Juzgado ordena juicio contra hermanos Rivas Álvarez por estafa en caso Forex en El Salvador

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador emitió este viernes 27 de febrero la resolución que ordena la apertura a juicio en contra de los hermanos Gerardo Javier, Carlos José y José Ricardo Rivas Álvarez, imputados por el delito de estafa agravada en perjuicio de 375 víctimas en el denominado Caso Forex. El monto defraudado asciende a aproximadamente $2.5 millones, según lo determinado en el proceso judicial.

Durante la audiencia preliminar, el juzgado detalló que los acusados utilizaron diversas estrategias para engañar a las personas afectadas. Estas fueron inducidas a invertir en una plataforma digital que supuestamente operaba en bolsa de valores, divisas de capital y otros productos financieros bancarios. Sin embargo, las evidencias presentadas demostraron que los inversionistas no recibieron ni las ganancias prometidas ni la devolución del capital invertido.

Ausencia de autorización financiera y medidas cautelares

El tribunal subrayó que los hermanos Rivas Álvarez carecían de cualquier permiso o autorización emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para captar fondos o realizar inversiones de manera legal. Ante este contexto, la jueza responsable del caso ratificó la medida cautelar de detención contra los procesados y ordenó girar órdenes de captura, ya que los imputados se encuentran en calidad de rebeldes.

Además, se emitió una alerta roja ante INTERPOL para gestionar la detención de los acusados en caso de que se encuentren fuera del territorio nacional.

Admisión de pruebas y situación de los testigos

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR),la parte querellante y la defensa fueron admitidas en su mayoría, con excepción de la presentación de algunos testigos que ya fallecieron y que también resultaron víctimas del fraude. Sin embargo, el juzgado permitió que las entrevistas previas realizadas a estos individuos sean consideradas como evidencia, lo que posibilitará que sus familiares puedan reclamar indemnización en caso de que se confirme la responsabilidad penal de los acusados.

Sin fondos para compensar a las víctimas

Durante la audiencia, la defensa de los hermanos Rivas Álvarez alegó la existencia de una cuenta bancaria en el extranjero con aproximadamente $12 millones que podría ser utilizada para resarcir a las víctimas. El juzgado encomendó a la Fiscalía verificar la existencia de dichos recursos y evaluar su disponibilidad para el pago de indemnizaciones.

No obstante, el fiscal encargado del proceso afirmó que, de forma extraoficial, no se ha encontrado dinero en la cuenta señalada ni en ninguna otra, lo que complica la recuperación de los fondos defraudados. Indicó que en un plazo aproximado de tres meses se contará con la documentación oficial solicitada para confirmar esta situación.

En su fallo, la jueza instó a la Fiscalía a realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer el destino del dinero de las víctimas y que esta información sea presentada durante la vista pública.

Víctimas y proceso judicial

Según fuentes de la Fiscalía, el fraude afecta a más de 800 personas a nivel nacional e internacional, aunque en el actual proceso se han acreditado 375 víctimas tras la presentación de cinco acusaciones formales. Se espera que en los próximos meses se incorporen al proceso las denuncias restantes.

El abogado querellante señaló que la apertura a juicio es un paso fundamental para determinar la culpabilidad de los imputados y establecer la responsabilidad en el delito de estafa agravada. También enfatizó que en la vista pública se valorará el conjunto de evidencias presentadas por todas las partes, y será el juez de sentencia quien decida la culpabilidad y las posibles sanciones.

Reacciones de las víctimas

Los afectados expresaron su esperanza de que los hermanos Rivas Álvarez sean condenados y que se les restituya el dinero invertido. Algunos denunciantes indicaron que entregaron sumas que van desde $1,000 hasta $80,000 y que presentaron sus denuncias desde 2019, esperando aún la recuperación de sus fondos.

Según declaraciones recogidas por medios locales, entre los afectados hay personas que realizaron inversiones desde otros países como Perú y Colombia, lo que evidencia el alcance internacional del fraude. Se mencionó que muchas víctimas confiaron en los acusados por supuestos vínculos religiosos y la promesa de inversiones seguras, pero finalmente fueron defraudadas.

Uno de los inversionistas afirmó: "Ha sido una estafa contra todos nosotros. Nos dijeron que los muchachos eran de una religión y creímos que se podía invertir. Yo di $5,000 y conozco a una persona en Canadá que invirtió $50,000. Íbamos a la oficina y nunca nos dieron nada, así siguió hasta que vimos que esto no iba a continuar la empresa y ahora queremos recuperar el dinero".

Contexto y relevancia en El Salvador

Este caso es uno de los fraudes financieros más significativos registrados en El Salvador en los últimos años, afectando a cientos de ciudadanos y generando un impacto económico considerable. La falta de regulación efectiva sobre plataformas digitales y la captación irregular de inversiones han sido señaladas como factores que facilitaron la comisión de este delito.

El proceso judicial que ahora inicia será clave para establecer precedentes en la lucha contra delitos financieros y para fortalecer la confianza de los inversionistas en el sistema financiero salvadoreño.

El seguimiento riguroso por parte de las autoridades y la cooperación internacional serán determinantes para esclarecer el destino de los recursos y garantizar la justicia para las víctimas.