MAG destina $58 millones al Bono Agrícola en 2026 y multiplica su presupuesto casi diez veces

MAG destina $58 millones al Bono Agrícola en 2026 y multiplica su presupuesto casi diez veces

El Ministerio de Agricultura y Ganadería asigna $58 millones al Bono Agrícola en 2026, aumentando casi diez veces el presupuesto respecto a 2025, con un reordenamiento de funciones para fortalecer la producción nacional.

1 febrero 2026
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha asignado un total de $58,004,402 al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario para el ejercicio fiscal 2026, según lo establecido en el Presupuesto General del Estado. Esta asignación corresponde a la coordinación y entrega del Bono Agrícola (BAG), un incentivo diseñado para garantizar la producción nacional de granos básicos.

Esta cifra representa un incremento cercano a diez veces en comparación con los $6 millones aprobados para la misma unidad presupuestaria en 2025. Cabe destacar que en el presupuesto original de ese año no se contemplaba una asignación específica para el Bono Agrícola, aunque en mayo de 2025 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria por $30 millones para financiar el programa. Estos recursos fueron canalizados al MAG y asignados al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario a través de la Unidad de Apoyo a Instituciones Adscritas.

Reorganización interna del MAG para fortalecer el Bono Agrícola

El notable aumento en la asignación presupuestaria para 2026 responde a un reordenamiento de funciones dentro del MAG. El Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario ha dejado de concentrar tareas relacionadas con mercados, logística y centrales de abasto. En cambio, se ha redefinido como la unidad responsable de ejecutar directamente el Bono Agrícola.

Por su parte, la política de abastecimiento y comercialización ha sido transferida a la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento (DGVTA). Esta última contará con recursos para operar agromercados y centrales de abasto, actividades que ya no forman parte de las responsabilidades del Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario.

De acuerdo con el Presupuesto General del Estado, la línea de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria dispondrá de $60.9 millones para 2026, lo que equivale al 32.25% del presupuesto total asignado al ramo, que suma $188,907,851. Esta partida incluye tanto la operación de agromercados y centrales de abasto como otros programas vinculados a la seguridad alimentaria.

Evolución del programa: del paquete agrícola al Bono Agrícola

En 2024, el MAG realizó una transformación significativa en su modelo de apoyo a los productores agrícolas. El tradicional programa de paquetes agrícolas fue sustituido por el Bono Agrícola, que ofrece a los agricultores una tarjeta con un valor de $75 para adquirir insumos a su elección, en lugar de entregar un conjunto predeterminado de materiales.

Históricamente, la logística de distribución de insumos estuvo a cargo del MAG, que utilizaba a las alcaldías como intermediarias para entregar los paquetes. Sin embargo, desde 2020 la entrega se realiza de manera directa por la cartera de Estado, eliminando la intermediación municipal.

Perspectivas y opiniones sobre el impacto del Bono Agrícola

Las opiniones sobre la efectividad y el impacto del Bono Agrícola en la producción nacional se mantienen divididas. Por un lado, representantes del sector productivo han expresado preocupación sobre el cambio de modelo.

Se ha señalado que el esquema anterior, basado en la entrega de paquetes agrícolas, favorecía la producción nacional de semilla y ayudaba a reducir la dependencia de insumos importados. En contraste, el bono podría beneficiar a empresas transnacionales dominantes en el mercado de insumos agrícolas, lo que podría afectar la economía local.

Existe también preocupación de que parte de los fondos destinados al bono no lleguen exclusivamente a productores activos, lo que podría reducir la efectividad del programa. Asimismo, se advierte que un posible aumento en los precios de insumos podría limitar la capacidad de siembra y, en consecuencia, afectar la producción agrícola nacional.

Desde el ámbito comunitario, algunos productores valoran positivamente el bono por la flexibilidad que ofrece. Al disponer de un monto monetario para la compra, pueden elegir los insumos que mejor se ajustan a sus necesidades productivas, diversificando así los cultivos más allá del maíz, que era el principal beneficiario en el esquema anterior.

Contexto y desafíos para la agricultura salvadoreña

La agricultura en El Salvador enfrenta múltiples retos, entre ellos la necesidad de fortalecer la producción nacional para garantizar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de importaciones. El rol del MAG y sus programas de apoyo son fundamentales para alcanzar estos objetivos.

El incremento significativo del presupuesto para el Bono Agrícola en 2026 refleja un esfuerzo por consolidar esta estrategia como el principal instrumento de apoyo productivo. Sin embargo, el éxito del programa dependerá de una adecuada focalización de los recursos y un monitoreo eficiente para asegurar que los beneficios lleguen realmente a los agricultores y contribuyan a aumentar la producción nacional de granos básicos.

Este escenario se enmarca en un contexto donde la política agraria busca adaptarse a nuevas dinámicas de mercado y necesidades productivas, promoviendo instrumentos que permitan a los productores mayor autonomía y acceso a insumos pertinentes para sus cultivos.

Conclusión

El Presupuesto General del Estado para 2026 evidencia un cambio sustancial en la asignación de recursos al sector agrícola, con un enfoque claro en el Bono Agrícola como herramienta prioritaria para impulsar la producción nacional. El reordenamiento de funciones dentro del MAG y la redefinición del Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario apuntan a una administración más especializada y eficiente del programa.

El debate sobre las ventajas y desventajas del bono frente al esquema anterior continúa, reflejando la complejidad de implementar políticas públicas que equilibren la flexibilidad para los productores y la sostenibilidad del sector en el largo plazo.

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