Latinoamericanos deportados a Congo enfrentan incertidumbre y condiciones precarias tras acuerdo con EE.UU.

Un grupo de 15 migrantes originarios de Colombia, Perú y Ecuador que fueron deportados la semana pasada desde Estados Unidos a la República Democrática del Congo (RDC) se encuentran en una situación de incertidumbre y precariedad, según declaraciones recogidas en una reciente investigación periodística. Estas deportaciones forman parte de un acuerdo bilateral firmado por el gobierno estadounidense durante la administración del expresidente Donald Trump, que ha generado cuestionamientos por posibles violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos.

De Estados Unidos al Congo: un destino inesperado

Entre los deportados está Jorge Cubillos, un colombiano que tras ocho años intentando establecerse en Estados Unidos huyendo de amenazas en su país, se encontró repentinamente en Kinshasa, la capital congoleña. Cubillos, quien contaba con permiso de trabajo y un proceso de asilo en trámite, relató que fue deportado sin explicaciones claras y separado de su familia, compuesta por su esposa y cuatro hijos residentes en Florida.

Desde una habitación en un hotel en Kinshasa, Cubillos expresó sentirse enfermo y desorientado, lejos de su entorno y sin una ruta clara sobre su futuro. "Nunca pensé que terminaría en África. Pensé que eran solo amenazas", señaló, evidenciando el desconcierto que viven estos migrantes en suelo africano.

Experiencias de detención y deportación

Otra deportada, identificada como Marta, narró cómo tras una larga batalla legal en Estados Unidos, que incluyó 14 meses en detención y la obtención de un habeas corpus, fue liberada y seguía un proceso migratorio regular. Sin embargo, el 2 de abril agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegaron a su domicilio en Texas, solicitando verificar su dirección y posteriormente deteniéndola sin previo aviso.

Fue trasladada a varios centros de detención en Texas y Luisiana, donde permaneció incomunicada y sin acceso a sus familiares durante días. Solo horas antes de ser deportada le informaron que su destino sería el Congo. Marta denunció condiciones de detención precarias y aseguró que sus derechos humanos fueron vulnerados durante este proceso.

Condiciones precarias y falta de información

Los deportados denuncian que las condiciones en el Congo están lejos de ser satisfactorias. Reportan falta de agua potable, cortes frecuentes de electricidad y restricciones para salir de las instalaciones donde se encuentran alojados temporalmente. Además, varios han presentado síntomas de salud como fiebre, vómitos y diarrea, atribuidos a la adaptación al nuevo entorno por las autoridades locales.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que el gobierno congoleño solicitó asistencia humanitaria para estas personas y que está disponible la opción de retorno voluntario asistido, aunque no se ha detallado cuántos han solicitado esta alternativa hasta el momento.

Críticas al acuerdo y violaciones a derechos internacionales

El Instituto de Investigación sobre Derechos Humanos (IRDH) en la RDC ha manifestado su rechazo al acuerdo con Estados Unidos, señalando que no existe base legal para traer migrantes desde terceros países y mantenerlos detenidos. El IRDH considera que este acuerdo contraviene principios internacionales como el de no devolución y externaliza las obligaciones de Estados Unidos en materia de protección a refugiados.

El director del IRDH enfatizó que las personas deportadas no han cometido delitos en la RDC y que la medida representa una violación a sus derechos fundamentales. Asimismo, instó al gobierno congoleño a suspender el acuerdo con Washington mientras se revisan las implicaciones legales y humanitarias.

Impacto psicológico y social en los migrantes

El grupo deportado manifiesta un sentimiento generalizado de abandono y desinformación sobre su situación y futuro. La falta de comunicación clara y apoyo suficiente ha afectado su salud emocional y psicológica. Marta expresó que las redes sociales han difundido información errónea, tildándolos injustamente de criminales, lo que ha aumentado su vulnerabilidad.

Por su parte, Carlos Rodelo, otro de los deportados, relató que contaba con protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT) en Estados Unidos, pero fue detenido y deportado sin que un juez se pronunciara sobre su caso. Describió el traslado como un proceso "inhumano", con más de 25 horas esposado durante el vuelo y sin información previa sobre su destino.

Un limbo legal y geográfico

La experiencia de estos migrantes refleja un limbo legal y geográfico que dificulta su acceso a derechos básicos, protección internacional y la posibilidad de reconstruir sus vidas. La incertidumbre sobre si podrán regresar a sus países de origen o a Estados Unidos, sumada a las condiciones adversas en Congo, genera un impacto profundo en su bienestar.

Jorge Cubillos resumió esta situación al afirmar: "Si tengo que escoger entre el Congo y Barranquilla, prefiero Barranquilla, pero volver a Barranquilla pone en riesgo mi vida". Esta afirmación pone en evidencia la complejidad de la crisis migratoria y las limitaciones de los mecanismos actuales para proteger a los solicitantes de asilo y migrantes vulnerables.

Contexto en El Salvador y la región

Aunque los deportados en este caso son originarios de Colombia, Perú y Ecuador, la situación alerta sobre los riesgos que enfrentan migrantes latinoamericanos en tránsito hacia Estados Unidos, incluidos salvadoreños que buscan protección o mejores condiciones de vida. El fenómeno pone en relieve la necesidad de políticas migratorias regionales y multilaterales que respeten los derechos humanos y ofrezcan respuestas humanitarias efectivas.

En El Salvador, un país con alta tasa de migración debido a la violencia y la pobreza, la incertidumbre internacional sobre procesos migratorios y deportaciones a terceros países representa un desafío adicional para quienes buscan protección fuera de sus fronteras.

Conclusiones

El traslado de migrantes latinoamericanos a la República Democrática del Congo, bajo acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ha generado una situación compleja caracterizada por condiciones precarias, incertidumbre y denuncias de violaciones a derechos humanos. Organizaciones locales e internacionales han cuestionado la legalidad y la ética de estas deportaciones, solicitando una revisión urgente del acuerdo y mayor protección para las personas afectadas.

Mientras tanto, los migrantes deportados permanecen en un estado de limbo, con acceso limitado a recursos básicos y sin claridad sobre su futuro, lo que evidencia la necesidad de mecanismos internacionales que garanticen el respeto a los derechos fundamentales en materia migratoria y de asilo.