Más de 500 privados de libertad han fallecido en El Salvador durante régimen de excepción, denuncia informe

Entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2026, al menos 506 personas privadas de libertad han fallecido en El Salvador en el contexto del régimen de excepción vigente, de acuerdo con un reciente informe presentado por la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH). El análisis incluye 502 adultos y cuatro menores de edad que perdieron la vida durante su detención.

El 27 de marzo de 2026, mientras se daba a conocer este informe, se velaba a Gerber Oswaldo Hernández Roque, considerado la víctima número 506. Hernández Roque fue detenido en agosto de 2023 y, durante su encarcelamiento, desarrolló insuficiencia renal. Gracias a la intervención del SJH, logró obtener medidas sustitutivas en 2025, pero su estado de salud se deterioró progresivamente y falleció en un hospital privado el 26 de marzo de 2026, tras múltiples hospitalizaciones. Según la directora del SJH, Ingrid Escobar, el acceso a tratamientos como la diálisis en hospitales públicos le fue negado, lo que agravó su condición.

Datos y hallazgos del informe

El informe elaborado por SJH detalla que el 92% de los fallecidos carecían de una segunda audiencia judicial, es decir, su culpabilidad no había sido confirmada en un proceso judicial justo. Además, se documentó que 210 de las víctimas estuvieron recluidas en el centro penal de Izalco, uno de los más grandes del país.

Las principales causas de muerte registradas son la falta de atención médica por enfermedades, que representa el 32%, y la muerte violenta, con un 30%. Aunque la causa principal de los fallecimientos consignada en las esquelas de Medicina Legal es el edema pulmonar, el informe incluye evidencia documental y testimonios que sugieren violencia física, incluyendo golpes en el cráneo. La organización planea presentar estas pruebas ante instancias internacionales para exigir justicia y transparencia.

Ocultamiento de casos y fosas comunes

El mes con mayor número de muertes reportadas fue junio de 2022, con 41 casos. Posteriormente, las cifras oficiales disminuyeron de forma drástica, lo que ha sido interpretado por la organización como un posible ocultamiento de información por parte de las autoridades. Según SJH, ante la creciente atención internacional, las autoridades habrían optado por enterrar a las víctimas en fosas comunes, muchas veces con errores en la identificación, dificultando que las familias pudieran reclamar los cuerpos o conocer las circunstancias reales de los fallecimientos.

Por ello, una de las recomendaciones clave del informe es que el Instituto de Medicina Legal elabore un álbum fotográfico con los rostros de quienes fueron enterrados en fosas comunes, para que las familias puedan verificar la identidad de sus seres queridos y se garantice la transparencia en el manejo de estos casos.

Recomendaciones y demandas

El informe de Socorro Jurídico Humanitario también solicita el fin del régimen de excepción, bajo el argumento de que esta medida ha contribuido a la vulneración de derechos humanos y al aumento de muertes en los centros penales. Además, la organización exige que las autoridades proporcionen cifras reales y completas sobre las muertes ocurridas en prisión, ya que estiman que el número total podría alcanzar cerca de 1,500.

El caso de Gerber Hernández Roque ejemplifica las condiciones críticas dentro de las cárceles salvadoreñas durante este periodo. Otro caso emblemático, también mencionado en registros previos, es el de Saúl Castillo, quien salió en estado de desnutrición y falleció poco después, evidenciando problemas estructurales en la atención a la salud de los privados de libertad.

Contexto nacional

El régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 responde a una estrategia gubernamental para combatir la criminalidad y la violencia generada por pandillas. Esta medida ha permitido la detención masiva de miles de personas, muchas de las cuales han permanecido en prisión sin que se les haya comprobado responsabilidad penal en procesos acelerados o con deficiencias legales. La situación ha generado preocupación a nivel nacional e internacional por el impacto en los derechos humanos y las condiciones carcelarias.

La información presentada por SJH se suma a los llamados de organismos de derechos humanos y familiares de privados de libertad que demandan mayor transparencia, acceso a la justicia y condiciones dignas en los centros penales.

Acceso a la información y base de datos pública

Para quienes deseen conocer más detalles sobre las víctimas, existe una base de datos habilitada por medios nacionales que permite consultar por año, nombre y lugar de procedencia, facilitando así la identificación y seguimiento de los casos.

En conclusión, el informe de Socorro Jurídico Humanitario pone en evidencia una crisis humanitaria dentro de las prisiones salvadoreñas bajo el régimen de excepción, marcada por la falta de atención médica, posibles actos de violencia y un aparente ocultamiento de información. La presión social y el monitoreo internacional serán clave para que se respeten los derechos de los privados de libertad y se garantice transparencia en el sistema penitenciario.