Oficialismo aprueba emisión de títulos valores por más de $9,000 millones desde 2021 en El Salvador

Desde que el partido oficialista asumió el control de la Asamblea Legislativa en mayo de 2021, se han aprobado 13 autorizaciones para que diversas instituciones gubernamentales en El Salvador puedan endeudarse a través de la emisión de títulos valores, alcanzando un monto total de 9,036.6 millones de dólares.

Los títulos valores representan un mecanismo de financiamiento mediante el cual el Gobierno obtiene fondos de manera rápida y con menos restricciones en comparación con préstamos tradicionales, como los otorgados por organismos multilaterales. No obstante, expertos en economía advierten que esta modalidad conlleva riesgos significativos que deben ser evaluados cuidadosamente antes de su aprobación.

Características y riesgos de los títulos valores

Una de las principales preocupaciones de economistas consultados es la menor supervisión en el uso de los recursos obtenidos mediante títulos valores, además de que estos suelen implicar tasas de interés más elevadas que los préstamos convencionales. La tasa de interés, explican, está determinada por la percepción que los inversionistas internacionales tienen sobre la capacidad de pago del país.

En este sentido, cuando El Salvador emite títulos valores en mercados internacionales como Luxemburgo o Nueva York, ofrece una tasa de interés y plazo, pero la tasa final se ajusta según la demanda que los inversionistas ejerzan. Esto hace que el costo de la deuda pueda variar significativamente en función de la confianza que genere el país en los mercados financieros.

Otra opción para el Estado es colocar títulos valores en el mercado nacional, que generalmente ofrece condiciones más favorables en términos de plazo y tasas. Sin embargo, el mercado interno no siempre cuenta con la capacidad para financiar los grandes montos requeridos por el Gobierno. Para sortear esta limitante, el Ejecutivo ha optado por realizar múltiples emisiones pequeñas dirigidas a la banca nacional en lugar de una sola emisión grande.

Diferencias con los préstamos tradicionales

Los préstamos con organismos multilaterales suelen estar destinados a proyectos específicos, como la construcción de infraestructura o el financiamiento de programas sociales, y los desembolsos se realizan conforme avanza la obra. Estos préstamos generalmente tienen tasas más bajas y plazos más largos, pues buscan estimular el desarrollo económico del país.

En contraste, los títulos valores permiten al Gobierno obtener grandes sumas de dinero de forma inmediata y con mayor libertad en el destino de los fondos, pudiendo destinarlos a proyectos de inversión, pago de deuda o cubrir déficits fiscales. Esto implica una mayor flexibilidad, pero también un menor control y mayores riesgos financieros.

Distribución de las emisiones aprobadas

De las 13 emisiones de títulos valores autorizadas desde 2021, tres han sido para instituciones específicas: la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con 600 millones de dólares, el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) con 1,000 millones, y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con 580 millones.

Entre estas, la emisión para FOVIAL está destinada a la ejecución de proyectos viales, la de CEL para consolidación de deudas, y la de ANDA para ambos fines. Las diez autorizaciones restantes han favorecido al Ministerio de Hacienda, sumando 6,856.6 millones de dólares.

De estas diez, tres fueron aprobadas en diciembre de 2021, 2022 y 2023, sumando 1,976.3 millones, con el fin de cubrir brechas presupuestarias de los años 2022, 2023 y 2024. Las siete autorizaciones restantes, que alcanzan 4,880.2 millones, incluyen operaciones de conversión de deuda de corto y mediano plazo a largo plazo, así como autorizaciones no detalladas que se justificaron únicamente como "necesidades estratégicas" del Órgano Ejecutivo.

Críticas y cuestionamientos de la oposición

El procedimiento para aprobar estas emisiones ha sido objeto de críticas en el ámbito legislativo. De las diez autorizaciones otorgadas al Ministerio de Hacienda, cinco fueron aprobadas mediante dispensa de trámite, es decir, sin discusión ni explicación detallada en el pleno sobre los motivos o el destino de los fondos. Estas aprobaciones se registraron en noviembre de 2022 (436.2 millones),agosto de 2023 (500 millones),febrero de 2024 (1,000 millones),noviembre de 2024 (1,000 millones) y abril de 2026 (100 millones).

En estas sesiones no se debatió sobre el monto acumulado de deuda en títulos valores, las tasas de interés aplicadas, la forma en que se ejecutan los recursos ni cuánto del monto total había sido efectivamente emitido por el Gobierno.

Diputadas de partidos de oposición han manifestado su preocupación por la falta de transparencia y control en estas operaciones. Una legisladora señaló que estas autorizaciones se asemejan a un "barril sin fondo" que compromete a las futuras generaciones sin que se evidencie un beneficio claro para la población actual.

Otra diputada enfatizó que la ausencia de claridad respecto al destino de los fondos y la falta de supervisión generan inseguridad jurídica y debilitan la confianza en las finanzas públicas, pues no existen garantías sobre si los títulos fueron realmente colocados o en qué se utilizó el dinero recaudado.

Contexto económico y financiero en El Salvador

El incremento acelerado de la deuda pública mediante la emisión de títulos valores se enmarca en un contexto donde El Salvador busca financiar proyectos de inversión, atender necesidades presupuestarias y manejar su deuda vigente. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la deuda y el uso de mecanismos con menor supervisión generan un debate sobre la sostenibilidad fiscal y los riesgos asociados a la dependencia de mercados internacionales para el financiamiento.

Las autoridades gubernamentales han defendido la estrategia de financiamiento como necesaria para mantener la estabilidad económica y avanzar en programas sociales e infraestructura. No obstante, el escrutinio público y legislativo sobre la transparencia, el destino efectivo de los recursos y las condiciones financieras de las emisiones será clave para garantizar una administración responsable de la deuda pública.

Conclusión

La aprobación por parte del oficialismo de 13 emisiones de títulos valores por un monto superior a los 9,000 millones de dólares desde 2021 ha generado un panorama complejo en la gestión de la deuda pública en El Salvador. Si bien este mecanismo ofrece rapidez y flexibilidad para obtener recursos, también implica mayores riesgos financieros y desafíos en la transparencia y control del uso de los fondos.

El debate legislativo y el análisis técnico de estas operaciones serán fundamentales para evaluar el impacto que tendrán en las finanzas nacionales y en la economía salvadoreña a mediano y largo plazo.