MOVIR protesta por juicios masivos y alerta sobre vulneración del derecho de defensa en El Salvador

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se manifestó el martes 27 de enero de 2026 frente al Centro Judicial contra el Crimen Organizado en Soyapango para expresar su rechazo al inicio de los juicios masivos relacionados con el régimen de excepción vigente en El Salvador. La organización denunció que los abogados defensores han sido informados con escasa antelación sobre las audiencias, lo que limita la preparación adecuada de las defensas y pone en riesgo el derecho constitucional a un juicio justo.

En una conferencia de prensa realizada durante la protesta, representantes de MOVIR indicaron que desde el 26 de enero se han comenzado a celebrar audiencias abiertas únicas, procedimiento judicial que agrupa a un gran número de imputados en un solo caso. En una de estas audiencias, un tribunal especializado en crimen organizado llevaba a cabo un juicio contra 157 personas simultáneamente.

Samuel Ramírez, coordinador de MOVIR, señaló que los juicios masivos contradicen las promesas oficiales de no ejercer esta modalidad procesal debido a sus riesgos inherentes. Explicó que la Fiscalía General de la República ha tenido dificultades para individualizar la comisión de delitos y la vinculación directa de los imputados con pandillas, por lo que estos procesos judiciales buscan agrupar a personas supuestamente relacionadas con estructuras criminales para facilitar condenas masivas.

“Desde ayer se están realizando los juicios masivos, algo que se había anunciado no se efectuaría porque sabíamos que esto implicaría condenar a miles de personas inocentes. La Fiscalía no logra probar delitos individualizados ni la vinculación con pandillas, por lo que intenta agrupar a los imputados con verdaderos pandilleros y condenarlos por actos cometidos por estas organizaciones”, declaró Ramírez.

Criminalización de la pobreza y jóvenes en comunidades vulnerables

El MOVIR manifestó su desacuerdo con la modalidad de juicios masivos, argumentando que esta práctica criminaliza a la pobreza y penaliza a jóvenes simplemente por residir en comunidades donde operan pandillas. Según la organización, muchos de los capturados son señalados como colaboradores o partícipes únicamente por vivir en territorios bajo control de dichas estructuras criminales.

“Los jóvenes están siendo agrupados de manera indiscriminada, lo que representa una situación crítica con implicaciones sociales y legales profundas. Es necesario denunciar estos juicios masivos porque las familias afectadas no han tenido oportunidad de presentar pruebas que demuestren la inocencia de sus seres queridos”, explicó Ramírez.

Además, se denunció que los abogados defensores no han podido presentar elementos probatorios importantes, tales como documentos, arraigos o testigos que acrediten la inocencia de los imputados. Esto ocurre en un contexto en el que la carga procesal y la rapidez en el desarrollo de las audiencias limitan la adecuada preparación de las defensas.

Notificaciones tardías afectan el derecho a la defensa

Un reportaje publicado recientemente por un medio nacional indicó que varios abogados defensores de personas detenidas bajo el régimen de excepción han sido notificados de las audiencias únicas con menos de 24 horas de antelación. Esta práctica, según expertos legales, vulnera el derecho de defensa al restringir el tiempo para preparar una estrategia jurídica sólida.

La modalidad de audiencias abiertas únicas, que agrupa a decenas o incluso cientos de imputados en un solo juicio, ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y juristas debido a su potencial para afectar la individualización de los hechos y la correcta valoración de las pruebas.

Contexto del régimen de excepción en El Salvador

Desde su implementación, el régimen de excepción ha permitido a las autoridades salvadoreñas ampliar las facultades para capturar y procesar a personas presuntamente vinculadas a pandillas con el objetivo declarado de reducir la criminalidad. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por diversas organizaciones nacionales e internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y limitaciones al debido proceso.

Las audiencias masivas forman parte de un nuevo capítulo en la aplicación del régimen, que busca acelerar los procesos judiciales ante la gran cantidad de imputados. No obstante, la falta de garantías procesales ha causado alarma por el riesgo de condenar a personas inocentes y vulnerar los derechos fundamentales de los acusados.

Reacciones y perspectivas

El MOVIR y otras organizaciones civiles han solicitado al Órgano Judicial y a la Fiscalía que garanticen un proceso transparente, justo y respetuoso de los derechos humanos. Han urgido a que se suspendan los juicios masivos hasta que se asegure que los imputados puedan ejercer su derecho a la defensa con todas las herramientas legales disponibles.

Por su parte, las autoridades han defendido la implementación de estas medidas como parte de la estrategia para combatir la violencia y la delincuencia organizada, destacando la necesidad de procesos judiciales más ágiles debido al alto volumen de casos relacionados con pandillas.

El debate sobre la legalidad y la justicia de los juicios masivos en el marco del régimen de excepción continúa abierto, generando inquietudes sobre el equilibrio entre seguridad pública y respeto a los derechos fundamentales en El Salvador.