Norman Quijano es deportado desde EE.UU. y enfrentará condena en El Salvador por fraude electoral

El exdiputado y excandidato presidencial por el partido ARENA, Norman Quijano, fue deportado desde Estados Unidos este 26 de enero de 2026 y ahora deberá cumplir en El Salvador una condena de 13 años y cuatro meses de prisión, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía detalló que Quijano será notificado formalmente sobre su sentencia por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, relacionados con negociaciones realizadas con pandillas durante el proceso electoral de 2014, cuando buscó la presidencia de la República.

Proceso judicial y captura en Estados Unidos

Norman Quijano, de 78 años, fue condenado en abril de 2024 a 13 años y cuatro meses de prisión. Su condena se derivó de su participación en negociaciones con grupos delictivos para recibir apoyo en las elecciones presidenciales de 2014, según la acusación presentada por la FGR.

Durante el proceso judicial, Quijano estuvo ausente y se emitió una orden de arresto en su contra, ya que se encontraba fuera del país. Además, fungía como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen),lo que le otorgaba fuero y complicaba la ejecución de la orden de arresto.

La reforma al Código Procesal Penal salvadoreño permitió que el proceso se llevara a cabo en ausencia del imputado. La Cámara Segunda de lo Penal notificó posteriormente al Parlacen para iniciar el trámite de inhabilitación correspondiente, lo que allanó el camino para la ejecución de la sentencia.

En mayo de 2025, se informó que Quijano fue capturado en Estados Unidos y permanecía detenido desde marzo de ese año en un centro de detención para migrantes en Texas, a la espera de su deportación. Esta información pudo confirmarse a través del registro en línea del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Entrega a las autoridades salvadoreñas

Este 26 de enero, las autoridades estadounidenses entregaron oficialmente a Norman Quijano a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador. La Fiscalía General de la República publicó un video en el que se constata la recepción del exdiputado y el inicio del proceso para su notificación formal de condena.

En su cuenta oficial en X, la Fiscalía informó: "Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral".

Contexto político y legal en El Salvador

El caso de Norman Quijano se enmarca en una serie de acciones legales emprendidas por el sistema judicial salvadoreño para combatir la corrupción y la influencia de grupos ilícitos en el ámbito político. La condena contra Quijano representa un precedente en la persecución de delitos electorales asociados a negociaciones con pandillas.

Esta situación se suma a otras investigaciones y procesos contra funcionarios y exfuncionarios ligados a partidos políticos tradicionales, en un contexto donde el gobierno salvadoreño ha intensificado su lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción electoral.

El proceso judicial y la deportación de Quijano también reflejan la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador en materia de justicia y seguridad, especialmente en casos relacionados con delitos transnacionales y crimen organizado.

Implicaciones y próximos pasos

Con la deportación y entrega a las autoridades nacionales, se espera que Norman Quijano sea trasladado a un centro penitenciario para cumplir la condena impuesta en abril de 2024. Asimismo, la Fiscalía continuará con los procedimientos legales necesarios para completar su inhabilitación política, conforme a lo dispuesto por la Cámara Segunda de lo Penal y el Parlacen.

Este caso ha generado un amplio interés en la opinión pública salvadoreña, dada la relevancia política de Quijano y las implicaciones de su condena en el sistema electoral y judicial del país.

El Oficial continuará siguiendo de cerca el desarrollo de este proceso y sus repercusiones en la política salvadoreña y el sistema de justicia.