Organizaciones exigen transparencia sobre uso de reos en trabajos de utilidad pública en El Salvador

En El Salvador, distintas organizaciones que acompañan a familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción han solicitado al Gobierno mayor transparencia en la gestión del sistema penitenciario, así como la clarificación sobre los reglamentos aplicados para que los privados de libertad puedan acceder a reducciones de pena mediante trabajos de utilidad pública.

Estas demandas surgen a raíz de declaraciones recientes del Ejecutivo, en las cuales se planteó una proyección que ha generado incertidumbre y cuestionamientos por parte de sectores civiles y defensores de derechos humanos. El presidente de la República manifestó el 30 de enero que, en un plazo aproximado de una década, al menos el 70 % de la población carcelaria recuperaría su libertad gracias a los programas de readaptación social. Esta afirmación fue expresada durante una conferencia en el contexto de la visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y difundida a través del canal oficial del mandatario en YouTube.

Inconsistencias legales y preocupaciones sociales

El planteamiento presidencial ha coincidido con denuncias previas sobre posibles inconsistencias entre la legislación vigente y la realidad procesal de los detenidos, especialmente aquellos bajo el régimen de excepción instaurado desde 2022. Colectivos como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) han resaltado la necesidad de que el Gobierno publique listados oficiales de los internos condenados que participan en trabajos de utilidad pública, así como de que se aclaren las bases legales que sustentan la aplicación de estos beneficios.

La preocupación principal radica en que, para que la proyección del 70 % de liberaciones sea factible, la mayoría de la población penitenciaria debería estar condenada o tener sentencias con plazos relativamente cortos. Sin embargo, hasta enero de 2024, la población carcelaria bajo el régimen de excepción —que ha contribuido significativamente al crecimiento del sistema penitenciario con aproximadamente 91,000 detenidos— no cumple con ese requisito básico, debido a que muchos están en proceso judicial o sin sentencia firme.

En este sentido, los colectivos señalaron que si el Gobierno sostiene que el 70 % de los internos se beneficiará con la reducción de penas, debe considerar explícita o implícitamente a las personas detenidas bajo el régimen de excepción, que hasta antes de esta medida sumaban cerca de 35,000 privados de libertad.

Demandas de transparencia y rendición de cuentas

La vocera del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, enfatizó la necesidad de que el Estado aclare si los detenidos bajo el régimen de excepción están realizando trabajos de utilidad pública y bajo qué reglamentos se otorgan las reducciones de penas. "La sociedad civil y los organismos de derechos humanos podemos exigir: queremos listados oficiales de los internos con condena en firme que realizan trabajos de utilidad pública y saber sobre qué reglamentos están aplicando estas reducciones de penas", afirmó.

Asimismo, Escobar advirtió que existe la posibilidad de que el Gobierno permita que personas detenidas sin sentencia dictada por un juez estén realizando labores forzadas sin beneficio legal alguno. "Lo que sabemos es lo que la gente que se logra liberar nos dice y es que los están forzando a trabajar sin remuneración y sin condena firme", indicó.

La Ley Penitenciaria de El Salvador establece claramente que la reducción de la condena no puede aplicarse a internos durante la primera fase de su pena ni a aquellos sentenciados por delitos graves, como agrupaciones ilícitas, categoría en la que la Fiscalía incluye a la mayoría de los detenidos bajo el régimen de excepción.

Por su parte, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, calificó la gestión del sistema penitenciario como opaca y demandó una rendición de cuentas clara. "Pedimos transparencia. El Estado debe aclarar si los detenidos bajo el régimen realizan estos trabajos. Ya dijo que están construyendo hospitales, escuelas, elaborando uniformes, pupitres... entonces debe haber algún tipo de rendición de cuentas que debería dar el Gobierno", señaló.

Ramírez agregó que la prolongación indefinida del régimen de excepción en El Salvador mantiene un ambiente de opacidad estatal que dificulta el acceso a información clara y confiable sobre la situación de los internos y las condiciones en las que se desarrollan estas actividades.

Contexto y retos del sistema penitenciario salvadoreño

El sistema penitenciario de El Salvador ha experimentado un aumento sin precedentes en su población debido a la implementación del régimen de excepción, que ha permitido la detención masiva de presuntos miembros de pandillas y otros grupos señalados por la Fiscalía. Esta medida ha generado un crecimiento acelerado en el número de privados de libertad, alcanzando cifras que superan los 90,000 internos, lo que ha tensionado la capacidad operativa y administrativa de los centros penitenciarios.

En ese contexto, la utilización de trabajos de utilidad pública como mecanismo para la reducción de penas se presenta como una alternativa para fomentar la reinserción social y aliviar la sobrepoblación carcelaria. Sin embargo, para que este proceso sea legítimo y respetuoso de los derechos humanos, resulta fundamental que el Estado garantice la transparencia en la aplicación de estas políticas, así como el respeto a los marcos legales vigentes.

La demanda de los colectivos y organizaciones involucradas en la defensa de los derechos de los privados de libertad refleja una inquietud generalizada sobre la posibilidad de que se estén vulnerando garantías procesales y laborales, especialmente en un contexto donde la información oficial es limitada y la supervisión externa es restringida.

Conclusiones

Las recientes declaraciones del Ejecutivo acerca de la liberación masiva de internos mediante programas de readaptación social han generado un debate sobre la legalidad y transparencia de las políticas penitenciarias en El Salvador. La falta de claridad sobre los reglamentos aplicados y la ausencia de listados oficiales sobre los beneficiarios de trabajos de utilidad pública motivan a organizaciones civiles a exigir al Gobierno una comunicación abierta y detallada.

El respeto a los derechos humanos y el cumplimiento estricto de la legislación vigente son elementos esenciales para que cualquier programa de reducción de penas sea legítimo y efectivo. En este sentido, la sociedad civil salvadoreña y los organismos internacionales pueden desempeñar un papel fundamental en la supervisión y monitoreo de estas prácticas, promoviendo un sistema penitenciario más justo y transparente.