Jueza federal prohíbe al ICE detener nuevamente a salvadoreño Kílmar Ábrego tras vencimiento de plazo legal

Una jueza federal en Maryland dictaminó el martes 17 de febrero de 2026 que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no puede detener nuevamente a Kílmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño, debido a que ha vencido el período legal de detención de 90 días y el gobierno estadounidense no cuenta con un plan viable para su deportación.

El caso de Ábrego García, quien ha vivido en Maryland durante varios años y tiene esposa e hijo ciudadanos estadounidenses, se ha convertido en un punto sensible dentro del debate migratorio en Estados Unidos. Esto se debe a que el año pasado fue deportado por error a El Salvador, país al que no podía regresar según determinaciones judiciales previas, y desde entonces ha estado enfrentando una posible segunda deportación, esta vez hacia varios países africanos que el Departamento de Seguridad Nacional propuso.

Contexto del caso y antecedentes

Kílmar Ábrego ingresó a Estados Unidos de manera irregular cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque enfrentaba amenazas de violencia por parte de una pandilla que había puesto en riesgo a su familia. A pesar de esta sentencia, fue deportado erróneamente a su país natal en 2025.

La deportación generó una fuerte reacción pública y una orden judicial que obligó al gobierno estadounidense a revertir la medida y traerlo de regreso en junio de 2025. No obstante, su regreso estuvo condicionado a una acusación formal por presunto tráfico de personas en Tennessee, cargo que Ábrego García ha negado.

Propuesta de deportación a países africanos y rechazo judicial

Funcionarios del gobierno del expresidente Donald Trump han sostenido que Ábrego no puede permanecer en Estados Unidos. En documentos presentados ante tribunales, indicaron que pretendían deportarlo a países como Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia, una medida que generó cuestionamientos legales y humanitarios.

La jueza federal de distrito Paula Xinis, en su orden emitida el 17 de febrero, criticó al gobierno por ignorar de forma deliberada y sin justificación el único país que ha manifestado disposición para aceptar a Ábrego García como refugiado y al que él ha expresado su voluntad de trasladarse: Costa Rica.

La magistrada escribió que el gobierno ha hecho "amenazas vacías" para expulsar al salvadoreño a países africanos, sin que exista una posibilidad real de éxito en dichos intentos. Por esta razón, concluyó que no existe "buen motivo para creer" que la deportación sea probable en un futuro razonablemente previsible.

Detalles de la orden judicial y argumentos legales

La orden emitida prohíbe explícitamente a los funcionarios responsables del ICE volver a poner a Kílmar Ábrego bajo custodia migratoria. En ella se establece que la detención migratoria no debe ser un castigo ni una medida indefinida, sino un mecanismo para facilitar una deportación factible.

El abogado que representa a Ábrego García argumentó que, desde que la jueza Xinis ordenó su liberación a mediados de diciembre de 2025, el gobierno ha intentado diversas estrategias para lograr su re-detención. Sin embargo, enfatizó que si el gobierno realmente tuviera un plan serio para deportar al señor Ábrego, ya lo habría enviado a Costa Rica, país que ha aceptado su llegada como refugiado.

Implicaciones para la política migratoria y casos similares

Este caso pone de relieve los desafíos legales y humanitarios que enfrentan los inmigrantes que han sido deportados erróneamente o que huyen de situaciones de peligro en sus países de origen. La falta de coordinación entre agencias gubernamentales y la propuesta de deportaciones a países sin vínculos claros con el inmigrante evidencian vacíos en la política migratoria estadounidense.

En el contexto salvadoreño, donde miles de personas emigran hacia Estados Unidos para escapar de la violencia y la pobreza, situaciones como la de Ábrego García acentúan la necesidad de mecanismos judiciales y administrativos que respeten los derechos humanos y garanticen procesos migratorios justos y transparentes.

Reacciones y próximos pasos

La decisión judicial ha sido recibida con atención por organizaciones defensores de derechos humanos y grupos pro inmigrantes, que consideran la orden como una protección importante frente a deportaciones arbitrarias y detenciones prolongadas sin garantías legales.

Las autoridades migratorias tendrán que ajustar sus procedimientos conforme a la orden de la jueza Xinis, que indica que no podrán volver a detener a Ábrego García ni proceder con su deportación sin un plan viable y realista que respete sus derechos y la ley.

Este caso continuará siendo un referente en la discusión sobre la reforma migratoria en Estados Unidos y el tratamiento de inmigrantes con antecedentes de deportaciones erróneas o condiciones de riesgo en sus países de origen.