Organizaciones denuncian falta de transparencia en proyectos mineros en El Salvador

El acceso a información sobre proyectos mineros en El Salvador permanece restringido, según denunciaron diversas organizaciones sociales, ambientales y religiosas durante una reciente manifestación pública. Este pronunciamiento coincidió con la conmemoración del noveno aniversario de la ley que prohibió la minería metálica en el país, promulgada en 2017.

Aunque en diciembre de 2024 se aprobó la Ley General de Minería Metálica, desde entonces no se ha hecho pública información oficial que permita conocer los avances, estudios técnicos o las condiciones bajo las cuales se podrían desarrollar actividades extractivas en el territorio nacional.

Reserva de información limita conocimiento público

Las organizaciones enfatizaron que la falta de transparencia genera incertidumbre sobre el estado actual de la minería en El Salvador. No existen datos accesibles al público que permitan identificar qué tipo de minería podría implementarse, ni si existen proyectos en marcha o en etapas de exploración.

En este sentido, expresaron que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni ninguna otra institución gubernamental ha proporcionado información detallada sobre estas actividades. La ausencia de datos oficiales también incluye estudios de impacto ambiental, elementos fundamentales para evaluar las implicaciones de cualquier proyecto minero.

“No hay acceso a los estudios de impacto ambiental ni a información sobre los componentes que se utilizarían en procesos de extracción metálica, pues todo está bajo reserva”, indicó una representante de las organizaciones durante el pronunciamiento.

Antecedentes y presencia de empresas mineras

Además, las organizaciones recordaron que antes de la prohibición en 2017, se desarrollaron actividades de exploración minera en el país, y actualmente hay registros de nuevas empresas vinculadas a este sector.

Destacaron el caso de la empresa estadounidense Titán, que adquirió propiedades anteriormente pertenecientes a Pacific Rim en el departamento de Cabañas. Esta situación ha generado preocupación ante la posibilidad de que se reanuden actividades mineras en zonas que habían sido objeto de exploración y controversia.

Se informó también que varias empresas mineras han registrado presencia en el país, lo que, sumado a la falta de información pública, genera dudas sobre el alcance y la naturaleza de los proyectos actuales o futuros.

Críticas a la aprobación de la Ley General de Minería Metálica

Las organizaciones cuestionaron el proceso de aprobación de la Ley General de Minería Metálica, argumentando que se realizó sin un debate público amplio ni estudios técnicos que fundamentaran su viabilidad y posibles consecuencias.

La normativa vigente reemplaza la prohibición establecida en 2017, que fue producto de un proceso de discusión prolongado e incluyó la participación de diversos sectores de la sociedad civil. Por ello, reiteraron su llamado a derogar la nueva ley y restablecer la prohibición de la minería metálica en el país.

Preocupaciones ambientales y sociales

Una de las principales inquietudes expresadas por las organizaciones relacionadas con la minería metálica son los impactos ambientales y en la salud pública, especialmente en el contexto de la disponibilidad de agua en El Salvador.

El uso de sustancias químicas en los procesos extractivos representa un riesgo potencial para los recursos hídricos y para las comunidades cercanas a las áreas donde podrían desarrollarse actividades mineras.

El Salvador enfrenta retos significativos en materia de gestión del agua, por lo que la protección de este recurso es un tema sensible y prioritario para la sociedad en general.

Situación actual y perspectivas

La incertidumbre generada por la falta de acceso a información oficial sobre proyectos mineros mantiene en alerta a distintos sectores de la población y a organizaciones que han manifestado una postura crítica respecto a la minería metálica.

Mientras tanto, las entidades gubernamentales responsables no han emitido comunicados públicos que aclaren la situación o que expliquen los planes y regulaciones que se aplicarán en el desarrollo de la industria minera bajo la nueva ley.

En este contexto, la sociedad civil continúa vigilante y demanda mayor transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en los procesos relacionados con la minería, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud de las comunidades salvadoreñas.