Larry Devoe asume como fiscal general interino de Venezuela en medio de críticas y cambios institucionales

En un contexto de intensos cambios políticos e institucionales en Venezuela, Larry Devoe fue nombrado fiscal general interino tras la renuncia de Tarek William Saab, quien ocupaba el cargo desde 2017. Esta designación se produce en medio de un proceso de reconfiguración del Ejecutivo dirigido por Delcy Rodríguez y a poco más de dos meses de un operativo estadounidense en territorio venezolano que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La renuncia de Saab fue formalizada mediante una comunicación enviada a la Asamblea Nacional, en la que destacó haber cumplido con "hidalguía y honor" durante su gestión. Paralelamente, también presentó su dimisión Alfredo Ruíz, defensor del pueblo. Ante estas vacantes, el mecanismo previsto estipula la conformación de un comité de postulaciones que proponga candidatos para la elección parlamentaria. Sin embargo, en esta transición se han designado funcionarios encargados provisionalmente a través de votación, trasladando a Saab a su antiguo cargo de defensor del pueblo, que desempeñó entre 2014 y 2017.

Perfil y trayectoria de Larry Devoe

El nuevo fiscal general interino, Larry Devoe, es un abogado vinculado al chavismo y cercano a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Su carrera ha estado marcada por múltiples cargos jurídicos y diplomáticos dentro del gobierno venezolano. Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, posee maestrías en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y estado de derecho, ambas obtenidas en universidades españolas. Además, es especialista en ciencias penales y criminológicas y cuenta con diplomados en materia de derechos humanos.

Desde 2014, Devoe lideró la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela. También ha sido parte de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). En los últimos meses, fue miembro del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, iniciativa gubernamental creada para promover la estabilidad y el diálogo político nacional, que participó en la propuesta de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2024.

Además, formó parte de la Comisión de Alto Nivel para la Liberación de Maduro y Flores, establecida tras la incursión estadounidense. Devoe también integró la delegación oficialista en las negociaciones celebradas en Barbados con la oposición, destinadas a garantizar condiciones electorales para las elecciones presidenciales de 2024, aunque la oposición denunció incumplimientos posteriores, incluyendo la inhabilitación de candidatos y la persecución política.

Experiencia en organismos internacionales y derechos humanos

En el ámbito internacional, Devoe ha representado a Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y participó en 2016 en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En dichos espacios, ha rechazado la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que las instituciones nacionales han investigado todos los casos de violaciones de derechos humanos, postura cuestionada por organizaciones independientes.

Controversias y cuestionamientos en torno a los nombramientos

La designación de Devoe y el traslado temporal de Saab a defensor del pueblo han sido objeto de críticas. Organizaciones como el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) han señalado que estas modificaciones no representan una auténtica renovación institucional, sino más bien una "rotación de poder" que afecta la independencia y la confianza pública en las instituciones venezolanas.

En particular, el paso de Saab de fiscal general a defensor del pueblo genera inquietudes debido a su historial como funcionario vinculado estrechamente con el chavismo y acusado por opositores y organismos internacionales de utilizar el Ministerio Público como instrumento de persecución política y detenciones arbitrarias. Durante su gestión, iniciada en 2017 tras ser designado por la Asamblea Nacional Constituyente —órgano paralelo y dominado por el chavismo—, se han documentado numerosas denuncias de violaciones a derechos humanos y represión de manifestaciones antigubernamentales.

Legado de Tarek William Saab

Tarek William Saab, de ascendencia libanesa y con una trayectoria política asociada al chavismo desde la década de 1990, se ha presentado como defensor de los derechos humanos y ha defendido su gestión alegando que el Ministerio Público ha procesado a miles de funcionarios implicados en violaciones a derechos fundamentales. En su último informe anual, mencionó la condena de más de 800 personas y la imputación de más de 3,000, incluyendo a casi 3,000 agentes de seguridad estatal.

No obstante, organismos internacionales y la oposición venezolana cuestionan la credibilidad de estas cifras y exigen investigaciones independientes. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha reiterado la necesidad de profundizar en la indagación de violaciones sistemáticas. Asimismo, en el contexto electoral de 2024, Saab ha sido responsabilizado por la oposición de facilitar la represión tras unas elecciones denunciadas por irregularidades y fraude.

Contexto político y desafíos institucionales

Estos cambios en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo se producen en un escenario complejo para Venezuela, marcada por tensiones internas y presiones internacionales. La Ley de Amnistía recientemente aprobada fue presentada por el gobierno como un paso para sanar heridas y avanzar en un "nuevo momento político". Sin embargo, la oposición y sectores críticos mantienen reservas sobre la independencia y la transparencia del sistema judicial y de los órganos de defensa de los derechos ciudadanos.

La designación provisional de funcionarios afines al chavismo, como Devoe y Saab, plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la capacidad real de las instituciones para garantizar justicia imparcial y protección efectiva de los derechos humanos en el país.

En este contexto, la comunidad internacional y organizaciones no gubernamentales continúan vigilando de cerca la evolución del sistema judicial venezolano, mientras la población permanece expectante ante las transformaciones anunciadas y su impacto en la gobernabilidad y el respeto a las garantías fundamentales.