Organizaciones exigen a Sala de lo Constitucional resolver demanda contra minería metálica en El Salvador

Este jueves 5 de marzo de 2026, diversas organizaciones sociales presentaron un escrito de pronto despacho ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),demandando una respuesta urgente a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta hace un año contra la Ley General de Minería Metálica en El Salvador.

La solicitud surge tras la ausencia de pronunciamiento por parte de la Sala, pese a que la demanda fue presentada en marzo de 2025. Según los representantes de estas organizaciones, la ley vigente vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución, particularmente el derecho a la vida y a la salud, debido a los riesgos ambientales asociados a la minería metálica.

Petición de medidas cautelares y cuestionamientos legales

La vocera de Justicia Social y Contraloría Ciudadana, Roxana Cardona, explicó que han solicitado a la Sala que, como medida cautelar, se suspenda la aplicación de la Ley General de Minería Metálica hasta que se resuelva la demanda. Cardona indicó que, mientras la Sala mantiene silencio administrativo, se han aprobado reformas legales y acuerdos internacionales que facilitan la implementación de actividades mineras, contraviniendo la demanda pendiente.

Entre las modificaciones señaladas destaca la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos, que elimina restricciones a la participación mayoritaria de accionistas extranjeros en entidades financieras nacionales, lo que según Cardona, podría facilitar la formación de asociaciones público-privadas destinadas a la explotación minera. Además, se mencionó el acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y El Salvador, que promueve la inversión estadounidense en actividades mineras dentro del territorio salvadoreño.

Implicaciones del acuerdo bilateral y reformas financieras

El acuerdo suscrito el 29 de enero de 2026 entre El Salvador y Estados Unidos incluye un artículo que compromete al país a facilitar y proteger la inversión estadounidense para la exploración, extracción, procesamiento y comercialización de minerales críticos y recursos energéticos. También contempla la provisión de servicios relacionados con generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura, bajo condiciones no menos favorables que las otorgadas a inversionistas nacionales.

De acuerdo con las organizaciones, estas disposiciones legales y acuerdos internacionales contravienen el espíritu de la demanda de inconstitucionalidad y ponen en riesgo la integridad de los recursos naturales y la soberanía nacional.

Impactos ambientales y sociales en zonas afectadas

Patricio Pineda, representante de la Mesa para una Pensión Digna y firmante de la demanda, alertó sobre la vulneración de garantías constitucionales y del marco del estado de derecho en zonas potencialmente afectadas por la minería. Destacó la persecución judicial contra ambientalistas en Santa Marta, Cabañas, como un ejemplo de la conflictividad generada por esta actividad.

Uno de los principales problemas identificados es la contaminación de las fuentes hídricas subterráneas, esenciales para el consumo diario de la población salvadoreña. Pineda afirmó que, aunque los ríos superficiales ya presentan niveles de contaminación, la contaminación de acuíferos subterráneos representa un riesgo mucho mayor y podría afectar incluso a las empresas privadas vinculadas con estas actividades.

Por su parte, Benjamín Cuéllar, vocero de la organización Vidas Demandantes, enfatizó la gravedad de la situación ambiental. Señaló que los efectos negativos de la minería ya son evidentes, citando como ejemplo las correntadas producidas por la deforestación en el Bosque El Espino, que impactan directamente en la vida y el bienestar de las comunidades.

Antecedentes legislativos y contexto legal

El 23 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Minería Metálica con 57 votos a favor. Esta normativa regula todos los aspectos relacionados con la exploración, explotación, extracción, procesamiento y comercialización de minerales metálicos en el país.

Desde su aprobación, la legislación ha generado preocupación en distintos sectores sociales y ambientales, que argumentan que su aplicación podría comprometer la salud pública y el equilibrio ecológico, en especial en un país con alta vulnerabilidad a fenómenos naturales y limitados recursos hídricos.

Expectativas y próximos pasos

Con la presentación del escrito de pronto despacho, las organizaciones esperan que la Sala de lo Constitucional emita un pronunciamiento definitivo sobre la demanda de inconstitucionalidad, lo que permitiría definir el rumbo legal de la minería metálica en El Salvador. Asimismo, consideran necesario que se suspendan nuevas reformas o acuerdos relacionados con esta actividad hasta que la Corte resuelva el caso.

Esta situación refleja la tensión entre el desarrollo económico a través de la minería y la protección de derechos fundamentales y recursos naturales en el país. La resolución de la Sala de lo Constitucional será clave para establecer un equilibrio entre estos intereses y garantizar la observancia de la Constitución salvadoreña.