MOVIR confirma muerte de dos privados de libertad en Izalco y denuncia irregularidades en penales

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) informó recientemente sobre el fallecimiento de dos hombres privados de libertad en el Centro Penal de Izalco, ubicado en el departamento de Sonsonate. Estas muertes se suman a la creciente cifra de internos que han perdido la vida en el marco de la medida de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022.

Detalles de los fallecimientos

Los fallecidos fueron identificados como Francisco Ernesto Alarcón Vásquez, de 47 años y originario de la colonia Montevideo en Sonsonate, y José René Villanueva Jardan, de 33 años, procedente del cantón Tecomapa en Metapán, Santa Ana. Ambos fueron capturados bajo el régimen de excepción y se encontraban recluidos en el penal de Izalco al momento de su muerte.

Hasta el momento, las causas oficiales de estos decesos no han sido esclarecidas. MOVIR indicó que se encuentra realizando investigaciones en conjunto con las familias de las víctimas para determinar las circunstancias exactas que rodearon estos hechos.

Contexto general de muertes en privados de libertad

Con la confirmación de estos dos casos, la cantidad de privados de libertad fallecidos bajo el régimen de excepción asciende a 481, según datos del más reciente informe del Socorro Jurídico Humanitario (SJH). De esta cifra, 47 corresponden a los primeros días del año 2026 y cuatro de los fallecidos eran menores de edad.

El informe del SJH resalta que aproximadamente seis de cada diez muertos han fallecido a consecuencia de negligencia médica o por hechos de violencia ocurridos dentro de las instalaciones penitenciarias. Esta situación evidencia las condiciones críticas y la falta de garantías para la integridad y la salud de los internos durante el periodo del régimen de excepción.

Además, el SJH señala que cerca del 42 % de estos fallecimientos han ocurrido en el Centro Penal de Izalco, lo que posiciona a esta prisión como uno de los lugares con mayor incidencia de muertes en el sistema penitenciario nacional desde la implementación de la medida extraordinaria.

Denuncias sobre restricciones y anomalías en la entrega de paquetes

Paralelamente a la confirmación de estas muertes, MOVIR alertó sobre irregularidades reportadas por familiares de privados de libertad en el Centro Penal de San Vicente. Según las denuncias, se estaría limitando el ingreso de ciertos productos alimenticios al penal, situación que afecta directamente la alimentación y el bienestar de los reos.

Los familiares han manifestado que se les impide ingresar productos como azúcar, Incaparina, café, sopas instantáneas, galletas y pan dulce. En lugar de permitir estos alimentos, las autoridades penitenciarias estarían solicitando a los familiares realizar depósitos de dinero a las cuentas de los presos para que ellos puedan adquirir estos productos mediante las tiendas internas del penal, donde los precios son considerablemente elevados.

En contraste, sí se permite el ingreso de cereal, leche, avena y los insumos que conforman los kits de higiene y ropa. Sin embargo, la restricción de otros productos básicos genera preocupación sobre la transparencia y equidad en el manejo de las provisiones para los internos.

Implicaciones y contexto nacional

Estas nuevas denuncias y la confirmación de muertes en los centros penales se suman a un panorama complejo para el sistema penitenciario salvadoreño en el contexto del régimen de excepción, que ha sido implementado con el fin de combatir la criminalidad y la violencia asociada a pandillas.

El régimen de excepción ha generado un aumento significativo en las detenciones y el encarcelamiento masivo, lo que ha puesto a prueba las capacidades y condiciones de los centros penales en El Salvador. Las denuncias de negligencia médica, violencia interna y restricciones arbitrarias en los derechos de los privados de libertad revelan desafíos en la gestión carcelaria y la protección de los derechos humanos.

Organizaciones nacionales e internacionales han expresado preocupación por el respeto a los derechos fundamentales en el marco de esta medida, en particular en lo referente a la salud, integridad física y el acceso a una alimentación adecuada de las personas privadas de libertad.

Conclusiones y seguimiento

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción continúa con el seguimiento de estos casos y ha manifestado su compromiso para esclarecer las causas de las muertes en el Centro Penal de Izalco, así como para denunciar las irregularidades que afectan a los internos en distintos penales del país.

La situación evidencia la necesidad de una supervisión rigurosa y transparente del sistema penitenciario, así como la implementación de medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad durante el régimen de excepción.

El Estado salvadoreño enfrenta el reto de equilibrar la seguridad pública con el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en materia penitenciaria, para evitar que estas muertes y denuncias se sigan incrementando y afecten la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la administración de justicia y seguridad.