Organizaciones exigen informe y suspensión temporal de obras en relleno sanitario de San Francisco Angulo

El Movimiento para la Defensa de la Tierra de Tecoluca y el Bloque de Resistencia Popular (BRP) presentaron este viernes una petición formal ante la Administración Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) solicitando información detallada sobre el avance de las obras de terracería para la construcción de un relleno sanitario en la comunidad San Francisco Angulo, ubicada en Tecoluca, departamento de San Vicente. Además, solicitaron la suspensión temporal de los trabajos hasta que se realicen las investigaciones correspondientes.

Este proyecto, impulsado por la ANDRES en conjunto con la empresa CYEEMSAL —accionista de la institución pública—, la Asociación de Municipios de Los Nonualcos y la Alcaldía de San Vicente Sur, ha generado rechazo en la comunidad y organizaciones civiles que advierten sobre posibles afectaciones ambientales, sociales y culturales.

Preocupaciones por impacto ambiental y memoria histórica

El Movimiento para la Defensa de la Tierra de Tecoluca argumenta que la construcción del relleno sanitario no sólo pone en riesgo el ecosistema local, sino que además podría entorpecer investigaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado salvadoreño. Según denuncian, el terreno donde se realizan las obras podría contener osamentas humanas, presumiblemente restos de víctimas desaparecidas durante la guerra, que deberían ser restituidas a sus familias.

En el documento presentado ante la ANDRES, las organizaciones señalan: "San Francisco Angulo no es un terreno baldío disponible para la implementación de un mega proyecto de disposición final de desechos sólidos. Es un territorio habitado, con historia, con memoria colectiva y con antecedentes vinculados con el conflicto armado, respecto de los cuales existen testimonios que requieren verificación independiente y tratamiento técnico especializado".

Esta postura ha sido sostenida por diversas agrupaciones que han interpuesto recursos ante las autoridades competentes y el Órgano Judicial, buscando detener el avance del proyecto, pero hasta el momento no han recibido respuesta efectiva.

Denuncias de intervención policial y testimonios sobre osamentas

Recientemente, la organización MILPA, que también se opone a la construcción del relleno sanitario, denunció la presencia de un operativo policial que escoltó maquinaria de la empresa CYEEMSAL para ingresar al terreno y comenzar con las obras de terracería. Este hecho ha incrementado la preocupación de la comunidad por la falta de transparencia y la posible vulneración de derechos.

Durante la entrega del documento a la ANDRES, René Alfaro, habitante de San Francisco Angulo, informó que un testigo de la comunidad confirmó el hallazgo de osamentas humanas durante la fase inicial de los trabajos. Alfaro destacó que esta persona ha manifestado temor debido a la represión y acoso policial, sin embargo, estaría dispuesto a brindar su testimonio para denunciar lo que ocurre en la zona.

"Esta persona ha tenido un poco de temor por la represión y el acoso policial, pero está dispuesto a denunciar lo que está pasando en nuestra comunidad y a dar testimonio de las osamentas que han sido movidas en la zona de terracería donde pretenden construir el relleno sanitario", señaló Alfaro.

Solicitud de informe técnico y peritaje independiente

En respuesta a estas preocupaciones, las organizaciones solicitaron a la ANDRES la entrega de un informe técnico detallado sobre la intervención en el terreno, que incluya la notificación inmediata de cualquier hallazgo de restos humanos. Asimismo, pidieron la suspensión preventiva de las obras mientras se realiza un peritaje independiente y especializado para verificar las condiciones del sitio y garantizar el respeto a la memoria histórica y los derechos de las víctimas.

El caso del relleno sanitario en San Francisco Angulo representa un desafío para las autoridades salvadoreñas, pues involucra la gestión de residuos sólidos, el respeto al medio ambiente, la preservación de sitios con valor histórico y la atención a las demandas de las comunidades afectadas. La implementación de proyectos de infraestructura, particularmente en zonas con antecedentes de conflicto armado, requiere un enfoque integral que incluya el diálogo con la población y la protección de los derechos humanos.

Contexto en El Salvador

La gestión de residuos sólidos es un tema prioritario en El Salvador debido a la creciente generación de desechos urbanos y la limitada infraestructura para su disposición final. Proyectos como el relleno sanitario de San Francisco Angulo buscan atender esta problemática en la región de Los Nonualcos, que abarca varios municipios de San Vicente y La Paz.

No obstante, la ejecución de estas obras debe considerar el impacto ambiental y social, así como la memoria histórica, especialmente en comunidades que han sido escenario de violencia durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). La presencia de osamentas humanas en terrenos donde se realizan obras públicas exige protocolos rigurosos y respeto a los procesos judiciales y sociales relacionados con la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas.

Las organizaciones civiles insisten en la importancia de que las autoridades actúen con transparencia y responsabilidad, garantizando la participación comunitaria y la protección del patrimonio cultural y humano.

Perspectivas

El futuro del proyecto de relleno sanitario en San Francisco Angulo dependerá de la respuesta que brinde la ANDRES a las solicitudes planteadas y de la capacidad de las instituciones para abordar las inquietudes de la comunidad y las organizaciones sociales. La suspensión temporal de las obras mientras se realiza un peritaje independiente podría ser una medida clave para evitar conflictos y asegurar que se respeten los derechos de todos los involucrados.

El caso también subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta y participación ciudadana en proyectos de infraestructura ambiental, así como la importancia de preservar la memoria histórica en territorios afectados por conflictos armados.