Magistrados de la CSJ avalan cadena perpetua para menores y detallan condiciones legales y constitucionales

En un ejercicio de análisis jurídico ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador expusieron sus argumentos a favor de la reforma constitucional que habilita la imposición de cadena perpetua para menores de edad en casos específicos.

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros, y el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Fernando Marroquín Galo, coincidieron en respaldar la reforma que amplía las sanciones máximas en delitos como homicidio, violación y terrorismo, incluyendo a personas menores de 18 años.

Contexto de la reforma y marco legal internacional

Uno de los principales debates alrededor de esta reforma gira en torno a su compatibilidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional ratificado por El Salvador. El artículo 37, inciso a, de esta convención establece que ningún niño debe ser sometido a penas crueles ni a la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación.

En ese sentido, el magistrado Marroquín Galo señaló que, aunque la convención representa un compromiso internacional, la reforma ha sido diseñada tomando en cuenta estos parámetros. “Las únicas normas que podrían condicionar la imposición de la cadena perpetua son los compromisos internacionales y la Constitución, pero estos aspectos se han abordado en la regulación secundaria”, afirmó.

Cadena perpetua revisable: aspectos técnicos y legales

El presidente de la Sala de lo Penal, Quinteros, explicó que la prohibición establecida en la convención se refiere a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad. En cambio, la normativa propuesta contempla una pena perpetua revisable, es decir, que permite la opción de libertad tras un periodo determinado.

“La reforma a la Ley Penal Juvenil establece que los menores condenados a cadena perpetua podrán optar por libertad controlada después de 25 años de encierro, mientras que para adultos ese plazo es de 30 años”, detalló. Esta diferenciación está alineada con la observación general 24-2019 del Comité de los Derechos del Niño, que enfatiza la necesidad de plazos más cortos para menores con respecto a adultos.

Compatibilidad con la Constitución y dignidad humana

En cuanto a la coherencia de la reforma con el resto del texto constitucional, ambos magistrados coincidieron en que la iniciativa no vulnera principios fundamentales como la dignidad humana ni la posibilidad de reinserción social.

El artículo 27 de la Constitución establece que el Estado debe organizar los centros penitenciarios con el fin de corregir, educar y formar hábitos de trabajo en los delincuentes, procurando su readaptación y prevención de delitos. La reforma mantiene este principio, lo que, según los magistrados, garantiza un enfoque integral sobre la ejecución de las penas.

Marroquín Galo enfatizó que la verdadera garantía para la dignidad de las personas condenadas reside en el régimen penitenciario y en la posibilidad de reincorporación a la sociedad. “La libertad controlada depende principalmente de la voluntad del condenado para someterse a tratamientos de educación, readaptación y resocialización”, explicó.

Desafíos y críticas al sistema de justicia y penitenciario

En contraste con la postura oficial de la CSJ, expertos en derechos humanos y justicia penal han expresado preocupación sobre la implementación de la cadena perpetua en El Salvador. Se advierte que el sistema judicial enfrenta deficiencias en cuanto a garantías procesales y respeto a un debido proceso, lo cual podría afectar la aplicación justa de esta sanción.

Además, diversas organizaciones y medios han documentado condiciones de tortura y tratos inhumanos dentro del sistema penitenciario nacional, lo que añade un contexto crítico al debate sobre la cadena perpetua.

Este escenario plantea un reto importante para las autoridades salvadoreñas: asegurar que la reforma no solo sea legalmente viable, sino que también se implemente con respeto absoluto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas privadas de libertad.

Implicaciones para el sistema de justicia salvadoreño

La aprobación de esta reforma implica un cambio significativo en la política criminal del país, particularmente en el tratamiento de menores que cometen delitos graves. El respaldo de los magistrados de la CSJ busca brindar un marco legal sólido que permita a los jueces aplicar sanciones más severas, pero con mecanismos que contemplen la posibilidad de rehabilitación y reinserción.

No obstante, la reforma también exige un fortalecimiento institucional, cuyo foco debe estar en garantizar procesos judiciales justos y un sistema penitenciario que cumpla con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

En conclusión, la defensa de la cadena perpetua para menores por parte de magistrados de alto rango de la Corte Suprema de Justicia se fundamenta en la interpretación de la normativa internacional y constitucional salvadoreña, con énfasis en la revisión periódica de la pena y la dignidad humana como pilares esenciales del sistema penal.