ONU denuncia red transnacional de espionaje y acoso contra opositores nicaragüenses en el exilio

El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, enfrenta una nueva denuncia por parte del Grupo de Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, que ha revelado la existencia de una red transnacional destinada a la persecución y acoso de opositores políticos en el exterior.

Según el informe publicado el pasado 10 de marzo, esta estructura de vigilancia y represión opera más allá de las fronteras nacionales, afectando a nicaragüenses exiliados en países como España, Costa Rica, Estados Unidos, Bélgica y Honduras. Un caso emblemático es el de Kevin Solís, exlíder estudiantil, quien fue amenazado con un arma de fuego en noviembre de 2025 en España.

Arquitectura de vigilancia y espionaje

La red transnacional denunciada posee una compleja arquitectura que involucra diversas instituciones oficiales y políticas del país. Entre los principales actores están las fuerzas armadas, la policía nacional, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor),las misiones diplomáticas y el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El control político de esta red recae en la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM),que define las estrategias y objetivos, mientras que la Dirección de Información para la Defensa (DID) ejecuta las operaciones de vigilancia. Estas acciones incluyen vigilancia en terreno, monitoreo digital, hackeo de cuentas, uso de software espía, interceptación de comunicaciones y campañas de desinformación en redes sociales.

Las campañas digitales, impulsadas principalmente por la Juventud Sandinista y el FSLN, utilizan granjas de trolls y redes de bots para difundir acusaciones falsas contra opositores, principalmente relacionadas con terrorismo y narcotráfico.

Vigilancia y persecución física en el exterior

Además del espionaje digital, el informe documenta casos de agentes encubiertos que siguen y fotografían a opositores en el exilio, especialmente en Costa Rica y Honduras, pero también en Europa y Estados Unidos. Se registran además maniobras para dificultar la movilidad internacional de opositores a través del uso de alertas rojas de Interpol y denuncias falsas de robo de pasaportes o lavado de dinero para bloquear sus movimientos y acceso a servicios financieros.

Decisiones a nivel gubernamental y consecuencias

El Grupo de Expertos señala que las decisiones sobre esta red represiva se toman en la más alta instancia del gobierno, incluyendo a Rosario Murillo, el asesor presidencial en seguridad e inteligencia (hasta agosto de 2025),el viceministro del Interior y altos dirigentes del FSLN. Estas autoridades determinan qué opositores en el exilio deben ser perseguidos, definen categorías de amenaza y establecen las medidas represivas.

Entre las prácticas documentadas se encuentra una campaña sistemática para borrar la identidad de opositores, que incluye la eliminación de actas de nacimiento, la negación de entrega de pasaportes y la privación del derecho a regresar al país. Esto se traduce en una forma de desnacionalización de facto que afecta a cerca del 12% de la población nicaragüense que vive en el extranjero.

Esta estrategia busca silenciar las voces críticas desde el exterior, donde reside un número significativo de disidentes. Casos emblemáticos incluyen la privación arbitraria de la nacionalidad a figuras como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, una práctica única en su magnitud a nivel global.

Rol de las misiones diplomáticas y espionaje internacional

Las embajadas y consulados nicaragüenses cumplen un papel fundamental en esta estructura represiva. Al menos cinco misiones diplomáticas cuentan con personal de inteligencia militar, y la mayoría de los embajadores actúan como secretarios políticos del FSLN, reportando directamente a Rosario Murillo.

El informe destaca el caso de Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, exasesor presidencial y embajador en varios países vecinos, cuya rápida sucesión en puestos diplomáticos coincidió con un aumento del exilio político. Se le señala como figura clave en la dirección y coordinación de la estrategia de represión transnacional.

Financiamiento de la represión interna

El Grupo de Expertos también documenta el uso de recursos públicos para financiar la represión dentro de Nicaragua, especialmente tras las protestas masivas de 2018 que dejaron aproximadamente 320 muertos. Según el informe, Rosario Murillo y el secretario político del FSLN, Fidel Moreno, crearon una estructura paralela para desviar fondos presupuestarios municipales y nacionales destinados originalmente a asistencia social y gastos operativos.

Estos fondos fueron canalizados bajo conceptos engañosos como ayuda humanitaria, relaciones públicas o limpieza para financiar la llamada "Operación Limpieza", una serie de acciones violentas para aplastar las protestas. Se identificaron al menos 13 proyectos de esta índole, respaldados por más de 1,700 documentos y 73 entrevistas.

Solo en los primeros meses posteriores a 2018, se calcula que se desviaron alrededor de cinco millones de dólares. El informe también revela pagos a grupos paramilitares que actúan como una "policía voluntaria" y al brazo violento del FSLN, la Juventud Sandinista, para consolidar el control en el país.

Respuesta del gobierno y perspectivas internacionales

Las autoridades nicaragüenses han optado por ignorar las denuncias y solicitudes de esclarecimiento. Sin embargo, la documentación presentada ha servido para que algunos opositores señalados por el informe sean incluidos en sanciones internacionales, como las implementadas por Estados Unidos.

El Grupo de Expertos enfatiza la necesidad de acciones internacionales más contundentes, como la presentación de casos ante la Corte Internacional de Justicia, en particular por violaciones a la Convención para reducir la apatridia, que Nicaragua incumple sistemáticamente.

El respeto de Nicaragua por instancias internacionales ha sido históricamente variable, pero la Corte Internacional de Justicia es uno de los pocos órganos con autoridad reconocida por el gobierno en ciertos casos.

Conclusiones y futuro de la crisis política en Nicaragua

El panorama actual muestra un régimen que ha consolidado su control dentro de Nicaragua mediante un sistema represivo que se extiende fuera de sus fronteras, afectando a miles de nicaragüenses en el exilio. La documentación y denuncias de organismos internacionales buscan abrir caminos hacia la justicia y la rendición de cuentas.

A pesar de la resistencia del gobierno, el futuro implica que Ortega y Murillo deberán responder por las violaciones a los derechos humanos cometidas, un proceso que depende en gran medida de la presión y actuación de la comunidad internacional.

Este caso también representa una alerta regional para países como El Salvador, que mantienen vínculos geopolíticos y sociales con sus vecinos centroamericanos, y donde la defensa de los derechos humanos y la protección de los exiliados políticos constituyen un desafío constante.