Organizaciones denuncian como “cruel” la propuesta de EE. UU. que limita el acceso a vivienda pública para inmigrantes

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) ha presentado una propuesta que busca endurecer los requisitos para acceder a la asistencia pública destinada a la vivienda, generando una fuerte reacción de organizaciones de derechos civiles y activistas. Esta nueva iniciativa obliga a verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de quienes reciben ayudas, una medida que ha sido calificada como “cruel e ilegal” y un ataque directo contra inmigrantes y familias vulnerables.

La propuesta, publicada recientemente para recibir comentarios públicos, modifica la sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980. Según el documento, el Secretario del HUD estaría impedido de otorgar asistencia financiera a personas que no sean ciudadanos estadounidenses ni tengan un estatus migratorio considerado elegible. Esto implica un cambio significativo respecto a las disposiciones vigentes que permiten la continuidad de ayuda para familias con estatus migratorios mixtos —aquellas en las que algunos miembros califican y otros no— bajo un esquema prorrogado e indefinido.

Impacto en familias con estatus migratorio mixto

Actualmente, las familias de estatus mixto pueden recibir ayuda prorateada según el número de miembros con estatus elegible, lo que ha permitido que permanezcan unidas y continúen accediendo a subsidios habitacionales. La nueva propuesta eliminaría este enfoque, convirtiendo la asistencia prorrogada en un beneficio temporal mientras se verifica el estatus de cada integrante. En caso de no poder comprobar la ciudadanía o el estatus migratorio elegible, las personas perderían la ayuda, con excepción de un período breve para completar la verificación.

Esta medida podría dejar sin apoyo a miles de familias, especialmente afectando a aquellas con miembros de diferentes estatus migratorios, lo que según expertos y activistas, pone en riesgo la estabilidad habitacional de numerosos hogares.

Críticas de organizaciones civiles

En un comunicado conjunto, grupos como Greater Boston Legal Services, LatinoJustice PRLDEF de Nueva York, Legal Aid Society, Massachusetts Law Reform Institute, la Unión de Inquilinos de Vivienda Pública de Massachusetts y el Proyecto Nacional de Derecho de Vivienda calificaron la propuesta como un ataque injustificado contra las comunidades inmigrantes. Señalaron que durante décadas la ley federal ha permitido que estas familias vivan juntas y que los subsidios se ajusten conforme a los miembros elegibles.

“Esta nueva propuesta abandona ese enfoque tradicional y, en cambio, obliga a las familias a tomar una decisión imposible: separarse o quedarse sin hogar”, advirtieron las organizaciones. Además, recordaron que los datos oficiales del HUD reconocen que la medida desplazaría a decenas de miles de familias, incluidos unos 37,000 niños, la mayoría ciudadanos estadounidenses, lo que no responde a la crisis habitacional actual.

Las organizaciones también expresaron preocupación por los problemas legales y constitucionales que la propuesta podría generar, alertando sobre daños irreparables a familias que han dependido de las protecciones habitacionales vigentes durante años. En consecuencia, anunciaron que están revisando la política en profundidad y explorando todas las vías legales para proteger el derecho a la vivienda y mantener unidas a las familias afectadas.

Respuesta del Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano

Por su parte, el secretario del HUD, Scott Turner, defendió la propuesta a través de su cuenta en la red social X, argumentando que “durante demasiado tiempo, inmigrantes ilegales e inelegibles han ocupado plazas en viviendas públicas gracias a la laguna legal para compartir apartamento con personas de estatus mixto, mientras que los estadounidenses se veían obligados a esperar”.

Turner añadió que “se acabaron los días en que inmigrantes ilegales, personas sin derecho a voto y estafadores manipulaban el sistema y se aprovechaban de los contribuyentes estadounidenses”. Esta declaración refleja la posición del gobierno actual sobre la necesidad de priorizar a los ciudadanos y residentes elegibles en el acceso a recursos públicos limitados.

Estudios y cifras sobre el alcance de la medida

Un análisis publicado en diciembre por el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) estimó que cerca de 80,000 personas podrían verse afectadas por esta normativa. Entre ellas se incluyen miles de ciudadanos estadounidenses que reciben o solicitan asistencia para vivienda, quienes podrían perder el apoyo si no logran documentar el estatus migratorio de todos los integrantes de su hogar.

El estudio subraya que la medida no solo genera un impacto social considerable, sino que además no aborda la crisis de vivienda que enfrenta Estados Unidos, donde la demanda de subsidios supera ampliamente la oferta disponible.

Contexto y repercusiones en la región

La propuesta estadounidense tiene implicaciones para países con alta movilidad migratoria hacia Estados Unidos, como El Salvador, donde numerosas familias tienen integrantes que residen en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Las políticas restrictivas en materia de asistencia social y vivienda pueden afectar indirectamente a las comunidades salvadoreñas en situación migratoria irregular o con estatus mixto.

El endurecimiento de los requisitos para recibir ayudas puede generar mayores dificultades para quienes buscan oportunidades de vida digna fuera de su país, además de impactar la estabilidad familiar y económica de los hogares vinculados a migrantes.

Conclusión

La propuesta del HUD para limitar el acceso a la vivienda pública en Estados Unidos a personas sin ciudadanía o estatus migratorio elegible ha desatado un intenso debate entre defensores de los derechos civiles y las autoridades gubernamentales. Mientras el gobierno subraya la necesidad de proteger el sistema para ciudadanos y residentes legales, organizaciones civiles advierten sobre las consecuencias sociales, legales y humanas que esta medida podría generar, incluyendo el desplazamiento masivo de familias y la ruptura de hogares.

La discusión pública abierta en torno a esta propuesta será clave para definir el futuro de las políticas habitacionales en Estados Unidos y su impacto en las comunidades inmigrantes, tanto dentro como fuera del país.