Nuevo instructivo del MAG restringe la venta de parcelas agrícolas menores a una manzana en El Salvador

Nuevo instructivo del MAG restringe la venta de parcelas agrícolas menores a una manzana en El Salvador

El nuevo instructivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería prohíbe la venta de parcelas agrícolas menores a una manzana, limitando la comercialización y generando críticas por falta de estudio técnico y afectación al mercado local.

1 febrero 2026
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador ha implementado un nuevo Instructivo Regulador para la Aprobación de Lotificaciones y Parcelaciones Agrícolas que establece restricciones significativas para la venta de parcelas agrícolas. Según el artículo 8 de dicho instructivo, cada lote o parcela debe tener una superficie mínima de 6,988.96 metros cuadrados (equivalente a una manzana),lo que impide la comercialización de terrenos agrícolas de menor tamaño.

Esta medida ha generado preocupación entre propietarios de tierras y lotificadores, quienes aseguran que desde hace años han realizado la venta de parcelas menores a una manzana sin inconvenientes y que esta nueva regulación limita de manera significativa su capacidad para comercializar terrenos. Además, señalan que el instructivo presenta vacíos legales y carece de un respaldo técnico que justifique la superficie mínima establecida.

Impacto en la comercialización y propietarios afectados

Propietarios de tierras en la zona oriental del país han expresado que la delimitación establecida por el MAG afecta directamente la capacidad adquisitiva de los potenciales compradores. Según estos, la mayoría de agricultores y pequeños inversionistas interesados en terrenos agrícolas no pueden costear la compra de una manzana completa, por lo que prefieren parcelas más pequeñas, que ahora quedan prohibidas para la venta.

Fuentes anónimas denunciaron que, a finales de 2024, presentaron proyectos para aprobar parcelaciones agrícolas, pero debido a la ausencia de tarifas para el proceso de segregación, sus iniciativas quedaron suspendidas. Cuando el instructivo entró en vigencia en octubre de 2025, no solo no se establecieron las tarifas para estos servicios, sino que se incluyó una prohibición que impide la venta de parcelas inferiores a la manzana, afectando gravemente sus planes.

En una respuesta oficial de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR) del MAG, se notificó a estos propietarios que sus solicitudes de aprobación fueron declaradas improcedentes por no cumplir con la superficie mínima establecida en el instructivo, dejando en un limbo legal a quienes buscaban dividir y vender sus terrenos.

Casos concretos y repercusiones

Uno de los afectados explicó que su proyecto, que contemplaba la división de más de 85,000 metros cuadrados en poco más de 50 parcelas con un tamaño aproximado de 1,000 metros cuadrados cada una, quedó paralizado. Otro lotificador intentó segregar casi 475,000 metros cuadrados en más de 200 parcelas, pero tampoco obtuvo aprobación por las restricciones impuestas.

Los lotificadores destacan que la prohibición dificulta la venta de tierras debido a la falta de un mercado dispuesto a adquirir parcelas de una manzana o más, cuyo costo puede oscilar entre 60,000 y 80,000 dólares. Esta situación podría afectar la agricultura local, ya que limita el acceso a terrenos para el cultivo de hortalizas, frutales y otros productos agrícolas que requieren menores extensiones de tierra.

Además, advierten que el estancamiento en la compra y venta de terrenos agrícolas podría impactar negativamente las finanzas públicas, al reducirse los ingresos por impuestos derivados de la transferencia de bienes inmuebles.

Contexto legal y vacíos normativos previos

Durante las últimas dos décadas, la segregación de parcelas agrícolas en El Salvador se gestionaba a través del área de catastro del Centro Nacional de Registro (CNR). El procedimiento consistía en presentar medidas de las parcelas para su autorización, en un proceso poco regulado formalmente, debido a la ausencia de una legislación específica que regulara la parcelación para uso agrícola.

Este vacío legal permitió que lotificadores aprovecharan la normativa destinada a lotificaciones para uso habitacional para legalizar parcelas agrícolas que no cumplían con los requisitos técnicos, generando incertidumbre y falta de control.

Con la aprobación de la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT),la Dirección de Ordenamiento Forestal asumió la responsabilidad de aprobar las parcelaciones agrícolas, desplazando al CNR de esta función. El instructivo vigente busca llenar este vacío normativo, pero la fijación de una superficie mínima sin un análisis técnico riguroso ha generado controversia.

Perspectivas y desafíos

Expertos en catastro y ordenamiento territorial señalan la necesidad de revisar los criterios técnicos y económicos que sustentan el instructivo para garantizar que los requisitos faciliten la creación de proyectos agrícolas accesibles y sostenibles, sin afectar la finalidad para la que fueron aprobados.

La regulación debe equilibrar la protección del uso adecuado del suelo agrícola con la realidad socioeconómica de los agricultores y pequeños propietarios, quienes requieren opciones flexibles para adquirir y cultivar terrenos acordes a sus capacidades.

Respuesta institucional

El equipo editorial de El Oficial solicitó a la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego del MAG una postura oficial respecto a las denuncias y preocupaciones planteadas por los propietarios y lotificadores, pero al cierre de esta publicación no se recibió respuesta.

Conclusión

La implementación del nuevo instructivo del MAG que establece una superficie mínima de una manzana para la venta de parcelas agrícolas representa un cambio trascendental en la regulación del uso y comercialización de tierras agrícolas en El Salvador. Si bien busca ordenar y formalizar el proceso, la falta de un análisis técnico que respalde esta medida y la ausencia de tarifas para su aplicación han dejado a muchos propietarios en una situación jurídica incierta.

El impacto en el mercado agrícola, la accesibilidad para pequeños agricultores y la recaudación fiscal son factores que requieren un análisis detallado para ajustar la normativa y promover un desarrollo agrícola inclusivo y sostenible en el país.

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