Muertes de bebés bajo custodia estatal en El Salvador carecen de investigaciones judiciales efectivas

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha presentado un informe que documenta la muerte de cuatro bebés que permanecieron con sus madres en prisión tras ser detenidas en el marco del régimen de excepción en El Salvador. Dos de los menores fallecieron durante el parto y los otros dos meses después de haber sido entregados a sus familiares. A pesar de que algunos casos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),no se registran avances significativos en las investigaciones.

Casos documentados y denuncias sin respuestas

Entre los casos más emblemáticos está el de la bebé Génesis, nacida el 9 de noviembre de 2021 en Ahuachapán. Su madre, Marbely Selena, fue capturada el 24 de agosto de 2022 acusada de agrupaciones ilícitas, y en septiembre de ese año ambas fueron trasladadas a la Granja Penitenciaria de Izalco, en Sonsonate. Durante su estancia, la salud de Génesis comenzó a deteriorarse, presentando múltiples ingresos hospitalarios por dificultades respiratorias. Finalmente, falleció el 17 de mayo de 2023.

El informe del Hospital de Niños Benjamín Bloom, fechado el 30 de diciembre de 2022, señala que Génesis presentaba cuadros recurrentes de neumonía y broncoespasmo, afecciones vinculadas a las condiciones en prisión. El 6 de mayo de 2023 fue ingresada al Hospital Nacional Francisco Menéndez de Ahuachapán con un diagnóstico similar antes de su fallecimiento.

En mayo de 2025, familiares y representantes legales presentaron una denuncia formal ante la FGR contra la Policía Nacional Civil (PNC),el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y la administración de la Granja Penitenciaria de Izalco, señalando a estas instituciones por la gestión de la salud y custodia tanto de Selena como de Génesis. No obstante, hasta la fecha no se reportan avances en las investigaciones.

Acciones ante organismos internacionales

La familia de Génesis también acudió a la CIDH solicitando una reparación al Estado salvadoreño por la falta de garantías judiciales y trato humano adecuado, pero la petición fue denegada. Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido informada sobre estos casos en el Consejo de Derechos Humanos, aunque según la directora del SJH, Ingrid Escobar, no se ha recibido respuesta alguna.

Otros casos de bebés fallecidos bajo custodia estatal

Otro caso registrado es el de Carlitos, quien nació el 29 de diciembre de 2022 cuando su madre cumplía siete meses de embarazo en prisión. Su familia solicitó la intervención de CONAPINA y logró su entrega el 20 de junio de 2024. Sin embargo, Carlitos salió con un cuadro viral y escabiosis, fue diagnosticado con neumonía en una clínica privada y finalmente falleció el 26 de junio de 2023 en el Hospital Nacional de Cojutepeque. Al igual que con Génesis, la denuncia ante la Fiscalía no ha generado información sobre avances en la investigación.

Los casos de Karen y María (seudónimo utilizado para preservar la identidad) también reflejan las complicaciones que enfrentan las mujeres embarazadas en prisión. Karen fue detenida en marzo de 2024 en estado avanzado de gestación. A pesar de que el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado le otorgó medidas sustitutivas, permanece en prisión por otra acusación. El 17 de abril de 2024 fue ingresada a un hospital para labores de parto, pero su bebé no sobrevivió.

Por su parte, María fue detenida en junio de 2022 y, a los siete meses de gestación, fue llevada de emergencia al hospital Jorge Mazzini de Sonsonate para dar a luz. Su bebé falleció y fue entregado a su abuela para el sepelio. La familia sostiene que el parto prematuro fue consecuencia de malos tratos y presunta tortura durante la detención, como detalla el informe del SJH.

Perspectiva del Socorro Jurídico Humanitario

La directora del SJH, Ingrid Escobar, califica estos hechos como manifestaciones claras de tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las mujeres privadas de libertad. Escobar sostiene que el Estado debería actuar de oficio para investigar estos casos, pues la omisión en hacerlo constituye un delito en sí mismo.

Además, Escobar señala una contradicción en la actuación estatal: mientras se persigue con rigor a mujeres acusadas por abortos espontáneos, no se investigan las muertes de bebés ocurridas bajo custodia estatal, pese a que existen evidencias de malos tratos y violencia hacia las mujeres embarazadas.

Casos adicionales y falta de respuesta institucional

El informe del SJH también conoció un quinto caso de un bebé que falleció tras el parto mientras su madre estaba bajo custodia estatal en el régimen de excepción. Sin embargo, la familia se ha mostrado reticente a brindar detalles por temor a represalias, por lo que no se ha profundizado en esta situación.

Este medio gestionó versiones oficiales con la Dirección General de Centros Penales, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia a través de sus áreas de comunicación, pero al cierre de esta publicación no se había recibido respuesta.

Contexto y relevancia

Estos casos se inscriben en un contexto complejo para El Salvador, donde el régimen de excepción ha ampliado las detenciones y restricciones, afectando particularmente a mujeres embarazadas privadas de libertad. La ausencia de investigaciones judiciales efectivas en estos casos plantea serias dudas sobre el cumplimiento de los derechos humanos y la protección del derecho a la vida en el sistema penitenciario salvadoreño.

La documentación y denuncia de estas muertes subraya la necesidad de mecanismos institucionales que garanticen un trato digno y condiciones adecuadas para mujeres embarazadas en prisión, así como una investigación transparente y oportuna ante cualquier vulneración que pueda poner en riesgo la vida de madres y sus hijos.