios, a menudo vinculados con pandillas, lo que genera incertidumbre y preocupación entre familiares de los imputados.

Reacciones de familiares de los imputados

Familiares de los procesados manifestaron desconocimiento y preocupación sobre el desarrollo de estas audiencias. La falta de información oficial y la naturaleza de las pruebas generan temor ante posibles condenas injustas.

Una familiar, que solicitó reserva de su identidad, expresó su inquietud:

"No dan ninguna información, uno anda preguntando pero siempre dicen que nadie sabe, ni para las fechas de las audiencias. Es difícil sobrellevar esto porque sabemos que, en mi caso, mi hijo no pertenece a ningún grupo criminal, es estudiante y ahora ha sido agrupado en estos procesos y mi temor es que le pongan una condena".

Este tipo de situaciones evidencia la complejidad humana y legal que atraviesan los procesos judiciales en el marco del régimen de excepción, instaurado desde mediados de 2023 para combatir la criminalidad organizada.

Casos emblemáticos y condenas recientes

En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este 9 de abril que 26 imputados fueron condenados a penas que oscilan entre 25 y 60 años de prisión por delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico de droga y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Estas condenas fueron emitidas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel en el marco de una audiencia abierta similar.

Asimismo, la Fiscalía sostuvo recientemente reuniones con padres de jóvenes acusados de intentar conformar una nueva pandilla denominada "La Raza", así como con sus defensores legales. En estos encuentros se informó que la audiencia única abierta para este caso está programada para junio del presente año.

Contexto y cifras del régimen de excepción en El Salvador

Desde la implementación del régimen de excepción el 1 de junio de 2023, las autoridades han procesado a un total de 19,511 personas, según un conteo basado en las memorias de labores de la Fiscalía que abarcan hasta el 31 de mayo de 2025. Esta medida extraordinaria ha sido un pilar en la estrategia del Estado salvadoreño para enfrentar la criminalidad organizada y las pandillas, que históricamente han representado un desafío para la seguridad pública.

Sin embargo, la aplicación del régimen ha generado un debate significativo sobre el respeto a las garantías procesales y los derechos humanos, en especial por la duración y el modo en que se desarrollan estas audiencias únicas abiertas, las limitaciones de la defensa y la naturaleza de las pruebas utilizadas para las acusaciones.

Conclusión

La instalación de audiencias únicas abiertas representa un mecanismo legal novedoso en el sistema judicial salvadoreño, diseñado para afrontar la complejidad de los casos vinculados al crimen organizado durante el régimen de excepción. No obstante, las restricciones en el acceso a expedientes y la dependencia de testimonios criteriados han suscitado críticas y preocupación tanto en sectores judiciales como en familiares de los imputados.

El desarrollo de estos procesos judiciales continuará siendo un tema central en la agenda pública y legal en El Salvador, en la medida que se busque equilibrar la eficacia en la persecución penal con la garantía de los derechos fundamentales.