ONU alerta sobre avance autoritario en Ecuador y uso de ley para amedrentar ONG críticas

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de asociación y de reunión pacífica advirtió que Ecuador continúa avanzando en una preocupante deriva autoritaria que, según su análisis, debe detenerse para preservar el equilibrio democrático en el país.

En declaraciones emitidas a través de su cuenta en la red social X, la funcionaria internacional señaló que el Gobierno ecuatoriano ha venido utilizando la denominada Ley de Transparencia Social, aprobada de manera exprés en agosto del año pasado por el Parlamento dominado por la mayoría oficialista y promovida por el presidente Daniel Noboa, como un mecanismo para amedrentar a organizaciones no gubernamentales (ONG) que mantienen posturas críticas frente a la administración actual.

Esta ley, que ha generado controversias debido a su rápida aprobación y alcance, ha sido señalada por la relatora como una herramienta legislativa que restringe el espacio cívico y limita la capacidad de acción de diversos sectores sociales y defensores de derechos humanos en Ecuador.

Persecución a la Corte Constitucional y ataques al espacio cívico

Además, la representante de la ONU destacó una creciente persecución hacia la Corte Constitucional, único poder estatal que en los casi tres años de gestión del presidente Noboa ha funcionado como contrapeso en algunas decisiones gubernamentales. La presión y hostigamiento hacia esta institución judicial generan preocupación por el debilitamiento del equilibrio de poderes en el país.

En conjunto con otros expertos internacionales, la relatora indicó que se han enviado comunicaciones oficiales al Ejecutivo ecuatoriano expresando inquietudes sobre el deterioro del espacio cívico, la adopción de leyes consideradas regresivas y los ataques dirigidos a jueces constitucionales. Asimismo, se han documentado casos de desprotección y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra comunidades indígenas y rurales.

La experta calificó como "muy preocupante el retroceso democrático que vive el país", alertando sobre el impacto que estas dinámicas pueden tener en la gobernabilidad y el respeto a los derechos fundamentales en Ecuador.

Respuesta del Gobierno ecuatoriano a las críticas internacionales

En contraste con las observaciones de la ONU, el presidente Daniel Noboa expresó críticas hacia la organización internacional tras las manifestaciones de preocupación sobre posibles excesos de las fuerzas de seguridad durante el denominado "conflicto armado interno", declarado en 2024 contra grupos criminales. En una entrevista concedida a un medio local, el mandatario cuestionó la supuesta inclinación ideológica de la ONU y señaló que la organización debería centrarse en proteger la vida de la mayoría de la población que no comete delitos.

El presidente también invitó a la ONU a elaborar un informe sobre los más de 9,000 homicidios registrados en Ecuador durante 2025, así como sobre la situación de los familiares de las víctimas. Recalcó que hasta la fecha el país ha contabilizado más de 1,800 homicidios en el presente año y se mostró crítico por la aparente falta de informes internacionales que aborden la violencia relacionada con el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y la minería ilegal.

Contexto y desafíos para Ecuador

Ecuador atraviesa un período complejo marcado por altos índices de violencia y retos en materia de seguridad, lo que ha llevado al Gobierno a implementar medidas excepcionales para combatir el crimen organizado. Sin embargo, estas acciones han generado preocupación en organismos internacionales y sectores de la sociedad civil que advierten sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos y la concentración del poder.

El equilibrio entre la seguridad y el respeto a las libertades fundamentales representa uno de los principales desafíos para las autoridades ecuatorianas en el mediano plazo. La vigilancia y el análisis desde organismos multilaterales como la ONU buscan contribuir a fortalecer la institucionalidad y la democracia en el país.

Conclusión

La situación en Ecuador continúa siendo objeto de atención internacional. Mientras la relatora de la ONU y expertos alertan sobre una deriva autoritaria y limitaciones al espacio cívico, el Gobierno defiende sus políticas de seguridad y cuestiona la imparcialidad de las críticas externas.

El diálogo entre las autoridades ecuatorianas y la comunidad internacional resulta fundamental para encontrar soluciones que garanticen tanto la seguridad ciudadana como el respeto irrestricto a los derechos humanos y la democracia.