Medidas globales para enfrentar el aumento de precios de combustibles ante crisis energética mundial

Desde el inicio de los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el mundo ha enfrentado una escalada significativa en los precios de los combustibles. Esta situación se ha visto agravada por el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas, provocando una crisis energética de alcance global que ha impactado a hogares y economías en múltiples continentes.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha calificado esta situación como "la mayor amenaza a la seguridad energética global de la historia". En respuesta, los gobiernos han puesto en marcha diversas acciones para amortiguar el impacto, aunque los riesgos de una espiral inflacionaria y una posible recesión económica mundial se mantienen latentes debido a la persistencia del conflicto.

Impacto y medidas en Asia

Asia es una de las regiones más vulnerables ante la crisis, dada su alta dependencia del petróleo y gas que transita por el Estrecho de Ormuz. Por ejemplo, Filipinas importa cerca del 98% de su crudo desde el Golfo Pérsico, y ha declarado estado de emergencia energética nacional para gestionar la distribución de combustibles y bienes esenciales. Además, implementó subsidios para transportistas y redujo la jornada laboral a cuatro días para funcionarios públicos con el fin de ahorrar combustible.

Otras naciones como Sri Lanka han declarado días festivos para instituciones públicas y han racionado combustible para prolongar sus reservas. En Tailandia y Vietnam, se ha fomentado el trabajo remoto y se han limitado viajes oficiales. Pakistán también ha adoptado medidas similares para reducir el consumo energético.

Países como Japón y Corea del Sur, dependientes del suministro a través de Ormuz, han reaccionado con políticas específicas. Japón ha liberado reservas de petróleo al mercado, mientras Corea del Sur ha levantado límites a la generación eléctrica basada en carbón y aumentado la utilización de plantas nucleares, además de fijar un tope a los precios internos de combustibles por primera vez en décadas. India ha recortado el suministro industrial de gas licuado para priorizar el uso doméstico, y Vietnam ha utilizado fondos de estabilización para amortiguar los incrementos de precios.

En este contexto, algunos países asiáticos negocian la compra de petróleo ruso y China ha impuesto una prohibición temporal a la exportación de productos refinados para proteger su mercado interno.

Respuesta en Europa y Estados Unidos

En Europa, los gobiernos han implementado diversas estrategias para contener el impacto en consumidores y sectores productivos. España aprobó un paquete de aproximadamente US$5,700 millones que incluye reducción del IVA y otros impuestos sobre carburantes y electricidad, además de ayudas directas a transportistas, agricultores y pescadores, y un congelamiento en el precio del butano y propano.

Alemania optó por regular el mercado, limitando la frecuencia con la cual las gasolineras pueden aumentar precios, y descartó la reapertura de compras de gas ruso. Italia planea utilizar ingresos adicionales del IVA para compensar consumidores y sancionar prácticas abusivas de empresas, mientras Portugal anunció una reducción temporal del impuesto sobre el diésel.

Hungría fijó un tope a los precios de gasolina y diésel y liberó reservas estratégicas, además de solicitar a la Unión Europea levantar sanciones a gas y petróleo rusos para aliviar la presión sobre precios.

En Estados Unidos, el gobierno califica el aumento en los costos energéticos como temporal y ha adoptado medidas para incrementar la producción nacional, incluyendo la aprobación de nuevos permisos de perforación. Además, se han levantado algunas sanciones para permitir la compra de petróleo iraní y ruso, y se han liberado reservas estratégicas para estabilizar el mercado.

Situación en América Latina

América Latina también enfrenta impactos significativos y responde con distintas estrategias según cada país. Brasil implementó un plan fiscal que elimina temporalmente impuestos sobre el diésel, otorga subvenciones a productores e importadores, y fortalece la supervisión de precios para evitar aumentos desmedidos. Además, ofrece ayudas sociales a las familias más vulnerables.

En México, el gobierno activó subsidios a gasolina y aumentó apoyos fiscales para el diésel, además de acordar con empresas la fijación de precios máximos para este combustible. Aunque el aumento del precio del crudo ha incrementado los ingresos petroleros, la dependencia de importaciones de gasolina obliga a mantener estímulos para mitigar el impacto en la población.

Colombia, que venía reduciendo gradualmente los precios de la gasolina, advirtió que podría verse obligada a ajustarlos al alza si los precios internacionales siguen en ascenso, una decisión compleja en un contexto de campaña presidencial. El país también enfrenta el desafío de haber eliminado subsidios a combustibles fósiles poco antes de la crisis.

Argentina y Ecuador no han anunciado hasta ahora medidas específicas para paliar el aumento de precios. Ecuador eliminó el subsidio al diésel en 2023 y estableció un sistema de bandas de precios. Bolivia, tras eliminar subsidios en diciembre para controlar su déficit fiscal, ha enfrentado protestas y ha implementado apoyos sociales, pero no ha detallado nuevas medidas frente a la crisis actual.

Chile anticipa un aumento histórico en los precios de combustibles, con incrementos superiores al 30% en gasolina y al 60% en diésel. A pesar de protestas y críticas, el gobierno mantiene la decisión, pero aprobó un paquete de medidas paliativas que incluye congelación de tarifas del transporte público en Santiago, subsidios para transportistas y ayuda para el precio del kerosene. No obstante, el gas y ciertos sectores quedan fuera del apoyo estatal.

Perspectivas y desafíos

La crisis energética mundial derivada del conflicto en Oriente Medio ha evidenciado la vulnerabilidad de las economías globales frente a interrupciones en el suministro de petróleo y gas. La respuesta gubernamental ha variado desde subsidios directos, regulación de precios, liberación de reservas estratégicas, hasta modificaciones en la estructura fiscal y energética nacional.

En El Salvador, como parte de la región latinoamericana, el impacto de esta crisis se refleja en la inflación general y el costo de vida, lo que demanda atención en políticas públicas para proteger a los sectores más afectados.

En el plano internacional, la evolución del conflicto y la capacidad de los países para coordinar respuestas multilaterales serán determinantes para estabilizar los mercados energéticos y evitar un deterioro económico mayor.

El seguimiento a estas medidas y su efectividad será fundamental para anticipar escenarios futuros y diseñar estrategias que garanticen la seguridad energética y económica en un contexto global cada vez más complejo.