ONU cuestiona condiciones y derechos de mujeres detenidas durante régimen de excepción en El Salvador

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó inquietudes respecto a la situación de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en El Salvador en el contexto del régimen de excepción implementado por el Ejecutivo.

Durante el examen periódico que se realizó en febrero de 2024, los expertos de este órgano especializado cuestionaron a la delegación salvadoreña, integrada por representantes de instituciones como Centros Penales, Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),sobre el impacto de las medidas restrictivas en el acceso a servicios de salud y seguimiento médico para las reclusas.

Entre las interrogantes formuladas, el Comité planteó la posibilidad de que las mujeres privadas de libertad enfrenten limitaciones para recibir atención médica o seguimiento sanitario adecuado dentro de los centros de detención debido a las restricciones derivadas del régimen de excepción. En sus observaciones, los expertos indicaron que “tal vez las mujeres se vean privadas de servicios de salud y seguimiento en los lugares de detención”, lo que motivó una respuesta oficial.

Respuesta oficial sobre supervisiones y condiciones en cárceles femeninas

En representación de Centros Penales, un funcionario señaló que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, se han realizado visitas periódicas a las cárceles destinadas a mujeres, incluyendo recintos como Apanteos en Santa Ana y las granjas penitenciarias ubicadas en Izalco, Sonsonate.

Asimismo, el representante explicó que estas visitas forman parte de un esfuerzo institucional para supervisar el respeto a los derechos humanos dentro de los centros de detención, incluyendo la atención médica, alimentación y condiciones generales. Destacó que, para este fin, se organizó un taller de trabajo interinstitucional que facilitó la supervisión conjunta con la oficina del fiscal general, Rodolfo Delgado.

En sus declaraciones, el funcionario afirmó que “estas acciones nos permitieron ver con nuestros propios ojos las condiciones en los centros y asegurarnos del cumplimiento en temas de atención médica y alimentación”. Además, enfatizó que las visitas cubrieron la totalidad de los penales femeninos del país.

Desestimación de denuncias y afirmación de respeto a derechos

Respecto a las denuncias presentadas por familiares de detenidos, que señalan posibles vulneraciones de derechos en el contexto del régimen de excepción, la delegación oficial descartó que estas hayan ocurrido, asegurando que no existen deficiencias en el trato hacia las personas privadas de libertad.

El representante de Centros Penales subrayó que, tras analizar los informes proporcionados por los familiares, no se encontraron evidencias de violaciones a los derechos humanos de las reclusas. “Queremos subrayar que no hay ninguna violación”, concluyó.

Contexto del régimen de excepción y situación penitenciaria en El Salvador

El régimen de excepción fue declarado en El Salvador en marzo de 2022 como respuesta a un incremento significativo en las actividades delictivas atribuidas a pandillas. Esta medida ha implicado restricciones temporales a ciertas garantías constitucionales, con el objetivo declarado de combatir la violencia y mejorar la seguridad pública.

En el marco de esta política, se reportó un aumento considerable en las detenciones, que ha generado una sobrepoblación en los centros penales, así como cuestionamientos nacionales e internacionales sobre las condiciones de detención y el respeto a los derechos humanos, en especial de grupos vulnerables como las mujeres privadas de libertad.

Los centros penitenciarios para mujeres, aunque son menos numerosos que los masculinos, enfrentan retos similares en cuanto a infraestructura, acceso a servicios de salud y rehabilitación, aspectos que han sido objeto de monitoreo por parte de organismos nacionales e internacionales.

Importancia del monitoreo internacional y recomendaciones para El Salvador

La supervisión del CEDAW se enmarca dentro de la obligación de los Estados miembros de la ONU de garantizar la eliminación de la discriminación contra la mujer y proteger sus derechos en todos los ámbitos, incluyendo el sistema penitenciario.

En este sentido, la preocupación expresada por el Comité pone de manifiesto la necesidad de fortalecer mecanismos efectivos para asegurar que las mujeres privadas de libertad tengan acceso irrestricto a servicios básicos de salud, alimentación adecuada y condiciones dignas de detención, incluso en contextos de emergencia y medidas excepcionales.

El diálogo entre las autoridades salvadoreñas y los organismos internacionales continúa siendo vital para mejorar las condiciones en los centros penales y garantizar que las políticas públicas respeten los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación por género ni otra condición.

En conclusión, el cuestionamiento realizado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pone en evidencia los desafíos que enfrenta El Salvador para equilibrar las medidas de seguridad con el respeto a las garantías fundamentales, especialmente en materia de derechos de mujeres en situación de privación de libertad. Las respuestas oficiales destacan esfuerzos de supervisión, aunque el escrutinio internacional permanece atento al desarrollo y cumplimiento de estos compromisos.