Minesota demanda al Gobierno de EE. UU. por falta de acceso a pruebas en tiroteos con agentes migratorios

Minesota demanda al Gobierno de EE. UU. por falta de acceso a pruebas en tiroteos con agentes migratorios

El estado de Minesota y el condado de Hennepin demandan al Gobierno federal por no compartir evidencias en casos de tiroteos que dejaron dos muertos y un herido a manos de agentes migratorios.

24 marzo 2026
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El estado de Minesota y el condado de Hennepin, el más poblado de la entidad, presentaron una demanda legal contra el Gobierno de Estados Unidos para exigir el acceso a pruebas relacionadas con tiroteos en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios federales. La querella señala que las autoridades federales han negado el acceso a información clave a los investigadores estatales, obstaculizando la investigación de estos incidentes fatales ocurridos en enero de 2024.

El litigio fue presentado el viernes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y está dirigido contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ). En la demanda, las autoridades de Minesota reclaman que estas entidades no han cumplido con su promesa de cooperar ni han compartido el material probatorio disponible en torno a los tiroteos en los que fallecieron Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años.

Además, la acción legal solicita que el tribunal ordene a las agencias federales entregar información sobre un tercer caso relacionado: el del venezolano Julio Cesar Sosa-Celis, quien fue herido de bala en una pierna por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según la demanda, este incidente también forma parte de una serie de operativos migratorios que han generado preocupación en la comunidad local.

Negativa a compartir información y exclusividad sobre pruebas

Las autoridades de Minesota y el condado de Hennepin advirtieron que, tras la muerte de Renee Good el 7 de enero y de Alex Pretti el 24 de enero, los agentes federales incumplieron sus compromisos de transparencia y cooperación. En lugar de facilitar el acceso a la evidencia, los funcionarios federales asumieron control exclusivo de las pruebas recolectadas, negando a los investigadores estatales el acceso a información esencial para esclarecer los hechos.

El documento legal establece que esta falta de colaboración no solo impide la investigación adecuada, sino que también representa una práctica arbitraria y caprichosa, contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). Por ello, los demandantes solicitan al tribunal que declare ilegal la negativa sistemática del DHS y DOJ para compartir material de investigación con las autoridades estatales.

Contexto de los tiroteos y operativos migratorios en Minesota

Los tiroteos que motivan la demanda forman parte de una serie de intervenciones federales en Minesota que, según la querella, han involucrado detenciones ilegales, redadas y arrestos realizados en espacios públicos y con métodos considerados peligrosos para la población. Los demandantes mencionan que estas acciones han generado un estado de temor generalizado entre residentes, tanto ciudadanos como no ciudadanos.

El condado de Hennepin y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota advierten que los tres incidentes con disparos —dos mortales y uno con heridos— son ejemplos de una conducta violenta y poco transparente por parte de los agentes migratorios federales en la región. La denuncia busca llamar la atención sobre la necesidad de supervisión y rendición de cuentas en la ejecución de operativos migratorios, que han sido objeto de polémica a nivel nacional.

Implicaciones legales y políticas

La demanda representa un desafío importante a la administración federal en materia de transparencia y cooperación intergubernamental, especialmente en el contexto de la política migratoria y la aplicación de la ley en Estados Unidos. La negativa del DHS y del DOJ a compartir pruebas con autoridades estatales no solo dificulta la investigación de muertes de ciudadanos, sino que también afecta la confianza pública en el cumplimiento de la ley y en la protección de los derechos civiles.

Este caso cobra particular relevancia en un momento en que la política migratoria estadounidense es objeto de intenso debate, tanto por las condiciones en la frontera como por las operaciones internas dirigidas a la detención y deportación de inmigrantes. La insistencia de Minesota en obtener acceso a la evidencia apunta a la importancia de garantizar investigaciones completas y transparentes, independientemente de la jurisdicción o el estatus migratorio de las personas involucradas.

Repercusiones para El Salvador y la región

Aunque los incidentes ocurrieron en Estados Unidos, el caso tiene resonancia para países como El Salvador, cuyas comunidades migrantes se ven directamente afectadas por la política y acciones de las autoridades estadounidenses. La demanda puede influir en la manera en que se supervisan y regulan los operativos migratorios, lo que repercute en la seguridad y los derechos de los migrantes salvadoreños y centroamericanos en territorio estadounidense.

Además, la transparencia y la cooperación entre niveles de gobierno son elementos fundamentales para fortalecer la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos, aspectos clave en la relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador.

Próximos pasos y expectativas

El desarrollo de esta demanda será seguido de cerca tanto por autoridades locales en Minesota como por observadores nacionales e internacionales. El tribunal federal deberá decidir si ordena al Gobierno federal proporcionar las pruebas solicitadas y si declara ilegal la práctica de negar información a las autoridades estatales.

La resolución del caso establecerá un precedente importante sobre la cooperación entre agencias federales y estatales en investigaciones vinculadas a operativos migratorios, además de fortalecer el derecho a la transparencia y a la debida diligencia en casos que involucran la vida y seguridad de ciudadanos estadounidenses.

En suma, la demanda presentada por Minesota y el condado de Hennepin representa un reclamo firme por la rendición de cuentas, la justicia y el respeto a las normas legales en el manejo de investigaciones relacionadas con la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos.

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