
Ley de Agentes Extranjeros impacta la defensa de derechos de mujeres en El Salvador, alerta activista feminista
La Ley de Agentes Extranjeros limita la actividad de organizaciones feministas en El Salvador, generando autocensura y reducción de espacios de apoyo comunitario, advierten activistas.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo de 2026 en El Salvador, la tradicional marcha convocó a poco más de 200 participantes, cifra significativamente menor en comparación con años anteriores. El recorrido, reducido, se realizó desde El Salvador del Mundo hasta el redondel Beethoven, con un enfoque renovado que priorizó espacios de diálogo y actividades comunitarias, como la presentación de la Movimienta Regional por el Derecho al Aborto, un diálogo intergeneracional con feministas de larga trayectoria, clases de yoga y un espacio de cuentacuentos para la infancia y maternidades.
Este año, la convocatoria reducida y la transformación del formato respondieron a un contexto adverso para las organizaciones feministas en El Salvador, según declaraciones recientes de Keyla Cáceres, activista e investigadora integrante de la Asamblea Feminista. En conversación con medios nacionales, Cáceres señaló que la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX),junto con el régimen de excepción vigente, han ocasionado un freno considerable en la labor organizativa de estas agrupaciones, muchas de las cuales tradicionalmente movilizaban a nivel nacional para la conmemoración del 8 de marzo.
Restricciones y autocensura en el movimiento feminista
Cáceres explicó que la LAEX ha provocado un clima de miedo y autocensura entre las organizaciones feministas, quienes temen sanciones como multas o incluso la clausura, medidas contempladas en la normativa para quienes no cumplan con los requisitos establecidos. Esta situación ha llevado a que muchas agrupaciones reduzcan su personal, limiten sus actividades o eviten denunciar vulneraciones de derechos hacia mujeres y niñas, afectando directamente la presencia y el trabajo en los territorios.
“Quienes sostienen hoy el movimiento feminista son activistas independientes, no vinculadas a ONG feministas, porque la ley ha silenciado a las organizaciones para evitar multas o cierres”, indicó la activista. Este cambio ha implicado que el movimiento retome sus orígenes, centrando sus esfuerzos en luchas cotidianas y comunitarias, fortaleciendo redes de apoyo entre mujeres para garantizar la sobrevivencia y el cuidado mutuo en un contexto de adversidad.
Defensa de derechos en un contexto adverso
El ambiente para la defensa de los derechos de las mujeres se caracteriza actualmente por un alto nivel de temor, pero también por la resiliencia de las activistas que priorizan el diálogo interno y la construcción comunitaria. Cáceres mencionó que la pandemia y las restricciones gubernamentales han debilitado los vínculos comunitarios, especialmente en zonas urbanas y rurales, donde la presencia estatal es limitada y los servicios de apoyo han disminuido.
Esta nueva dinámica implica que la defensa se realice en la cotidianidad y no solo mediante la presión al Estado o la transformación de estructuras legislativas. La activista destacó que las redes feministas decoloniales apuestan por la creación de espacios de acompañamiento y soporte entre mujeres, reconociendo que en el contexto actual la prioridad es cuidarse mutuamente y mantener las redes de solidaridad.
Impacto en los servicios y apoyo a mujeres
Tras la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros, muchas organizaciones feministas han visto reducido su personal y restringidas sus acciones. Algunas incluso han cerrado, como es el caso de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que se ha transformado en una movienta regional para continuar su labor.
Esta reducción de infraestructura y capacidad organizativa ha generado un vacío en la atención a mujeres, especialmente en servicios fundamentales como el acceso a psicólogas para identificar y acompañar casos de violencia, la toma de citologías y la orientación para denunciar abusos. La eliminación de los ECOS familiares en 2019 ya había debilitado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que antes complementaban las acciones de organizaciones feministas en territorios donde el Estado tiene poca presencia.
Además, Cáceres señaló que el acompañamiento jurídico y la atención a víctimas de feminicidio se han visto severamente afectados, dificultando el acceso a la justicia y aumentando la vulnerabilidad de mujeres y niñas en el país.
Intimidaciones y vigilancia a defensoras de derechos
En cuanto a la seguridad de las lideresas feministas, la Asamblea Feminista reporta que no se han registrado detenciones, pero sí intimidaciones frecuentes. Estas incluyen vigilancia continua en sus domicilios y la exigencia de documentación a modo de control, medidas que buscan generar temor y limitar la participación activa en la defensa de derechos.
La activista destacó que sostener una organización feminista en El Salvador es un proceso complejo, que requiere cumplir con estrictos requisitos legales y enfrentar la constante amenaza de cancelación de personería jurídica, lo cual afecta no solo a las líderes, sino también a miles de mujeres que dependen de estos espacios para su desarrollo y protección.
Contradicciones en la narrativa oficial sobre seguridad y derechos
El movimiento feminista representa un desafío a la narrativa gubernamental que presenta a El Salvador como un país seguro y en progreso, especialmente en relación con las mujeres y niñas. Cáceres expresó que las cifras oficiales sobre feminicidios y desapariciones no reflejan la realidad percibida por las organizaciones y comunidades. La reserva y manipulación de datos oficiales impiden visibilizar la persistente violencia contra las mujeres, que continúa manifestándose en agresiones, violaciones y asesinatos dentro del entorno familiar y social.
Asimismo, la deserción escolar femenina, vinculada en muchos casos al embarazo adolescente y a la necesidad de trabajar o cuidar en el hogar, contrasta con la imagen de progreso que se promociona desde el Estado. Esta realidad incómoda para el gobierno evidencia las limitaciones de las políticas públicas y la necesidad urgente de fortalecer la atención integral a las mujeres y niñas salvadoreñas.
Perspectivas para el movimiento feminista en El Salvador
La situación actual impone un escenario complejo para las organizaciones feministas en El Salvador, que enfrentan restricciones legales, disminución de recursos y un contexto de vigilancia e intimidación. Sin embargo, el movimiento persiste en su transformación, priorizando las luchas comunitarias y la construcción de redes de apoyo que permitan continuar la defensa de los derechos de las mujeres en un entorno adverso.
La experiencia reciente evidencia que, a pesar de los obstáculos, el activismo feminista sigue siendo un espacio vital para la reivindicación de derechos, la denuncia de violencias y la promoción de la igualdad de género en El Salvador.
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