MINSAL reporta más de 422,000 atenciones médicas a reos en tres años del régimen de excepción

El Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) reportó un total de 422,327 atenciones médicas a personas privadas de libertad durante los primeros tres años del régimen de excepción, comprendidos entre 2022 y 2025, según las memorias de labores oficiales correspondientes a ese periodo.

Los documentos institucionales detallan que, entre las enfermedades atendidas, se encuentran patologías crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Sin embargo, expertos consultados por El Oficial señalan que estas cifras no reflejan la totalidad de los padecimientos, pues enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y trastornos de salud mental, como depresión, ansiedad y estrés postraumático, no están debidamente registradas.

Disminución progresiva en atenciones médicas

El análisis de los datos revela una reducción significativa en la cantidad de atenciones brindadas a la población penitenciaria a lo largo de los años. En el primer periodo, entre junio de 2022 y mayo de 2023, se reportaron 257,783 atenciones. Durante el siguiente año, entre junio de 2023 y mayo de 2024, la cifra descendió a 102,260, y para el último registro disponible, del periodo 2024-2025, se contabilizaron 62,284 atenciones.

El informe más reciente desglosa las atenciones médicas: 28,243 consultas de medicina general, 723 atenciones realizadas por personal de enfermería, y 15,864 consultas de diversas especialidades. Además, los hospitales nacionales reportaron 17,451 atenciones hospitalarias a privados de libertad.

Condiciones sanitarias y limitaciones en el sistema penitenciario

Especialistas en salud penitenciaria, que solicitaron mantener el anonimato, indican que el hacinamiento carcelario, que supera el 200 % en algunos centros, junto con limitaciones en el acceso a medicamentos, escasez de personal médico y retrasos en traslados hospitalarios, agravan la situación sanitaria dentro de las cárceles.

Estas condiciones contribuyen a un aumento de focos infecciosos y elevan los riesgos de brotes epidémicos, mortalidad intrapenitenciaria y deterioro de enfermedades crónicas. Según uno de los médicos consultados, que ha trabajado dentro del sistema penitenciario, estas dificultades obstaculizan la prestación de una atención médica adecuada y oportuna.

Distribución desigual y carencia de personal médico

Las memorias de labores del MINSAL no especifican la cantidad exacta de personal médico destacado en centros penales. Solo en el informe del periodo 2023-2024 se menciona la contratación de 164 especialistas, incluyendo médicos, enfermeros, nutricionistas y radiólogos, sin detallar la disponibilidad real en cada centro.

Expertos señalan que esta cifra es insuficiente para cubrir la demanda. Por ejemplo, en el Centro Penal de Mariona solo se cuenta con cinco médicos, mientras que en la Granja Penitenciaria de Santa Ana hay un solo médico asignado para toda la población privada de libertad, lo que evidencia una distribución desigual y limitada capacidad de atención.

La recomendación profesional apunta a contar con un médico por cada 1,000 internos y un enfermero por cada 300 a 500 internos. Con la población penitenciaria actual, esto implicaría cerca de 140 médicos y 400 enfermeros en toda la red carcelaria, números que distan considerablemente de la realidad.

Enfermedades no registradas y seguimiento limitado

Además de las enfermedades crónicas reportadas, los especialistas advierten que patologías dermatológicas como escabiosis y sarna, así como enfermedades gastrointestinales como gastroenteritis y parasitosis, y problemas de salud mental no están reflejados en los informes oficiales. Esto dificulta el diseño de estrategias integrales para mejorar la salud de la población reclusa.

Atenciones hospitalarias y muertes en custodia

Durante el último periodo analizado, se registraron 17,451 atenciones hospitalarias a privados de libertad. No obstante, organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 506 muertes bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción, siendo el 31.3 % de estas atribuidas a negligencia o falta de atención médica adecuada.

Un caso reciente es el de Gerson Oswaldo Hernández Roque, detenido en agosto de 2023 y beneficiado con medidas alternas por su grave insuficiencia renal en abril de 2025, falleciendo en marzo de 2026. Según reportes, el 62 % de las muertes ocurrieron en hospitales tras traslados tardíos desde los centros penales, donde los reos no recibieron atención médica oportuna.

Apoyo externo y desafíos futuros

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha reconocido en sus informes la necesidad de apoyo de organizaciones no gubernamentales y donaciones privadas para cubrir tratamientos médicos debido a la falta de personal y recursos en las clínicas carcelarias. Asimismo, ha señalado que la creciente demanda en atención médica y traslados hospitalarios representa un reto constante.

Al cierre de esta publicación, El Oficial solicitó información oficial al MINSAL y a la Dirección General de Centros Penales sobre el seguimiento de las atenciones médicas, registros de fallecimientos y personal médico en los centros penitenciarios, las cuales aún se encuentran pendientes de respuesta.

Conclusión

Las cifras oficiales reflejan un esfuerzo considerable del Ministerio de Salud por atender la demanda médica en el sistema penitenciario bajo el régimen de excepción. Sin embargo, las condiciones estructurales, la insuficiencia de personal especializado y la falta de un registro integral de enfermedades limitan la efectividad del sistema de salud penitenciaria en El Salvador.

La situación sanitaria en las cárceles continúa siendo un desafío importante para las autoridades, que deben garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, en un contexto marcado por el hacinamiento y la alta vulnerabilidad epidemiológica.