Jueza federal ordena el regreso a EE.UU. de mujer protegida por DACA tras deportación injustificada

Una jueza federal en California emitió una orden que obliga al gobierno de Estados Unidos a permitir el regreso al país de una mujer mexicana que fue deportada pese a estar protegida por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). La decisión judicial destaca la complejidad y controversia en torno a los procesos migratorios y la aplicación de políticas bajo la administración actual.

María de Jesús Estrada Juárez, de 42 años, fue deportada el 19 de febrero de 2024, apenas 24 horas después de ser arrestada en Sacramento, California, durante una entrevista para el ajuste de su estatus migratorio. A pesar de contar con protección vigente bajo DACA y no poseer antecedentes penales, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en las oficinas donde acudió junto a su hija, ciudadana estadounidense de 22 años.

Contexto del caso y antecedentes migratorios

Estrada Juárez ingresó inicialmente a Estados Unidos sin inspección en diciembre de 1998, cuando tenía 15 años. Fue deportada en ese momento, pero posteriormente volvió a ingresar de manera indocumentada durante su minoría de edad. Se estableció en California y, en 2012, obtuvo la protección del programa DACA, el cual estaba vigente al momento de su arresto en febrero de 2024.

El arresto se produjo durante una entrevista para la obtención de la tarjeta de residencia, un trámite que la mujer realizaba acompañada por su hija en las instalaciones del USCIS en Sacramento. En esa instancia, los agentes migratorios tomaron sus huellas digitales y presentaron una orden de deportación emitida en 1998, cuando Estrada Juárez era menor de edad. Posteriormente fue trasladada en autobús a la frontera con México, en un viaje que duró más de diez horas.

La orden judicial y su impacto

La jueza Dena Coggins, a cargo del caso en una corte federal de California, emitió su fallo la noche del lunes posterior a la deportación. En su resolución, ordenó al gobierno de Estados Unidos reinstaurar la protección DACA a Estrada Juárez y ejecutar su retorno al país en un plazo máximo de siete días. La decisión se basa en la determinación de que el programa DACA protege a sus beneficiarios de la deportación y que, en este caso, su expulsión fue improcedente.

El programa DACA fue instaurado durante la administración del expresidente Barack Obama con la finalidad de proteger a jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en la niñez, permitiéndoles residir y trabajar legalmente sin temor a ser deportados. Sin embargo, durante el gobierno del expresidente Donald Trump se intensificaron las medidas migratorias, incluyendo detenciones y deportaciones incluso de personas amparadas bajo este programa.

Contexto nacional y políticas migratorias en Estados Unidos

En el marco de un plan de deportaciones masivas impulsado por la administración Trump, cientos de beneficiarios de DACA han sido arrestados y deportados. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),entre enero y septiembre de 2024 se registraron al menos 270 expulsiones de personas protegidas bajo este programa, lo que ha generado preocupación y denuncias sobre violaciones a los derechos de los inmigrantes.

Este caso en particular ha llamado la atención pública y mediática debido a las circunstancias de la detención durante un trámite migratorio legítimo y la aparente falta de revisión de antecedentes, dado que Estrada Juárez no posee historial criminal y ha vivido en Estados Unidos por más de 25 años. Su hija, ciudadana estadounidense, también ha manifestado preocupación por la situación y las consecuencias que puede tener para su núcleo familiar.

Implicaciones legales y sociales

La orden de la jueza Coggins establece un precedente importante en la protección judicial de los beneficiarios de DACA frente a acciones administrativas que podrían contravenir los derechos establecidos por este programa. Asimismo, pone en evidencia las tensiones existentes entre el poder judicial y las políticas migratorias ejecutivas, especialmente en un contexto de mayor rigidez en el control migratorio.

Para la comunidad migrante en Estados Unidos y también para países como El Salvador, donde la migración hacia Estados Unidos es significativa, casos como el de María de Jesús Estrada Juárez generan un llamado a la revisión y mejora de los procesos migratorios, así como a la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes que contribuyen social y económicamente en sus comunidades de acogida.

Conclusión

El fallo judicial que ordena el regreso de Estrada Juárez a Estados Unidos representa una victoria jurídica para quienes defienden la vigencia y respeto del programa DACA en medio de políticas migratorias restrictivas. Sin embargo, también subraya la necesidad de un debate más amplio y estructurado sobre la protección de los derechos de los migrantes y la implementación justa de las leyes migratorias.

El caso continúa bajo seguimiento y será un referente para futuras decisiones relacionadas con la deportación de personas amparadas por programas de protección migratoria en Estados Unidos.