Más de 400 presuntos miembros de la MS-13 son juzgados en macroaudiencia única en El Salvador

Más de 400 presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) enfrentan un proceso penal masivo en El Salvador bajo un modelo de macroaudiencia única, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Este procedimiento judicial es el primero de su tipo en el país y abarca delitos cometidos por la estructura criminal entre 2012 y 2022.

La macroaudiencia fue instaurada tras reformas legales introducidas en el contexto de la implementación del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspendió temporalmente ciertas garantías constitucionales para fortalecer la lucha contra las pandillas. Este modelo permite juzgar de forma colectiva a un gran número de acusados en un solo expediente, facilitando la incorporación de nuevos procesados en el futuro.

Detalles del proceso y marco legal

De acuerdo con la Fiscalía, la macroaudiencia única está abierta para procesar a las estructuras de mando de la MS-13 responsables de delitos graves como homicidios, feminicidios, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. La Fiscalía indicó que los imputados son acusados también por el delito de rebelión, debido a que intentaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo, lo que atenta contra la soberanía nacional.

Esta iniciativa judicial comenzó a implementarse en diciembre de 2023 tras una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas. La reforma permite que toda la estructura criminal sea procesada masivamente en un solo expediente, agilizando la administración de justicia en casos complejos relacionados con pandillas.

Medidas de seguridad y régimen de excepción

La Fiscalía informó que 413 de los imputados ya se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot),una cárcel de máxima seguridad que simboliza la estrategia gubernamental contra las maras. Además, se han emitido órdenes de captura para 73 sujetos que están siendo procesados en calidad de ausentes. No se especificó si todos los procesados fueron detenidos durante la vigencia del régimen de excepción ni la duración estimada del proceso judicial.

El régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022, fue motivado por un aumento en la violencia atribuida a las pandillas. En ese mes, según la Fiscalía, miembros de la MS-13 emitieron órdenes para asesinar a 86 personas, lo que generó una respuesta legal sin precedentes en el país. Esta medida ha sido la principal estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir la criminalidad organizada, aunque ha sido objeto de críticas por presuntas violaciones a derechos humanos.

Implicaciones y contexto nacional

El uso de macroaudiencias para juzgar masivamente a pandilleros marca un cambio importante en la administración de justicia penal en El Salvador. El modelo busca acelerar los procesos y evitar la dispersión de casos, permitiendo que se mantenga abierto el expediente para incorporar futuros acusados vinculados a la misma célula pandillera. Este sistema surge en el marco de la política de seguridad del Ejecutivo, que ha priorizado la mano dura contra las maras como eje central de su gestión.

El contexto político y social de El Salvador ha estado marcado por una alta incidencia de violencia ligada a pandillas durante décadas. Las maras, especialmente la MS-13 y Barrio 18, han sido señaladas como responsables de una gran parte de los homicidios y delitos cometidos en el país. La aplicación de un régimen de excepción y las reformas legales asociadas reflejan la voluntad del Estado de implementar mecanismos excepcionales para la seguridad ciudadana.

Las críticas internacionales han señalado que estas medidas podrían afectar garantías constitucionales y derechos humanos, mientras que sectores locales valoran los resultados en la reducción de índices delictivos. El presidente Bukele mantiene una alta popularidad, atribuida en parte a su política de combate frontal a la criminalidad, que le permitió ser reelecto para un segundo mandato inmediato.

Perspectivas y desafíos

El proceso judicial que enfrenta la macroaudiencia única representa un desafío para el sistema judicial salvadoreño, tanto en términos de capacidad operativa como de garantizar un debido proceso para los acusados. La exclusión de la prensa de las audiencias ha generado preocupación sobre la transparencia y el acceso a la información pública.

Además, la complejidad de estos casos, que involucran miles de delitos y cientos de imputados, pone a prueba la efectividad de las reformas legales y la voluntad institucional para combatir la criminalidad organizada sin descuidar los estándares judiciales internacionales.

Por su parte, la sociedad salvadoreña observa con atención el desarrollo de estas macroaudiencias, que podrían sentar precedentes en la lucha contra las pandillas y la administración de justicia en el país.

En conclusión, el proceso judicial masivo contra supuestos miembros de la MS-13 es una expresión clara de la estrategia gubernamental para enfrentar la delincuencia organizada. Su evolución y resultados serán determinantes para el futuro del sistema de justicia penal y la seguridad en El Salvador.