Organizaciones denuncian incumplimiento en liberación de sindicalistas detenidos bajo régimen de excepción

Organizaciones civiles y de derechos humanos en El Salvador han denunciado el incumplimiento de órdenes judiciales para la liberación de sindicalistas detenidos en el marco del régimen de excepción vigente. Según la documentación recopilada, al menos 19 sindicalistas han sido capturados desde la implementación de estas medidas, de los cuales cuatro permanecen en detención a pesar de contar con medidas sustitutivas decretadas por tribunales especializados.

Entre los casos más destacados se encuentra el de Sabino Antonio Ramos Cruz, sindicalista y gestor cultural originario de Panchimalco, detenido el 28 de abril de 2022. En marzo de 2026, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado emitió medidas alternas a la detención para Ramos Cruz, sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido con su liberación por parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Familiares y organizaciones han manifestado su preocupación por la violación de derechos humanos en este caso.

La hija de Ramos, Sandra Ramos, expresó: "Se están violentando nuestros derechos. Reconozco que si no fuera por mi papá, no estaría aquí, pero hay que decir que se están violando los derechos de él. Ya tiene carta de libertad pero no ha salido, estamos pidiendo su libertad al igual que la de muchos compañeros que están en la misma situación".

Desde el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD),el abogado Luis Rivera indicó que no existen procesos nuevos ni apelaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra las medidas alternativas otorgadas a Ramos Cruz. Por ello, se mantiene la expectativa de que su liberación sea efectiva en los próximos días. Sin embargo, señaló que hay otros casos similares donde las órdenes de libertad no se han cumplido sin justificación clara.

Otro caso crítico es el de Giovanni Aguirre López, sindicalista de la Alcaldía de San Salvador, detenido el 8 de mayo de 2022. Aguirre López cuenta con dos órdenes de libertad, pero fue liberado y recapturado inmediatamente el 1 de junio de 2023. Esta situación ha llevado a que su caso sea denunciado ante organismos internacionales, incluyendo un mandato de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),debido a que su paradero actual es desconocido, calificándose como desaparición forzada.

Desde el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) han señalado que no se ha logrado obtener información oficial sobre la ubicación o estado de Aguirre López, situación que agrava la incertidumbre sobre su condición y vulnera garantías básicas.

Asimismo, se ha documentado la situación de otros sindicalistas detenidos en el contexto del régimen de excepción, incluyendo a Misael Itamir Gómez, capturado el 8 de junio de 2022 tras participar en actividades de apoyo a trabajadores municipales en San Martín, y a César Edgardo Hernández, sindicalista de San Rafael Cedros, Cuscatlán, detenido el 15 de junio de 2022. Hernández fue condenado en marzo de 2026 a 30 años de prisión junto a otras 66 personas, proceso que actualmente está siendo apelado por su defensa.

Las organizaciones han alertado sobre el uso de testigos criteriados en estos procesos judiciales, señalando posibles irregularidades y la aplicación de reformas legales que podrían afectar la imparcialidad y garantías procesales.

Además, han reportado la muerte de dos sindicalistas bajo custodia estatal: José Leónidas Bonilla Torres, fallecido el 24 de septiembre de 2022, y Hever Chacón, representante sindical de trabajadores transportistas, quien murió en marzo de 2024. El caso de Bonilla ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República, así como ante organismos internacionales como la ONU, la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las denuncias apuntan a una serie de violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción que ha estado vigente en El Salvador desde 2022, con un registro significativo de detenciones arbitrarias, falta de transparencia y obstáculos para la liberación de personas que cuentan con medidas judiciales que les favorecen.

Consultada la Dirección General de Centros Penales respecto a estas denuncias y la falta de información sobre los detenidos, no se obtuvo respuesta al cierre de esta publicación.

Contexto general del régimen de excepción en El Salvador

Desde su implementación en marzo de 2022, el régimen de excepción en El Salvador ha permitido la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales en un esfuerzo por combatir la violencia y la criminalidad. Sin embargo, organismos nacionales e internacionales han expresado preocupación por la afectación de derechos fundamentales, especialmente en casos de detenciones prolongadas y sin el debido proceso.

La situación de los sindicalistas detenidos es un reflejo de las tensiones existentes entre las medidas de seguridad implementadas por el Estado y la protección de garantías legales y derechos humanos. La falta de cumplimiento efectivo de órdenes judiciales y la opacidad en la gestión penitenciaria han generado críticas y demandas de transparencia por parte de organizaciones civiles.

Llamado a la observancia de derechos y cumplimiento judicial

Las denuncias realizadas por las organizaciones civiles y de derechos humanos reafirman la necesidad de garantizar la observancia plena de los derechos humanos y el respeto a las resoluciones judiciales en El Salvador. La liberación efectiva de personas que cuentan con medidas sustitutivas es fundamental para fortalecer el estado de derecho y evitar prácticas arbitrarias que puedan afectar la confianza ciudadana en las instituciones.

El seguimiento y la documentación de estos casos constituyen un aporte importante para la vigilancia de los derechos humanos en el país y para la exigencia de políticas públicas que armonicen la seguridad con la justicia y el respeto a las libertades fundamentales.