Liberan a salvadoreña esposa de sargento estadounidense tras un mes en custodia migratoria en EE.UU.

Deisy Rivera Ortega, ciudadana salvadoreña y esposa de un sargento del Ejército de Estados Unidos, fue liberada tras permanecer un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en territorio estadounidense. La detención ocurrió el 14 de abril durante una cita para tramitar su solicitud de residencia permanente.

El sargento José Serrano, militar en servicio activo destacado en Texas y con experiencia en tres misiones en Afganistán, informó que agentes de inmigración arrestaron a Rivera Ortega en el contexto de su proceso migratorio. La pareja está casada desde 2022 y reside actualmente en el área de Fort Bliss.

Intervención política para la liberación

La senadora demócrata Tammy Duckworth, veterana de combate y reconocida por su activismo en favor de las familias militares, intervino directamente en el caso. Duckworth informó que contactó personalmente al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),Markwayne Mullin, para solicitar la liberación de Rivera Ortega, luego de conocer el caso a través de grupos defensores de derechos migratorios.

Como resultado, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó la liberación de Rivera Ortega el jueves por la noche. La mujer quedó bajo supervisión con condiciones que incluyen un dispositivo de rastreo GPS, visitas domiciliarias obligatorias y presentación periódica ante la oficina del ICE. El DHS aseguró que Rivera Ortega continuará con su debido proceso legal.

Contexto migratorio y legal

Según información oficial, Rivera Ortega ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y tiene una orden final de expulsión emitida en diciembre de 2019 por un tribunal migratorio. A pesar de esta situación, contaba con una credencial de identificación como cónyuge de militar y un permiso de trabajo vigente. Además, había solicitado acogerse al programa parole-in-place, diseñado para proteger a familiares inmediatos de miembros del servicio militar activo y facilitar la regularización de su estatus migratorio.

Este programa permite a cónyuges, hijos y padres de militares en servicio evitar la deportación mientras se tramita su ajuste migratorio, reconociendo el servicio y sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Cambios en la política migratoria y sus consecuencias

En abril, el Departamento de Seguridad Nacional modificó una política vigente desde 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar inmediato como un “factor atenuante significativo” para decisiones sobre acciones migratorias. La nueva directriz establece que el vínculo con un militar no exime automáticamente a los extranjeros de las consecuencias legales por violar normas migratorias.

Defensores de derechos migratorios han denunciado que esta medida afecta directamente a las familias de militares en servicio activo, provocando incertidumbre y afectaciones en la estabilidad familiar. La senadora Duckworth destacó que la detención de cónyuges de soldados puede perjudicar la concentración y desempeño de los militares, quienes a menudo dependen de sus familias para el cuidado de sus hijos y bienestar en el hogar.

“Nuestros soldados en activo, desplegados en diferentes partes del mundo, no deberían preocuparse por la detención de sus cónyuges, quienes suelen ser los principales cuidadores de sus hijos. Ellos deben concentrarse únicamente en sus misiones y no en el bienestar de sus familias”, expresó la senadora.

Repercusiones y cifras oficiales

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 100 familiares inmediatos de veteranos militares han enfrentado procesos de expulsión bajo la agenda de deportaciones implementada durante la administración del expresidente Donald Trump. Asimismo, hasta el 26 de enero, 34 veteranos en servicio activo han sido sometidos a procesos migratorios similares.

La situación ha generado indignación pública y ha motivado la intervención de legisladores de ambos partidos en el Congreso estadounidense para proteger a las familias militares. En algunos casos, estas gestiones han resultado en la liberación de cónyuges detenidos, como en el caso de Rivera Ortega.

Implicaciones para El Salvador y la comunidad migrante

El caso de Deisy Rivera Ortega resalta la compleja situación que enfrentan miles de salvadoreños y otros migrantes en Estados Unidos, especialmente aquellos vinculados a militares estadounidenses. La incertidumbre legal y las políticas migratorias restrictivas representan un desafío para la estabilidad familiar y la integración social de estas comunidades.

Además, este caso pone en el foco la importancia de programas especiales como el parole-in-place para proteger a familias que contribuyen al servicio militar, un aspecto relevante para las comunidades salvadoreñas con vínculos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El seguimiento y análisis de estas políticas y casos serán clave para comprender el impacto en la migración y las relaciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos, especialmente en un contexto donde la seguridad nacional y los derechos humanos se entrelazan.

El equipo editorial de El Oficial continuará informando sobre las actualizaciones en esta historia y otras vinculadas a migración y defensa de derechos en la región.