MOVIR confirma traslado masivo de reos desde penal de Izalco hacia centros penales en Sonsonate y La Libertad

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) confirmó el traslado masivo de privados de libertad desde el penal de Izalco, ubicado en el departamento de Sonsonate, hacia otros centros penales del país. Esta acción, que se habría realizado en la noche del 25 de marzo, involucra al menos 25 autobuses que transportaron a los reclusos a distintas instalaciones, principalmente hacia el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, y el Centro Preventivo de Penas de Santa Ana.

De acuerdo con la información recabada por familiares agrupados en MOVIR, se contabilizaron 25 buses que partieron desde Izalco la noche mencionada. Posteriormente, 20 de estos vehículos llegaron al Centro Penal La Esperanza, mientras que el resto arribó al centro preventivo ubicado en la carretera hacia Metapán, en Santa Ana. Alfredo Mejía, vocero del movimiento, explicó que esta información fue obtenida gracias al rastreo realizado por los propios familiares, quienes permanecen atentos a los movimientos, aunque reconocen que desconocen la cifra exacta de reos trasladados y no cuentan con detalles sobre sus identidades.

"Si a cada bus le caben entre 60 y 70 personas, y eran 25 buses, estamos hablando de una gran cantidad de privados de libertad", señaló Mejía, haciendo una estimación de la magnitud de la operación. Esta cifra representa un movimiento significativo dentro del sistema penitenciario salvadoreño, que se encuentra bajo un régimen de excepción desde hace varios meses.

Previamente, algunos familiares habían informado sobre la posible movilización de hasta 35 autobuses, además de señalar que algunos reos podrían haber sido trasladados al Centro Penal de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad. Este último punto es relevante porque esa instalación alberga principalmente a personas privadas de libertad con enfermedades, aunque esta información no pudo ser corroborada al cierre de esta nota.

Falta de información y preocupación de familiares

Uno de los aspectos más preocupantes que han denunciado los familiares de los privados de libertad es la falta de acceso a información oficial sobre sus parientes desde que fueron capturados durante las operaciones bajo el régimen de excepción. Muchos desconocen no solo la ubicación precisa de sus familiares dentro del sistema penitenciario, sino también sus condiciones de salud y el motivo de las reubicaciones.

Esta ausencia de datos oficiales genera incertidumbre y angustia entre los familiares, quienes han manifestado que las autoridades no les proporcionan detalles claros ni oportunos. La situación se agrava en un contexto donde los traslados masivos pueden afectar la comunicación entre los reclusos y sus familias, además de generar complicaciones para el acceso a servicios básicos y condiciones dignas de detención.

Respuesta institucional y contexto del régimen de excepción

Desde la Dirección General de Centros Penales (DGCP) se intentó obtener una versión oficial sobre estos movimientos penitenciarios, a través de la unidad de comunicaciones del organismo, pero hasta el cierre de esta publicación no se recibió respuesta alguna. La falta de comunicación oficial limita la transparencia sobre la gestión penitenciaria durante el régimen de excepción, que ha estado vigente en El Salvador desde marzo de 2022 y ha implicado la captura masiva de personas sospechosas de vínculos con pandillas u otras actividades delictivas.

Este régimen ha provocado un aumento considerable en la población carcelaria y ha demandado una reorganización constante de los internos dentro de los diferentes centros penales, lo que podría explicar en parte los traslados registrados en Izalco. No obstante, la opacidad en la información y la falta de acceso para los familiares generan cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos y garantías mínimas en el sistema penitenciario salvadoreño.

Implicaciones para el sistema penitenciario y la sociedad salvadoreña

El traslado masivo de reos entre centros penales representa un desafío logístico y operativo para las autoridades, que deben garantizar la seguridad, el orden y las condiciones adecuadas para los privados de libertad. Además, es indispensable mantener canales de comunicación abiertos con los familiares para evitar situaciones de desinformación y desprotección.

En un contexto donde la sociedad salvadoreña demanda resultados en la lucha contra la criminalidad, la administración penitenciaria debe equilibrar la necesidad de control con el respeto a los derechos humanos y la transparencia. La confirmación por parte de MOVIR sobre estos traslados pone en evidencia la complejidad del sistema y la importancia de mejorar la gestión y la comunicación institucional.

Finalmente, la situación pone de manifiesto la urgencia de implementar mecanismos que permitan a los familiares conocer la ubicación y el estado de salud de sus parientes, especialmente en el marco del régimen de excepción, donde las detenciones y traslados son constantes y afectan a miles de personas en todo el país.

El MOVIR continuará monitoreando la situación y exigiendo a las autoridades penitenciarias que brinden información clara y oportuna, garantizando así el derecho de las familias a estar informadas y a mantener comunicación con sus seres queridos privados de libertad.