Migrantes con solicitudes de asilo en EE.UU. enfrentan órdenes de deportación a terceros países sin vínculos previos

Migrantes con solicitudes de asilo en EE.UU. enfrentan órdenes de deportación a terceros países sin vínculos previos

Más de 13,000 migrantes con solicitudes de asilo en Estados Unidos han recibido órdenes de deportación a terceros países sin vínculos previos, quedando en un limbo legal y sin derecho a trabajo mientras esperan resolución.

2 abril 2026
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Más de 13,000 solicitantes de asilo que residían legalmente en Estados Unidos se encuentran en una situación de incertidumbre luego de recibir órdenes de deportación hacia terceros países con los que no mantienen vínculos previos. Entre ellos figuran ciudadanos de diversas nacionalidades, como Afganistán, Cuba, Mauritania, Venezuela, Bolivia y Ecuador, quienes enfrentan una nueva dinámica migratoria promovida por el gobierno estadounidense que ha generado preocupación y temor en las comunidades inmigrantes.

Deportaciones a países desconocidos y el limbo migratorio

El caso de un hombre afgano que huyó del régimen talibán para establecerse en el norte del estado de Nueva York, pero que fue notificado de su deportación a Uganda, ilustra la complejidad de esta política migratoria. Similar situación atraviesa una mujer cubana que trabajaba en Texas y fue informada de su posible traslado a Ecuador tras un incidente menor. Otros migrantes en Michigan, Ohio y distintos estados también han recibido órdenes de ser enviados a países como Honduras, Ecuador y Uganda.

Estas medidas, impulsadas por cambios no aclarados en la política migratoria estadounidense, han dejado a muchos en un limbo legal, ya que no pueden continuar defendiendo sus solicitudes de asilo ante los tribunales ni tienen certeza sobre si serán efectivamente deportados a países donde no conocen el idioma ni la cultura. Aunado a esto, han perdido el permiso para trabajar legalmente, lo que agrava su situación socioeconómica y genera un clima de miedo dentro de las comunidades afectadas.

Objetivo de la política migratoria y repercusiones

Expertos en derechos migratorios señalan que esta estrategia parece tener como finalidad infundir miedo entre los solicitantes de asilo para disuadirlos de continuar con sus procesos legales. Una abogada principal del National Immigration Law Center ha señalado que la intención del gobierno es generar temor para que los solicitantes abandonen sus casos y opten por regresar a sus países de origen, aun cuando estos sean inseguros.

Este fenómeno se ejemplifica en el caso de una mujer guatemalteca indígena que, tras huir de agresiones y violencia pandillera, fue notificada en un tribunal migratorio en San Francisco que podría ser enviada a Ecuador, Honduras o Uganda, países que desconocía y que le generan temor debido a reportes de violencia y peligrosidad.

Incremento de órdenes de deportación y marco legal

Desde el verano pasado, abogados de las autoridades migratorias han recibido instrucciones para presentar mociones que cancelan las solicitudes de asilo, conocidas como “pretermissions”, que permiten la deportación a terceros países considerados seguros. En octubre, una resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia allanó el camino para que los migrantes puedan ser enviados a cualquier tercer país que el Departamento de Estado estadounidense considere seguro para ellos.

Tras esta resolución, la práctica de cancelar solicitudes de asilo se incrementó de forma agresiva. Según datos de la organización Mobile Pathways, con sede en San Francisco, más de 13,000 migrantes han recibido órdenes de deportación hacia terceros países, entre los cuales Honduras, Ecuador y Uganda concentran más de la mitad de los casos. El resto se distribuye entre casi tres docenas de naciones.

Desafíos en la ejecución de las deportaciones

Sin embargo, las deportaciones han resultado más complejas de lo anticipado. Los acuerdos bilaterales en materia de asilo, conocidos como Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo, no han sido divulgados en detalle por las autoridades, y se desconoce cuántos migrantes han sido realmente enviados a estos terceros países.

Organismos de vigilancia estiman que menos de 100 personas han sido deportadas bajo estos acuerdos. El Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que estos acuerdos permiten a los solicitantes tramitar protección en países socios que han aceptado resolver sus solicitudes de manera justa, y que se están utilizando todas las herramientas legales para abordar retrasos y abusos en el sistema de asilo.

No obstante, la capacidad logística y legal limita la deportación masiva. Por ejemplo, aunque se han emitido miles de órdenes para enviar migrantes a Honduras, el país solo acepta un cupo mensual limitado establecido por acuerdo diplomático. Además, algunos migrantes que han recibido órdenes de deportación a Honduras no hablan español, lo que dificulta su integración.

Asimismo, aunque cientos de solicitantes han sido asignados para ser enviados a Uganda, las autoridades ugandesas han informado no haber recibido a ninguno. Según un alto funcionario ugandés, las deportaciones requieren vuelos con un número considerable de personas para ser económicamente viables, por lo que la logística limita la frecuencia de deportaciones individuales o en pequeños grupos.

Perspectivas y posibles cambios en la política migratoria

En marzo de 2024, altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicaron a abogados del Departamento de Seguridad Nacional suspender la presentación de nuevas mociones de deportación a terceros países relacionadas con casos de asilo. Sin embargo, esta suspensión no contempla los casos previos, que continúan vigentes.

Especialistas en inmigración interpretan esta medida como un posible cambio en la estrategia de deportaciones, con la expectativa de que puedan retomarse con mayor fuerza en el futuro cercano. El incremento de contrataciones, la ampliación de acuerdos internacionales y la disponibilidad de vuelos podrían facilitar la expansión de estas prácticas en los próximos meses.

La situación actual refleja la complejidad del sistema migratorio estadounidense, donde miles de migrantes que buscan protección internacional enfrentan barreras legales, incertidumbre y políticas que ponen en riesgo su estabilidad y derechos fundamentales. La falta de transparencia y la imposibilidad de defender sus casos en tribunales generan un escenario preocupante que requiere atención y análisis constante.

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