Insight Crime cuestiona metodología oficial en conteo de homicidios en El Salvador

Un reciente informe publicado por la organización Insight Crime ha puesto en entredicho la metodología empleada por las autoridades salvadoreñas para el conteo de homicidios. Según el documento, El Salvador reportó en 2025 un total de 82 homicidios, cifra que representa la tasa más baja en la historia del país, con 1.2 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, la organización especializada en temas de seguridad y violencia en América Latina advierte que estos datos son "poco fiables e incompletos" debido a la forma en que se recopilan y definen las muertes violentas.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó a través de sus redes sociales que durante 2025 hubo 67 homicidios a nivel nacional. Posteriormente, en enero de 2026, el Gabinete de Seguridad presentó un reporte oficial en el que se elevó el número a 82. No obstante, esta cifra excluye un conjunto considerable de muertes relacionadas con violencia, como las ocurridas en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos miembros de pandillas, los feminicidios, las osamentas halladas en fosas clandestinas, y los privados de libertad con señales de muerte violenta bajo custodia estatal.

Definición restrictiva y exclusión de casos clave

El informe de Insight Crime señala que el Gobierno salvadoreño utiliza una definición de homicidio mucho más restrictiva en comparación con otros países de la región. Por ejemplo, no incluyen en las estadísticas oficiales los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, una práctica comúnmente usada por pandillas para ocultar víctimas, ni las muertes ocasionadas por agentes policiales o en centros penales. Esto genera una subestimación de la violencia real que afecta al país.

"Los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como las muertes a manos de la policía y los asesinatos en prisión, quedan excluidos de las estadísticas oficiales", indica el informe, que advierte que esta forma de contabilizar no permite establecer comparaciones confiables con las tasas de homicidio de otras naciones.

Comparación con estándares internacionales

Para fundamentar su análisis, Insight Crime se basa en el Protocolo de Bogotá, un estándar internacional que define homicidio como "la muerte de una persona causada por un ataque intencional de otra u otras personas". Esta definición excluye homicidios no intencionales, accidentes y tentativas, pero incluye muertes derivadas de conflictos armados, disturbios civiles, prisiones y acciones de autoridades.

El informe destaca que desde 2019 El Salvador no sigue esta metodología internacional, ya que omite contabilizar homicidios cometidos por la policía contra supuestos pandilleros, muertes en prisiones y cuerpos encontrados en fosas no marcadas. Esta falta de alineación dificulta la transparencia y la verificación de las cifras oficiales, afectando el acceso a datos desagregados y fiables.

Historial de cuestionamientos y falta de transparencia

Insight Crime ha mantenido una postura crítica sobre las estadísticas oficiales de homicidios en El Salvador durante los últimos años. En 2019, ya señalaba que las muertes de personas reportadas como desaparecidas no figuraban en el conteo, lo que generaba una subestimación importante de la violencia real. En 2022, la organización volvió a cuestionar la exclusión de muertes en prisión y a manos de la policía, además de la dificultad para verificar la caída abrupta en la tasa de homicidios debido a la falta de acceso a datos detallados.

Para 2023, el informe agregó que se seguían excluyendo hallazgos de osamentas y ejecuciones extrajudiciales, mientras que las autoridades cambiaban sus criterios estadísticos, dificultando aún más la comparación interanual y regional de los datos.

Contexto nacional y desafíos en la estadística de violencia

La problemática de la violencia en El Salvador ha sido uno de los temas más sensibles para las autoridades y la sociedad. En los últimos años, el país ha implementado medidas de seguridad rigorosas que han impactado las cifras oficiales de homicidios. Sin embargo, la metodología para contabilizar estos crímenes sigue siendo un tema controvertido que afecta la percepción y el análisis de la violencia real en el territorio.

Por ejemplo, la exclusión de muertes violentas ocurridas dentro del sistema penitenciario o durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad limita la comprensión integral de los retos en materia de seguridad pública. Asimismo, el ocultamiento de cuerpos en fosas clandestinas, una práctica recurrente en los conflictos entre pandillas y con agentes estatales, no queda reflejado en las estadísticas oficiales, lo que genera un subregistro significativo.

Respuesta institucional pendiente

Ante estos señalamientos, se intentó obtener la versión oficial de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia respecto a las observaciones de Insight Crime. También se les consultó sobre la no aplicación del Protocolo de Bogotá en la definición y recuento de homicidios. Sin embargo, al cierre de esta publicación, las instituciones no habían emitido respuesta.

La ausencia de una postura oficial mantiene abierta la discusión sobre la confiabilidad y transparencia de las cifras de homicidios en El Salvador, un país que continúa enfrentando retos significativos en materia de seguridad y justicia.

Conclusiones

El informe de Insight Crime evidencia que, aunque El Salvador reporta una tasa de homicidios históricamente baja, la forma en que se recogen y presentan los datos limita la posibilidad de realizar análisis comparativos y profundos sobre la violencia real en el país. La exclusión de muertes en contextos específicos y la falta de transparencia en la información evidencian la necesidad de revisar y adecuar los sistemas estadísticos para reflejar con mayor precisión la realidad de la seguridad pública.

El desafío para las autoridades salvadoreñas es garantizar que las estadísticas oficiales sean completas, confiables y alineadas con estándares internacionales, para fortalecer la formulación de políticas públicas y la confianza social en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y justicia en el país.