Joven venezolano demanda a Estados Unidos por detención y deportación al CECOT en El Salvador

La firma de abogados Parker & McConkie, con sede en Utah, Estados Unidos, presentó un aviso de demanda contra la administración estadounidense por la detención y deportación de un joven venezolano de 20 años al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Según el escrito, el joven sufrió malos tratos y torturas durante su reclusión en dicho centro, ubicado en San Juan Opico.

Este aviso de demanda representa el primer paso para iniciar un proceso legal que busca una compensación económica de 56 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda acción legal contra el gobierno estadounidense vinculada a estas deportaciones.

Detalles del caso y antecedentes migratorios

Los abogados identifican a su cliente con el seudónimo Johnny Hernández, quien ingresó legalmente a Estados Unidos y carece de antecedentes penales. Pese a ello, fue detenido en San Diego por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado sin el debido proceso al CECOT.

La familia de Hernández abandonó Venezuela cuando él tenía 11 años, refugiándose inicialmente en Colombia y posteriormente en México. En agosto de 2024, lograron obtener el permiso de entrada legal a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, cruzando la frontera en San Diego. Sin embargo, Hernández fue detenido acusado de pertenecer al grupo criminal conocido como Tren de Aragua, acusación que él niega rotundamente.

La familia ha solicitado asilo en Estados Unidos y tiene una audiencia programada para 2028. En el documento legal, los abogados resaltan que no existen confirmaciones públicas sobre la vinculación de los venezolanos deportados con dicha pandilla. Por el contrario, se trata de personas con un estatus migratorio adecuado que fueron afectadas por una aplicación indiscriminada de las leyes migratorias.

Contexto legal y medidas judiciales

Johnny Hernández forma parte de un grupo de más de 200 venezolanos enviados al CECOT en marzo de 2025 y liberados en julio del mismo año en Venezuela. Para efectuar estas deportaciones, la administración del expresidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Sin embargo, el juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, emitió una orden para detener las expulsiones durante 14 días y ordenó que los vuelos con deportados regresaran a Estados Unidos. Según el escrito, Hernández fue expulsado bajo la orden ejecutiva de Trump y formaba parte del grupo protegido por la orden judicial, por lo que no debió haber sido detenido ni deportado, además de que debió recibir el debido proceso y los derechos correspondientes.

Denuncias de malos tratos y abusos en el CECOT

El aviso de demanda detalla que Hernández sufrió maltrato físico, psicológico y emocional durante los cuatro meses que permaneció en el CECOT. Los abogados relatan que fue brutalmente golpeado y pateado por guardias en múltiples ocasiones, además de recibir una lesión con bala de goma en el hombro que le dejó daños permanentes.

Durante una protesta en la prisión, los reclusos se negaron a consumir alimentos por un día en respuesta a los malos tratos, pero como castigo no se les proporcionó comida por dos días adicionales. En ese contexto, los guardias ingresaron a las celdas y comenzaron a golpear a los presos. Algunos intentaron huir, mientras que otros utilizaron barras de las camas para defenderse, lo que desencadenó una respuesta violenta de los custodios, quienes dispararon balas de goma contra los internos.

Una de estas balas alcanzó el hombro de Hernández, causando una herida profunda que no recibió tratamiento médico adecuado. Los guardias se negaron a permitir atención médica y llegaron a manipular la herida de manera cruel, preguntándole si sentía dolor para luego continuar con los maltratos si respondía afirmativamente. Sus compañeros de celda tuvieron que extraer la bala de goma para evitar mayores daños.

Las secuelas físicas y psicológicas persisten, incluyendo discapacidad permanente en el hombro, contusiones, cicatrices, trastorno de estrés postraumático (TEPT),ansiedad y depresión. La firma legal sostiene que el gobierno estadounidense sabía o debería haber sabido que la deportación al CECOT expondría a Hernández a un alto riesgo —cuando no certeza— de abusos y torturas.

Respuesta de las autoridades estadounidenses y salvadoreñas

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que respaldan las decisiones de sus agentes y confían en la inteligencia policial, rechazando compartir informes que puedan comprometer la seguridad nacional. Aseguraron que los deportados cuentan con un proceso legal y evaluaciones rigurosas que cumplen con la Constitución estadounidense.

Por su parte, el Gobierno de El Salvador ha negado sistemáticamente las denuncias de malos tratos y torturas en sus centros penitenciarios, especialmente tras la implementación del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. El vicepresidente Félix Ulloa señaló que el estado de excepción no ha afectado libertades públicas y que las muertes en cárceles o en hospitales no están relacionadas directamente con esta medida.

Sin embargo, un informe emitido por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES) concluyó que existe una base razonable para creer que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad gubernamental.

Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),voceros del Estado salvadoreño defendieron el régimen de excepción y rechazaron denuncias de desapariciones forzadas y criminalización de activistas, asegurando que la medida no vulnera derechos humanos, pese a las más de 90,000 detenciones ocurridas desde su implementación.

Implicaciones y perspectivas

El caso de Johnny Hernández pone en el centro del debate internacional la política migratoria estadounidense y sus consecuencias en terceros países, en este caso El Salvador, donde los deportados enfrentan condiciones que podrían constituir violaciones graves a los derechos humanos.

La demanda que se inicia representa un desafío jurídico para la administración estadounidense y un llamado a revisar los procedimientos de detención, deportación y protección de derechos de migrantes, especialmente aquellos que llegan con estatus legal y sin antecedentes penales. Además, reabre la discusión sobre el régimen de excepción en El Salvador y las denuncias internacionales sobre el trato a los detenidos bajo este sistema.

Este escenario también refleja la compleja relación entre políticas de seguridad, migración y derechos humanos en la región centroamericana y Estados Unidos, donde las medidas adoptadas para combatir la criminalidad y la migración irregular pueden derivar en situaciones de vulneración sistemática de garantías fundamentales.

La evolución de esta demanda será monitoreada de cerca por organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales, que señalan la necesidad de garantizar el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria.