Madres buscadoras en El Salvador se capacitan en leyes para mantener activos sus casos de personas desaparecidas

En El Salvador, madres integrantes del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas (COFADES) han iniciado un proceso de capacitación legal con el objetivo de fortalecer la gestión y seguimiento de los casos de desapariciones de sus familiares. Esta iniciativa surge en respuesta al retiro de organizaciones civiles que anteriormente ofrecían apoyo jurídico en los procesos legales relacionados con estos casos.

El proceso formativo se realizará con el respaldo de la Universidad Francisco Gavidia (UFG),a través de su Centro de Prácticas Jurídicas, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La capacitación está programada para el 30 de mayo de 2026 y busca brindar a las madres las herramientas necesarias para elaborar escritos legales, tales como solicitudes de amparo y recursos de habeas corpus, dirigidos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),así como otros documentos requeridos para gestionar la intervención estatal en casos de desapariciones.

Contexto de la necesidad de capacitación

La necesidad de esta formación se evidencia tras el cese de operaciones en El Salvador de organizaciones clave en la defensa de derechos humanos y seguimiento de desapariciones, debido a la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX). Entre estas organizaciones se encuentran la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (Asdehu),que hasta 2025 acompañaban legalmente a las familias afectadas.

En una comunicación dirigida a la decana María Celia Martínez de la UFG, las madres buscadoras expresaron la importancia de este espacio formativo, destacando que les permitirá adquirir conocimientos prácticos para elaborar por sí mismas escritos legales y recursos necesarios para dar seguimiento a sus casos. Además, enfatizaron que con esta capacitación podrán conocer los mecanismos disponibles para verificar avances en las investigaciones y actuar ante la falta de respuestas o diligencias en los expedientes.

Impacto en el seguimiento de casos de desaparición

El cierre de las organizaciones que apoyaban el trabajo jurídico ha generado un vacío en el acompañamiento legal que las familias necesitaban para defender sus derechos y exigir justicia. Por ejemplo, Fespad interpuso cuatro recursos de amparo en cinco casos de desapariciones ocurridos entre 2011 y 2015, incluyendo los de Josué Eliazar Miranda Elizondo, Miguel Ángel Martínez Mata, Rodrigo Alejandro Montalván Ramírez y los hermanos Cristian Mauricio y Fernando Ernesto Sánchez Rosales. Sin embargo, solo el caso de Josué ha sido admitido parcialmente por la Sala de lo Constitucional.

Ante este escenario, las madres buscan adquirir autonomía para continuar con los trámites legales sin depender de la asistencia externa. Carmen Argueta, vocera del Bloque de Búsqueda, señaló que la capacitación es fundamental porque las organizaciones que antes ofrecían apoyo ya no están presentes, por lo que deben aprender a elaborar sus propios escritos y amparos.

Otras acciones y retos de los colectivos de búsqueda

Además de las capacitaciones legales, los colectivos mantienen otras actividades como talleres de autocuidado para familiares de personas desaparecidas y espacios de intercambio con madres buscadoras de México, con el fin de fortalecer redes de apoyo y compartir experiencias.

Otro colectivo afectado por la salida de organizaciones civiles es el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR),que ha detenido la presentación de habeas corpus para personas detenidas de forma arbitraria. Samuel Ramírez, coordinador del MOVIR, indicó que actualmente no han podido presentar nuevos recursos legales y que evalúan alternativas para dar seguimiento a los casos pendientes.

En una acción reciente, el 13 de mayo, MOVIR acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar la presencia de testigos a favor de procesados en audiencias relacionadas con el régimen de excepción y casos de crimen organizado. Asimismo, solicitaron consultas con abogados públicos que llevan estos procesos, debido a la falta de información que reciben sobre el estado de los casos y fechas de audiencias.

Contexto judicial y cifras relevantes

Según reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre marzo de 2022 y marzo de 2023 la Sala de lo Constitucional recibió aproximadamente 6,415 solicitudes de habeas corpus, de las cuales solo 108 fueron admitidas, lo que representa un 1.6%. Para mediados de 2023, el número acumulado superaba las 5,000 demandas, y hacia finales de ese año se reportaban cerca de 8,000 habeas corpus pendientes de resolución.

Estos datos reflejan la complejidad y saturación del sistema judicial en materia de recursos legales relacionados con detenciones arbitrarias y desapariciones, lo que añade un desafío adicional para las familias y colectivos que buscan justicia.

Conclusión

La iniciativa de capacitar a madres buscadoras en aspectos legales representa un paso importante para fortalecer la autonomía de las familias afectadas por desapariciones en El Salvador. Ante la reducción del apoyo institucional y de organizaciones civiles, estas capacitaciones permitirán que las familias tengan mejores herramientas para gestionar sus casos, exigir respuestas y mantener viva la búsqueda de justicia.

El trabajo conjunto con instituciones académicas y organismos internacionales como la UFG y el CICR refleja la importancia de articular esfuerzos para atender una problemática de larga data en el país, que afecta a centenares de familias que aún esperan esclarecer el paradero de sus seres queridos.